Tribunal bajo presión

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La discusión sobre el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien propone la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla, será el primer gran reto que enfrentará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el contexto del nuevo régimen político y uno de los mayores desafíos en materia de fiscalización electoral desde la creación de este órgano.

En un ejercicio inédito, el magistrado Vargas Valdez hizo público su proyecto de resolución respecto a las impugnaciones de Morena y su candidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa, en donde propone la nulidad de los comicios por diversas anomalías, pero que también plantea que sea el INE quien organice la elección extraordinaria y se sancione a autoridades electorales locales por diversas omisiones relacionadas con la falta de transparencia en el proceso de custodia de los paquetes electorales, entre otras faltas.

Los magistrados, comenzando por la presidenta del Tribunal Janine Otálora, se encuentran sometidos a una inmensa presión por parte de las fuerzas políticas directamente involucradas en la elección.

Por un lado, Miguel Barbosa -respaldado por la coalición que hoy es Gobierno federal- quien desde hace más de 5 meses está en campaña por la anulación.

Por el otro, los integrantes de la coalición por Puebla al Frente, quienes piden a los magistrados resolver el caso sin presiones y desde su carácter autónomo; además de exigir al magistrado Vargas Valdez que se recuse del juicio de la elección por haber incurrido en violaciones a las normas jurídicas que regulan su comportamiento como juzgador.

Hace unas semanas, la Sala Superior determinó la anulación de la elección a la alcaldía de Monterrey y ordenó la organización de comicios extraordinarios.

Algunos actos impugnados por los que se determinó la nulidad como violaciones a la cadena de custodia y el manejo deficiente de los paquetes electorales son coincidentes tanto en el proyecto que presentó en su momento el magistrado Reyes Mondragón, como el que hizo público Vargas Valdez por el caso Puebla.

Aunque el proceso  para definir al próximo mandatario poblano está por concluir -debido a que es la última impugnación que tendría pendiente el Tribunal Electoral Federal sobre el caso- este ocurrirá en un contexto en el cual las distintas fuerzas políticas están mostrando su músculo y los alcances que pueden llegar a tener después de la transmisión del Poder Ejecutivo.

La semana pasada un bloque opositor a Morena que estuvo integrado por el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, detuvo una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero de todos los servidores públicos.

La propuesta, que previamente fue aprobada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, se frenó cuando el frente común determinó no votarla en lo particular por estar en desacuerdo con tres artículos.

La resolución de la elección de Puebla también coincidirá con la discusión que iniciará en San Lázaro en los próximos días sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2019 el cual ya prepara Morena.

Para esa negociación, el partido guinda podría encontrarse también con un frente que tenga desacuerdos en común, entre ellos los que conforman la coalición que respalda a Martha Érika Alonso: el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

Acción Nacional ha sido el partido que más ha jugado el papel de opositor a Morena, debido a que es la segunda fuerza política con más integrantes en ambas cámaras del Congreso. 

Muestra de ello fue el 1 de diciembre, cuando en la toma de protesta de López Obrador se manifestaron en contra de la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; también exigieron al tabasqueño que cumpliera la promesa en la reducción del precio de los combustibles y reclamaron justicia por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace cuatro años.

Los frentes del conflicto

La publicación del proyecto de resolución del caso Puebla por par- te del magistrado José Luis Vargas Valdez, revivió el conflicto entre los candidatos Martha Érika Alonso (PAN, PRD, MC) y Luis Miguel Barbosa (Morena). Pero también puso a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la mira por cómo se resolverá la elección.

Tras haberse dado a conocer el proyecto, Óscar Pérez Córdoba, representante de la Coalición por Puebla al Frente que respalda a Alonso Hidalgo, solicitó al TEPJF que el magistrado Vargas Valdez se abstenga de abocarse a los juicios que ha promovido Luis Miguel Barbosa y su partido Morena en los que han cuestionado la validez de la elección.

Lo anterior, bajo el argumento de que el magistrado Vargas vulneró los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y confidencialidad al hacer público su plan de sentencia para anular la votación en Puebla, según la solicitud de Pérez Córdoba.

Al respecto, Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta del TEPJF, informó que el Pleno de este organismo será el que determine si el magistrado Vargas Valdez debe excusarse por haber difundido el proyecto de resolución.

Las declaraciones de Otálora se dieron en la Segunda Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo.

En ese mismo evento, el magistrado José Luis Vargas rechazó haber sido presionado por Morena o por el Gobierno federal para publicar su conclusión sobre la elección en Puebla.

“No veo por qué no se puede dar a conocer, es mi proyecto de sentencia”, apuntó el magistrado, quien también sostuvo que la publicación tuvo como propósito no sujetarse a las presiones.

“Se puede evitar cualquier tipo de presión e injerencia en los días sucesivos (a la publicación) que vamos a discutir el asunto. En mi caso no (hubo presión) para tomar esa resolución, en anteriores decisiones de la Sala Superior se han hecho públicos proyectos como la elección de Colima en 2015. Es decisión del ponente publicarla”, detalló Vargas Valdez.

