Un Tribunal Federal ordenó reponer el caso Ayotzinapa, además de crear una Comisión de la Verdad e investigar presuntos actos de tortura denunciados por varios de los detenidos y acusados por la Procuraduría General de la República (PGR).
El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, por unanimidad de votos, resolvió una serie de amparos (203/2017 al 206/2017) a favor de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el protocolo de Estambul.
La autoridad determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los ‘coinculpados’ por el caso Ayotzinapa fueron obtenidas mediante tortura.
Los magistrados determinaron que la investigación del caso por parte de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, como lo exige la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como en México no existe una Fiscalía Independiente y ante lo que el Tribunal consideró como, “graves violaciones a los derechos humanos, como los son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales”, los magistrados determinaron ordenar la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Dicha comisión deberá estar integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros los que decidirán qué líneas de investigación se seguirán y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
A casi cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de la escuela Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, familiares, activistas sociales y organizaciones no gubernamentales se han inconformado por los pocos avances de las autoridades federales en torno al esclarecimiento del crimen.
Según la versión oficial, los estudiantes fueron secuestrados por el grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes los habrían confundido con sus rivales “Los Rojos”, para posteriormente asesinarlos e incinerar sus cuerpos en un basurero de Cocula.
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