Truena disputa en Club Terralta

Empresarios, políticos y familias enteras de San Pedro están enfrascados en una disputa jurídica por las tierras donde se construiría el proyecto Terralta, en el municipio de García.
Acreedores y accionistas del desarrollo inmobiliario con campo de golf llegaron al punto de quiebre de las negociaciones por la quiebra de la inmobiliaria.

Y hoy buscan que las tierras del proyecto sean utilizadas para el pago la deuda.

Y es que esta es una historia de irregularidades financieras, promesas, deudas y altas tasas de intereses, que llevaron al proyecto inmobiliario y club de golf a un choque de fuerzas jurídicas. 

El campo de golf con su desarrollo inmobiliario localizado frente al Jonuco, está paralizado por la quiebra de la empresa Inmobiliaria Terralta y por un concurso mercantil.

Pero sobre todo, porque los acreedores solicitaron la revocación de una negociación en la que los bienes inmuebles pasaron a una segunda empresa denominada Terralta Dos.

Operación que muchos acusan de fraude.

Los inmuebles son las tierras de Pájaro Seco y Mesa de los Nogales, aproximadamente ubicados en el kilómetro 27 de la carretera libre hacia Saltillo, Coahuila.

Ambas extensiones de tierra comprenden unas 277 hectáreas, de las cuales 70 son para el campo de golf.

Predios que en su totalidad fueron entregados en dación de pago de la empresa original Inmobiliaria Terralta, a una nueva constituida posteriormente y que se llama Terralta Dos.

Lo que significó que los acreedores consideraran esta acción como un fraude.

Así que los fiadores pelearon jurídicamente porque consideran que al entregar las tierras de una empresa a otra, también se fue la garantía para que les pagaran.

Además, piensan que el precio de los lotes es mayor al costo por el cual fueron otorgadas en dación de pago a la nueva empresa Terralta Dos.

Por ello su argumentación ante las autoridades es que esa operación fue ruinosa.

Esta disputa legal se ve reflejada en la solicitud al Juez Tercero de lo Civil del Cuarto Circuito Judicial, del 19 de junio pasado.

En ella uno de los acreedores, Roel Cavazos Morales, exige que la dación de pago, en que las tierras de Terralta fueron transmitidas a Terralta Dos, se declare una operación ineficaz, es decir que quede sin efectos.

“La concursada, Inmobiliaria Terralta S.A. de C.V. había dado en pago a la persona moral denominada Terralta Dos S.A de C.V., los bienes inmuebles llamados ‘Pájaro Seco’ y ‘Mesa de los Nogales’, valuados en 424 millones 264 mil 507 pesos.

“Para saldar un adeudo de apenas 8 millones 400 mil dólares (alrededor de 110 millones de pesos)”.

“Es decir, su señoría consideró que la operación encuadraba en el supuesto contenido en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Concursos Mercantiles.

“Artículo 114.- Son actos en fraude de acreedores, los siguientes, siempre que hayan llevado a cabo a partir de la fecha de retroacción:

“Los actos y enajenaciones en los que el comerciante pague una contraprestación de valor notoriamente superior, o reciba una contraprestación de valor notoriamente inferior a la prestación de su contraparte”.

Esta petición de que se invalide la operación, también se da porque el juez ordenó que precisamente esa fecha de retroacción del concurso mercantil se modificara.

Pasó la fecha de retroacción del 18 de octubre de 2010, al 21 de abril de 2010. Y la dación de pago se dio el 21 de julio de 2010, así que queda dentro de la fecha de retroacción.

Sin embargo, la parte deudora, fundamentalmente constituida por Alberto Jaime Martínez Fernández, argumenta que las tierras no tienen el valor de unos 424 millones de pesos, como lo aseguran los acreedores.

Incluso, indican que esas tierras son propiedad ejidal y por lo tanto no valen mucho hasta que se le invierta en los servicios.

Y que por ello la única forma de pagar a los acreedores es que éstos permitan que el proyecto continúe adelante con la inversión que puede hacer Terralta Dos, de José Gómez Cañibe.

De hecho, la defensa de Martínez Fernández sostiene que a los acreedores ya ese les pagó, porque además las altas tasas de intereses que le cobraron a Terralta fueron la causa de la quiebra.

Y que por ello la única manera de que el desarrollo continúe y de ahí haya suficientes recursos para pagar a todos, con el incremento en el valor de la tierra, es con la inversión de Gómez Cañibe, quien también ha desarrollado proyectos inmobiliarios con campos de golf en otra ciudades como en Cancún y en Puerto Vallarta.

