El Programa Anticorrupción incluye el fortalecimiento de la Contraloría y Visitaduría; capacitación en calidad y calidez; módulos fijos e itinerantes para recoger quejas; denuncia directa por medios digitales, y una línea telefónica
El 12 de agosto pasado el fiscal general, Eduardo Almaguer, presentó su Programa Anticorrupción que omite acelerar la depuración de sus casi 8 mil 500 oficiales, a pesar de los miles que mantiene sin ser aptos
Jalisco tiene en Ocotlán uno de sus asentamientos más importantes para el crimen organizado, pero la Policía municipal con la que cuenta se halla entre las que tienen peores antecedentes en la entidad, con vínculos expuestos con la delincuencia y la trata de personas.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ha involucrado a cuatro de los policías de Ocotlán, en la emboscada que sufrió ahí la Gendarmería el 19 de marzo pasado, donde murieron cinco agentes de la División, con seis personas más: tres atacantes y tres ajenas al hecho.
El 9 de junio la CNS informó la captura de los oficiales municipales, dentro de la investigación de ese enfrentamiento que es, de hecho, el tercero más letal para la Policía Federal y sus divisiones desde 2006, y el primero en la breve historia de la Gendarmería, que tuvo ocho heridos más.
El nivel de descomposición de la Policía de Ocotlán había sido mostrado poco antes por la Fiscalía General, el 14 de enero de 2015, cuando confirmó la detención de cuatro de sus oficiales por ser beneficiarios de la explotación sexual de una menor de edad de 16 años.
“Cuatro policías municipales de Ocotlán fueron detenidos y consignados por la Fiscalía General (…) al haber recibido favores sexuales de una menor de edad a cambio de un pago”, reportó la dependencia estatal.
El Ministerio Público consignó a los policías por los delitos de trata de personas y abuso sexual infantil, mientras que a los padres de la víctima los acusó de trata, corrupción de menores y violencia intrafamiliar. Sobre estos apuntó:
“Ambos declararon que desde hace dos años prostituían a su hija e indicaron que sus clientes eran cuatro policías municipales”.
Desde 2014 el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) había identificado en esa Policía a dos oficiales de “alto riesgo”, de los mil 324 que se clasificaron así en todo el estado, por su probable vínculo con grupos delictivos, una cifra que hizo pública el gobernador Aristóteles Sandoval, el 30 de octubre de ese año.
En la emboscada de aquel día de marzo que se atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la CNS aseguró que la célula delictiva que se hallaba en el municipio era tan numerosa que se movilizaba en al menos una decena de vehículos.
El 7 de julio pasado, sin embargo, en respuesta a una solicitud de información sobre los avances en la depuración policial, la Dirección de Seguridad Pública de Ocotlán asegura que se ha ceñido a la aplicación de este proceso.
Es decir, que los 55 elementos de su corporación que reprobaron las pruebas de confianza –un 29 por ciento del total-, han salido de sus filas, no por la vía de los despidos, sino de la renuncia voluntaria, dice su comisario, Diego Cervantes, mientras que otros 132 oficiales sí resultaron aptos.
A raíz del ataque, el fiscal general en ese momento, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, confirmó que esa ciudad ubicada en la Región Ciénega, vecina a Michoacán, debía considerarse zona de operación del CJNG:
“La primera línea de investigación nos señala un grupo delictivo que pudiera estar asentado en las confluencias, (…) creemos que es un grupo que esta operando en esa zona (…) pues es el que pertenece en esta región, el Nueva Generación”, declaró el 21 de marzo.
Luego vendría el enfrentamiento de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo, con 42 personas fallecidas vinculadas al CJNG, en la versión de la Policía Federal, y reclutadas 39 de ellas ahí, en Ocotlán, así se ha difundido.
Esa ciudad, que gobierna el alcalde priista Enrique Robledo, recibió al gobernador el 3 de abril de 2014, era el inicio de la construcción de una nueva planta de Nestlé cuya inversión se presume en 350 millones de dólares.
Anticorrupción
La situación de Ocotlán es botón de muestra de la condición policial local, y de otras fuerzas de seguridad tanto municipales como de la propia Fiscalía, que enfrentan hechos y rezagos igualmente graves.
El 12 de agosto pasado el fiscal general, Eduardo Almaguer, presentó su Programa Anticorrupción que omite, sin embargo, como una de sus líneas acelerar la depuración de sus casi 8 mil 500 oficiales, a pesar de los miles que mantiene sin ser aptos.
En su Radiografía Policial del 27 de julio, la organización Causa en Común dice sobre Jalisco:
“De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, del 1 de marzo de 2013 a mayo de 2015 se han llevado a cabo 118 procesos de baja por no aprobación de las evaluaciones”.
“Si se toma en cuenta que de acuerdo con el SESNSP, al 30 de octubre de 2014 había mil 330 elementos de la Fiscalía pendientes de dar de baja, aún falta mucho por avanzar”.
Apenas el 18 de agosto, el fiscal Almaguer anunció que se sumaron otros 183 ceses con los que superaría los 300, pero hasta mayo la evaluación había reprobado a mil 170 oficiales estatales en total.
La Fiscalía aceptó que sólo en esta gestión, desde marzo de 2013, se han abierto más de 400 averiguaciones contra sus propios agentes, con 39 consignados; más 700 procedimientos administrativos con 101 sancionados.
El Programa Anticorrupción se reduce a cinco puntos:
Fortalecimiento de la Contraloría y Visitaduría; capacitación en calidad y calidez; módulos fijos e itinerantes para recoger quejas; denuncia directa por medios digitales, y una línea telefónica.
Dejó fuera transformaciones que impulsa la sociedad civil en el país, como la adopción de mecanismos independientes de supervisión externa; de certificaciones institucionales –no sólo individuales- y de sanciones para quien rezaga la depuración.
Sin una vigilancia externa “todas las responsabilidades de supervisión de los cuerpos de seguridad seguirán estando dentro de las propias instituciones, lo que favorece los espacios de discrecionalidad”, dijo el 10 de febrero María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
“Es necesario que se presione a las autoridades para que en caso de que las bajas del personal no aprobado sigan sin realizarse, se sancione a los responsables”.
También en Guadalajara
El involucramiento de policías en hechos delictivos de alto impacto alcanzó también a Guadalajara.
La Fiscalía insiste en que en el homicidio de Javier Galván del 19 de junio, delegado del ISSSTE y exdirigente del PRI, participaron un oficial y un comandante suyos.
“De lo que se encontró cuando se detuvo a estas personas hay evidencias muy claras de que ellos fueron los responsables”, dijo el fiscal el 12 de agosto al diario El Occidental.
La Fiscalía detuvo a seis sujetos –el policía sí, no el comandante- que obtuvieron auto de formal prisión por posesión de armas de fuego, pero no por delincuencia organizada ni por el asesinato que se les imputaba –en el caso hay quejas de tortura-.
Según el CESP, en esa Policía hay 462 oficiales que reprobaron las pruebas de confianza (77 de alto riesgo), pero su Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó en julio sólo 107 ceses.
Hasta mayo habían reprobado mil 982 policías a nivel municipal en Jalisco, de ello ninguna instancia concentra los datos de sus despidos.