“Reprobamos categóricamente este proyecto de nulidad, porque carece de certidumbre, de imparcialidad, de legalidad y confunde a la opinión pública. El magistrado Vargas debe apegarse al Estado de Derecho y no ceñirse a intereses políticos personales”, dijo Alonso Hidalgo en conferencia de prensa.

Fernando Herrera, quien es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dijo que confía en que la Sala Superior del TEPJF ratifique el triunfo de Martha Érika Alonso y que se apegue a derecho y pone en duda la labor del magistrado Vargas Valdez por haber hecho público su proyecto y la intervención del nuevo Gobierno federal en su sentencia.

“Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Un tribunal se erige precisamente para que de la reflexión profunda de la argumentación y el análisis se entregue una resolución objetiva.

El socializar un proyecto de este tipo sobre un caso específico no habla más que de la necesidad de violentar, de confundir y de generar una percepción sobre una discusión que no se ha finiquitado. De tal suerte que esta nueva administración federal debe de abstenerse de meter mano en los procesos electorales y dejar hacer valer lo que a su derecho corresponda”, mencionó el vocero del CEN panista en entrevista con Reporte Indigo.

“El PAN intenta deslegitimar el proyecto de resolución que impide la consumación del fraude electoral más grande en la historia de Puebla”,  se lee en el comunicado firmado por Polevnsky.

La postura del PAN revela que sus integrantes ignoran que el magistrado Vargas sí podía hacer pública su propuesta de sentencia, dijo Gabriel Biestro, presidente de Morena en el estado de Puebla.

“Es un total desconocimiento de la ley, porque el magistrado puede hacer menciones sobre la resolución. Ese tema ya no estaba en instrucción, por lo tanto no ameritaba secrecía (…) un magistrado es experto en los temas jurídicos y sabe perfectamente qué puede hacer y qué no. Creo que está dentro de lo que los rangos jurídicos y éticos permiten”, expuso el líder morenista a Reporte Indigo en entrevista.

En cuanto a la posibilidad de la anulación de la elección a gobernador, Biestro sentenció que de repetirse la votación Miguel Barbosa saldrá victorioso.

“Hay entusiasmo, hay alegría. Estamos conscientes de que es un paso meramente jurídico y no político esta anulación, consideramos que es insostenible todo esto que pasó y estamos listos para dar una nueva batalla electoral. Es obvio que las autoridades nacionales de nuestro partido han estado apoyando que se limpie la elección, pero el artífice de esto mediante las acciones jurídicas y políticas es Luis Miguel Barbosa, quien no ha dado un paso atrás”, agregó Biestro.

Elección bajo ataques

Antes de las elecciones para gobernador del 1 de julio, en Puebla  ya se preveía una de las más cerradas batallas entre Martha Érika Alonso (PAN-PRD-MC) y Miguel Barbosa (Morena-PT-Encuentros Social).

Al término de la elección, el 2 de julio, Miguel Barbosa protestó en contra de los resultados de los comicios y culpó a Alonso y a su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, de la violencia ocurrida durante los comicios.

De todas las elecciones que se llevaron en el país durante el pasado 1 de julio para renovar gubernaturas, la que tuvo lugar en Puebla, fue en la que se registraron más actos violentos e irregularidades

La votación, de acuerdo con el conteo de los sufragios publicado por el Instituto Electoral del Estado  (IEE)  de Puebla, significó el triunfo para Martha Alonso, quien obtuvo 957 mil 686 sufragios contra 861 mil 501 de Barbosa.

Dos días después de las declaraciones de Barbosa Huerta, simpatizantes de Morena y del PAN protagonizaron una pelea a golpes en un hotel de la capital poblana.

Al lugar irrumpieron los morenistas, quienes entraron de manera violenta acusando que el PAN mantenía en el lugar un laboratorio electoral en el que alteraban las urnas.

Por su parte, los panistas exigieron a los integrantes de Morena no molestar a su equipo y argumentaron que en el lugar sólo se estaban  realizando capturas de información, defendiendo que no había ninguna ilegalidad en su actuar.

El 12 de julio, Luis Miguel Barbosa demandó al IEE realizar un recuento voto por voto, manifestando que hubo anomalías en los 26 cómputos distritales y que por ello el principio de certeza de la elección se vio afectado; exigiendo su nulidad.

La petición de Barbosa fue ignorada por otras autoridades locales como la del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el cual también ratificó el triunfo de Martha Érika Alonso. No fue sino hasta la última instancia, el TEPJF, en la que tuvieron efecto las peticiones del morenista.

El 19 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolvió por unanimidad el recuento voto por voto de la elección para gobernador de Puebla.

El resultado, volvió a favorecer a Alonso, pero Barbosa insistió en que no se trataba del recuento, sino de exigir la nulidad de la elección por la ruptura en la cadena de custodia de los paquetes electorales que, de acuerdo con el morenista, habían sido alterados para influir en los resultados de los comicios.

Aunque la petición del PAN se dirige a que Vargas no intervenga en la sentencia final de la Sala Superior, de anularse la elección, el futuro gobernador de Puebla sería definido en un nuevo proceso electoral donde nuevamente se medirán Martha Érika Alonso y Luis Miguel Barbosa.