Los dos casos de presunta corrupción más importantes que han llegado al Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, en contra de gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), han sido resueltos por esa instancia con absoluciones para los servidores públicos acusados de actos ilegales.
El Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, antes llamado Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), es el último eslabón del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, por lo que está a cargo de imponer las sanciones en los casos graves de corrupción; pero hasta ahora se ha abstenido de proceder contra el grupo político que lidera el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
Esos dos casos son los relativos al contrato millonario de “A Toda Máquina” del Gobierno estatal; y a la boda privada celebrada en el Palacio Municipal de Guadalajara en 2019, por gestiones de Claudia Salas Rodríguez, regidora del MC y actual candidata a una diputación.
En el 2016, sin embargo, se difundió un audio de Hugo Luna Vázquez, uno de los hombres más cercanos al gobernador, asegurando que tenían bajo su control a ese Tribunal
“Enrique trae la capacidad de hacer un pinche manotazo al Tribunal Administrativo del Estado (TAE) y tiemblan, a quien sea, ya los mismos magistrados nos están pidiendo esquina”, se escuchaba.
En ese momento Alfaro Ramírez era alcalde de Guadalajara y Luna Vázquez su jefe de Gabinete; ahora el segundo repite el mismo puesto pero en el Gobierno de Jalisco.
Tribunal de Justicia Administrativa “A Toda Máquina”
El pasado 14 de abril de 2021, la propia Contraloría del Estado que encabeza Teresa Brito Serrano confirmó que pese a haber detectado “faltas graves” en el expediente de “A toda máquina”, el Tribunal de Justicia Administrativa absolvió a los funcionarios involucrados.
“La Sala Superior del TJA resolvió el 11 de marzo de este año en segunda instancia, el procedimiento de responsabilidad iniciado contra funcionarios de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco por el caso ‘A Toda Máquina’ y no encontró elementos que acreditaran las faltas graves que les fueron imputadas por la Contraloría del Estado, por lo que se concluye que no hay infracciones y por lo tanto tampoco sanciones”, respondió.
El contrato de “A Toda Máquina”, por más 3 mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada, ha sido muy polémico, pues fue asignado a la firma Operadora de Servicios Mega, del empresario Guillermo Romo Romero, quien tras ganar el fallo acudió con el gobernador a un partido de Los Lakers, en Los Ángeles, en febrero de 2019, según lo reveló el diario NTR.
Los dos casos de impunidad son los relativos al contrato “A Toda Máquina” del Gobierno estatal y a la boda privada celebrada en el Palacio Municipal de Guadalajara en 2019
Boda impune
El otro caso de presunta corrupción que involucró a personas ligadas a MC, y que tampoco prosperó al llegar al Tribunal de Justicia Administrativa, es el de la boda que se realizó en el Palacio Municipal de Guadalajara el 31 de octubre de 2019, por gestiones de Claudia Gabriela Salas Rodríguez, regidora de ese partido y quien pretende llegar al Congreso.
En ese expediente, la Contraloría municipal de Guadalajara confirmó que Salas Rodríguez había incurrido en abuso de funciones (Art. 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas), pues hizo gestiones para realizar un evento privado de su colaboradora y amiga, Mariana Denisse Velázquez Álvarez, en uno de los salones del Palacio Municipal.
A las 12:30 horas de ese día, Velázquez Álvarez fue casada por el propio alcalde, Ismael del Toro Castro, en funciones de oficial del Registro Civil, en una ceremonia celebrada en la oficina particular del munícipe. El evento fue muy difundido en redes sociales.
“Se acredita (…) que presuntamente existe una falta administrativa cometida por la C. Claudia Gabriela Salas Rodríguez, quien presumiblemente incurrió en abuso de funciones al haber ejercido atribuciones que no tenía conferidas como regidora para realizar e inducir a que se realizaran actos arbitrarios no apegándose al principio de legalidad, (…) a saber, gestionar el uso del Salón ‘Ex presidentes’ del Palacio Municipal de Guadalajara, para un evento privado realizado con posterioridad al matrimonio civil y realizar una representación o montaje (…) fuera del horario de atención e ingreso al público en general al Palacio Municipal”, dice el Informe de la Contraloría.
El documento dice que el evento privado en el salón inició alrededor de las 17:30 y se extendió hasta el anochecer, además se usó el mobiliario y el equipo de sonido del recinto.
También se contrataron cubre sillas para su decoración, se ofrecieron bocadillos a los invitados, hubo servicio de meseros y se utilizaron balcones del Palacio Municipal para la toma de fotografías y video del evento privado.
La Contraloría corroboró que “nunca antes se había llevado a cabo un evento de ese tipo en dicho salón”. Pese a ello, el magistrado, Laurentino López Villaseñor, resolvió el 17 de febrero de 2020 no emitir ninguna sanción.
“De los hechos narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, no se advierte conducta ilícita alguna, por parte de la servidora pública Claudia Gabriela Salas Rodríguez (…) puesto que no se establece cual disposición o lineamiento transgredió, al haber solicitado el salón Ex presidentes”.