Un proyecto tormentoso

Todo empezó con la iniciativa de Alberto Jaime Martínez Fernández, que luego de negocios exitosos quiso emprender el proyecto inmobiliario y Club de Golf Terralta.

Sin embargo, con una intención puramente de negocios, Martínez Fernández no midió la envergadura del proyecto.

Y en 2003, inicia la venta de acciones del Club de Golf, a través de Consorcio Promesa, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Terralta, hoy en quiebra.

El costo de las acciones fue de más de 30 dólares cada una, captando así dinero de los inversionistas, entre ellos muchos empresarios y hasta políticos sampetrinos.

En los contratos se afirma que Inmobiliaria Terralta, es propietaria de 277  hectáreas de las cuales 70 serán para el Club de Golf.

Ambas empresas estaban representadas por Alberto Jaime Martínez Fernández.

Para iniciar el club y el proyecto inmobiliario, Terralta contrató diversos créditos, entre ellos está uno por 8.4 millones de dólares con D’ Capital Consultores, S.A. de C.V.

Ese crédito fue contratado en 2005.

Esos pasivos son endosados con hipotecas y garantías prendarias de Dora María Sada Quiroz, Alberto Jaime Martínez Fernández y Jorge Federico Martínez Fernández.

Pero además, entre el 2006 al 2009, contratan otros créditos con diversas personas por más de 120 millones de pesos, dinero que no esta registrado en la contabilidad de Terralta.

Ante tanta entrada de dinero, el SAT hace una auditoria y le finca un crédito por más de 90 millones de pesos.

Al no pagar a sus acreedores, D’ Capital los demanda ante el juzgado tercero concurrente en el expediente 141/2007, y séptimo concurrente, expediente 144/2007.

La deuda ya es demasiada. Ya no hay quien le preste más dinero a Martínez Fernández y la cantidad de capital que requiere el proyecto para su desarrollo simplemente no está.

Así que entonces se constituye Terralta Dos, el 9 de marzo del 2009, por José Gómez Cañibe y una empresa representada por él mismo: Pargo, S.A. de C.V.

Un año después de la creación de Terralta Dos, el 22 de abril del 2010, D’ Capital cede los derechos litigiosos, la deuda, a Terralta Dos.

El pago de Pargo a D’ Capital por los derechos de esa deuda es de 7 millones de dólares.

Así que tres meses después de que Gómez Cañibe compró los derechos litigiosos de la deuda a D’ Capital, el 21 de julio de 2010, se firma ante Notario Público la escritura en la que Terralta otorga en dación de pago las 227 hectáreas de Pájaro Seco y Mesa de Los Nogales.

El costo estimado de la dación es de 8.4 millones de dólares, unos 110 millones de pesos.

Por ello aquí es donde los acreedores hablan de una operación ruinosa, porque según ellos Terralta no puede pagar 110 millones de pesos con tierras que valen unos 420 millones de pesos.

Y el 11 de julio de 2011 se dicta sentencia declarando en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta.

Para el concurso la autoridad nombró conciliador a Ernesto Canales, a quien los acreedores acusan de haber dejado pasar el tiempo sin conciliar los intereses.

Como no hubo conciliación, se declara a Inmobiliaria Terralta en quiebra. El síndico del juicio es Roberto Barquera.

Pero los acreedores se movilizan y exigen cancelar esta operación en la que se transmitieron los bienes de una empresa a otra.

Así que el 28 de febrero de este año dictan sentencia y se modifica la fecha de retroacción que había sido establecida el 18 de octubre de 2010 y el juez la pasa al 21 de abril de 2010.

Esta modificación indica que la fecha en que se transmitieron las tierras de una compañía a otra queda dentro de la fechas de retroacción fijada por el juez.

Y de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles, entonces la operación de transmisión de tierras es ineficaz, no surtió efectos.

Por lo que entonces las tierras pueden regresarse a la original Terralta y entonces ésta debe hacer frente a sus acreedores.

Se calcula que la deuda de Terralta es de unos 20 millones de dólares, además del crédito fiscal de 90 millones de pesos que le fincó el SAT.

Y si no termina el proyecto, también deberá pagar a cada uno de los 50 inversionistas los anticipos que recibió de parte de éstos por unos 30 mil dólares, cobros que iniciaron con la empresa Promesa desde 2003.

El pasado 24 de mayo, cuando se declaró a la empresa original, Inmobiliaria Terralta en quiebra, automáticamente  se le retiró el control de la compañía a su consejo de administración.

Así que ahora la administración en poder del síndico nombrado para el juicio, Roberto Barquera.

En próximos días el síndico podría decidir vender las tierras de Pájaro Seco y Mesa de los Nogales para pagar a los acreedores y accionistas.