"Tenemos que tener la habilidad para buscar los recursos suficientes, no únicamente a nivel estatal y federal, sino también buscar la habilidad para atraer recursos privados: una coinversión de gobierno con la Iniciativa Privada”
"Vamos a retomar ese proyecto, a lo mejor dejar las bases para que se empiece a desarrollar un Centro de Justicia Integral...”
El viejo proyecto de construir una ciudad para albergar al Poder Judicial de Nuevo León fue retomado por el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, quien lo propuso por primera vez hace más de 5 años.
El magistrado –que ocupa por tercera ocasión la titularidad del organismo- asegura que para la obra, ahora llamada Centro de Justicia Integral, serán necesarios recursos federales y estatales, así como la participación de la Iniciativa Privada.
“Vamos a retomar ese proyecto, a lo mejor dejar las bases para que se empiece a desarrollar un Centro de Justicia Integral y que pueda desarrollarse posteriormente a futuro, para que se vayan incluyendo otros servicios”.
El anteproyecto original del recinto que Guerrero presentó en mayo de 2008, durante su segundo periodo como presidente del Tribunal, contemplaba el Instituto de la Judicatura y la Escuela Judicial.
El costo estimado de la obra oscilaba en los 750 millones de pesos y se planeaba para albergar juzgados concurrentes, civiles, familiares, penales y orales en una sola sede.
En esta ocasión, sin embargo, el magistrado reconoce que una administración de dos años no es suficiente para concluir un plan de esta envergadura, así que su intención es arrancar al menos la primera fase con el apoyo del sector empresarial.
“Tenemos que tener la habilidad para buscar los recursos suficientes, no únicamente a nivel estatal y federal, sino también buscar la habilidad para atraer recursos privados: una coinversión de gobierno con la Iniciativa Privada”.
El titular del Poder Judicial señala que de dos semanas a un mes, tendrá el presupuesto para éste y otros proyectos de infraestructura que quedaron pendientes en la gestión de su antecesora, la magistrada Graciela Buchanan.
“Vamos a hacer la planeación estratégica de todos los proyectos, en base a eso se va a hacer el planteamiento al Ejecutivo y, sobre todo, al Legislativo.
“Claro que tenemos que estar sometidos a los ingresos del Estado, a los ingresos que también derivan de la Federación y a la disponibilidad de la Iniciativa Privada”.
Otros proyectos que Guerrero pretende continuar son la construcción del Palacio de Justicia del Sistema de Adolescentes Infractores, en Escobedo, la ampliación del Palacio de Justicia del Topo Chico y planificar sedes judiciales en Apodaca, Cerralvo, Galeana y Doctor Arroyo.
La iniciativa presentada por Buchanan para crear una Policía Procesal, en análisis por los diputados locales, es otro de los planes que el magistrado aún no descarta.
“Si el Congreso lo estima pertinente, pues nosotros lo vamos a seguir apoyando”.
En su encargo continuará la distribución aleatoria de demandas y apelaciones, para evitar la discrecionalidad que antes tenía el presidente de repartir esta carga entre jueces y magistrados.
Guerrero también dice que evaluará los obstáculos de los juzgados de narcomenudeo que entraron con la reforma penal y, en caso de ser necesario, presentará iniciativas para modificar sus facultades.
Pero también deja abierta la posibilidad de rectificar la polémica redistritación emprendida por Buchanan, pues aún queda pendiente la habilitación de juzgados en Apodaca y Escobedo.
“Ahorita no hay lugar donde instalarlos”, puntualiza, “una rectificación no es mala si es para bien”.
Las tareas pendientes
Guerrero, con 32 años de experiencia en el Poder Judicial y casi la mitad de ellos como magistrado, inicia su tercer periodo como presidente del TSJ con los retos de modernizar, mejorar el servicio judicial y capacitar a los operadores.
Quizá estos tres conceptos resumen la plataforma estratégica de ocho ejes que el titular presenta para los próximos dos años, que van desde el acceso efectivo a la justicia y el uso de tecnologías de la información, hasta la transparencia y la inversión en infraestructura.
Con esta plataforma, el magistrado pretende impulsar reformas para crear códigos procesales en el ramo Civil y Familiar, así como el seguimiento oportuno a la reforma penal.
Otras propuestas son la creación de cajeros para el pago de pensiones alimenticias, instalados a través de convenios con bancos y tiendas de conveniencia, y la implementación de un juzgado penal especializado en violencia doméstica.
También la reingeniería del Tribunal Virtual, la creación de un juzgado digital modelo y el aprovechamiento de teleconferencias y videoconferencias para el desahogo de pruebas.
Además, la búsqueda de reformas para que los procesos judiciales sean más ágiles, y el establecimiento de una Unidad de Análisis de Planeación y Cargos Procesales, para dar seguimiento al desempeño de los jueces.
Otras tareas pendientes son la mejora del archivo judicial y la creación de un expediente personal administrativo, donde se concentren los antecedentes, formación y faltas de los operadores del aparato de justicia.
La Escuela Judicial, el fortalecimiento del sistema de carrera, el mejoramiento de los planes académicos, la investigación jurídica y la transparencia al interior de la institución, son otros de los planteamientos de la nueva Presidencia del Tribunal.
Guerrero se ha desempeñado tres veces en el mismo cargo con el vaivén de diferentes gobierno estatales.
Durante su mandato del 2001 al 2003, interactuó con el gobierno del panista Fernando Canales y el interinato de Fernando Elizondo.
Luego fue presidente del TSJ entre 2007 y 2009, durante la administración del priista Natividad González Parás.
Y ahora fue reelegido para encabezar al organismo cuando gobierna Rodrigo Medina, también emanado del PRI, con quien se le liga.
Pero el magistrado desestima las versiones que lo señalan como alguien cercano al mandatario estatal en turno, y la influencia que ha tenido el Poder Ejecutivo en éste y los otros dos procesos en los que fue elegido.
“Yo no me puedo meter en las decisiones del gobernador ni el gobernador se tiene que meter en las decisiones de aquí”.