El aumento en los reportes de desapariciones de niñas y mujeres jóvenes en Nuevo León y la nula información oficial sobre el seguimiento de los casos, levantan sospechas sobre un posible nexo de estos hechos con la operación de redes criminales relacionadas con la trata.
Además de los preocupantes niveles de violencia de género que se viven en la entidad, ese tipo de casos se han convertido en una problemática que no está siendo atendida en su correcta dimensión, al no existir ni datos confiables, ni continuidad en las investigaciones.
En los últimos meses se ha registrado un repunte en la cifra de denuncias por desaparición de mujeres menores de edad y jóvenes, advierten organizaciones de la sociedad civil.
“No hay una visualización del problema real. Hay una falta de consciencia sobre lo que está sucediendo”, asegura Rosario Pacheco, integrante de la organización Alternativas Pacíficas.
Y hasta abril de este año ya son 18 casos de niñas reportadas como desaparecidas en la entidad, más de 4 casos por mes.
Durante todo 2016 fueron reportadas 14 menores como desaparecidas, en 2015 las denuncias por desaparición de niñas de menos de 18 años fueron 34 y durante 2014 fueron 16.
“Estamos viendo ya una tendencia en este rango de edad, de entre 10 y 17 años en los últimos años. Los datos nos empiezan a saltar pero no vemos una visibilización”, señala María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF)
Los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), indican que las denuncias por desaparición de mujeres han aumentado en la entidad de 2015 a la fecha, particularmente entre las menores de 29 años, que son el rango de edad en que suelen estar más expuestas a las redes de trata.
Solo en 2010 y 2011, los años más álgidos de la guerra contra el narcotráfico hubo más denuncias que en el último trienio.
De 2015 a abril de 2018, los casos de desapariciones de niñas y mujeres jóvenes han sumado ya 189, según las cifras del RNPED.
Sin embargo, algunas organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierten que incluso las cifras oficiales tienen inconsistencias, por lo que los números reales podrían ser mucho mayores, y es una problemática que se extiende a nivel nacional.
Tendencia alarmante
Tras observar esta tendencia, Alternativas Pacíficas ha intentado agendar una reunión con personal del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI) para abordar el tema pero no se ha podido concretar durante al menos dos meses.
“El interés es darle seguimiento y tener una información si se da seguimiento a esto y qué ha pasado con estas niñas que han desaparecido”, apunta Pacheco.
No hay seguimiento
Para María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, Nuevo León es el reflejo de la nula visibilización de un problema de fondo más amplio respecto a la desaparición de las niñas en todo el país.
Por un lado menciona que a pesar de la publicación de las cifras de denuncia, ya no hay un seguimiento ni hay datos desagregados que permiten establecer qué paso con esas niñas. Si fueron encontradas, en qué condiciones, o si continúan desaparecidas.
Además, advierte que otro fenómeno preocupante es que una vez que se encuentran a las menores, la investigación se cierra en la mayoría de los casos, lo cual no permite continuar con una indagatoria que pueda ayudar a identificar patrones o modus operandi de los grupos delincuenciales que estarían detrás de las desapariciones, lo que a su vez impacta en las deficientes políticas públicas de prevención.
“Nosotros decimos esa niña no desapareció porque desapareció y de repente la encontraron. A las niñas les pasó algo y la autoridad no investiga. Algo le pasó, algo está operando ahí. Corrimos con la suerte de encontrarla a ella, pero a otra no porque la problemática sigue gestándose”, agrega.
“Tu ya la encontraste. No basta que la hayas encontrado. Tenemos que saber quién se la llevó, por qué, para la política de prevención, por eso falla la política pública, porque la autoridad no está atacando el problema de fondo. El fondo no lo atacas porque no investigas y porque la autoridad no le entra de fondo”, advierte.
Estrada asegura que el primer paso para poder atacar esta problemática es el reconocimiento de que existe un modus operandi detrás de esta tendencia y que a través de las desapariciones se pueden estar activando otros delitos graves como el feminicidio o la trata.
“La autoridad no está generando los mecanismos de investigación. Y a nosotros como coadyuvantes ni siquiera se nos permite podernos acercar a las niñas que han sido encontradas, se cierra la puerta”, apunta.