Tuercen la ley a la izquierda

No sólo el exministro Genaro Góngora Pimentel puede torcer la ley en contra de sus exesposas. 

Funcionarios menores en el Gobierno del Distrito Federal también logran combatir sus divorcios con la justicia de su lado.

Su relación con altos líderes del perredismo parece ser la clave para tener la balanza a su favor. Un ejemplo es el exasambleista Juan Carlos Beltrán Cordero, cercano al grupo de Carlos Navarrete Ruiz, quien busca la dirigencia nacional del PRD.

El exdiputado local cometió fraude procesal como estrategia para incumplir con un convenio de divorcio e involucró al diputado federal perredista Fernando Cuellar. 

Ahora que todo se ha podido comprobar, la Juez Décimo Octavo Penal, Margarita Bautista Negrete, no se anima a dictar sentencia.

Es la ley a modo. La ley que no toca a los funcionarios y sí a los ciudadanos. Es el poder de las relaciones. La red de complicidades de la política. 

La impunidad de la izquierda que tanto critica los mecanismos de justicia de los gobiernos del PRI y del PAN. 

Recientemente fue escandalosamente famoso el caso del Ministro en retiro Góngora Pimentel que logró poner en prisión a su esposa por un supuesto fraude.

Después de un año Rosalba Becerril logró salir. El prestigio del jurista cayó por los suelos. Se destapó una cloaca. No es el único. En México parece ser una costumbre.

El exgobernador del Estado de México Arturo Montiel es acusado por su exesposa, Maude Versini, también de torcer la Ley e impedirle ver a sus hijos. Esas son las historias de personajes famosos y encumbrados. 

Pero sólo ellos tienen acceso el favoritismo a la capacidad de apretar más la venda a la justicia para lograr sus objetivos.

La pesadilla legal

Juan Carlos Beltrán se casó el 8 de diciembre de 2006 con Laura Campuzano. Él recién había tomado protesta como diputado local en la Cuarta Legislatura (2006 – 2009) por un distrito en Iztapalapa.

Justo cuando viajaban a su luna de miel el diputado ya tenía otra actitud. No quiso mostrar su identificación oficial a la persona que les preparaba sus pases de abordar, se quiso identificar con su credencial de diputado. Hubo una discusión.

Un incidente embarazoso. A partir de ahí todo cambio. La relación fue inestable. Los episodios de violencia crecieron. Las amenazas fueron constantes y se decidió el divorció. 

El 3 de abril de 2009 firmaron un convenio de divorcio en el juzgado 27 de lo civil en el que él se comprometía a dejarle el departamento en el que vivían en la delegación Coyoacán, liquidar el crédito hipotecario con el que se adquirió este inmueble y la cantidad de 15 mil pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia. 

Todo esto se hizo público con el número 63 en el boletín judicial de ese juzgado.

Sin embargo la suerte no le sonrió al exlegislador en su carrera política. Buscaba una diputación federal también por Iztapalapa.

En esa fecha  hubo un famoso rompimiento en el PRD y no se le dio la diputación a Clara Brugada por lo que Andrés Manuel López Obrador nombró a “Juanito” como candidato del PT y fue quien ganó, junto a los legisladores del PT. 

Beltrán perdió la candidatura a la diputación frente el exconsejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas. Al ver que la curul estaba perdida solicitó al juzgado tercero de lo familiar que el convenio firmado meses antes no fuera elevado a sentencia.

Se echaba para atrás. Alegó que no tenía empleo y debía hacerse responsable de la alimentación de dos hijos mayores de edad. Incluso presentó demandas de sus vástagos y su primera esposa en su contra para demostrar lo precario de su situación.

No cumplió con el convenio y entonces fue demandado su segunda esposa por la vía penal por el incumplimiento. El también decidió demandar. Exigió que se le devolvieran pensiones que nunca pagó. 

Y así empezó la lucha legal que ahora mantiene y en donde se han visto involucrados otros perredistas. 

El departamento que supuestamente dejaría a su exesposa nunca fue liquidado y el banco a través del expediente número 593/2010 inició un juicio especial hipotecario tomando al exdiputado como deudor y a Campuzano como obligada solidaria.

Ya en dos ocasiones el Ministerio Público ha emitido tarjetas de detención en contra de Beltrán, quien ahora trabaja como Director de Estudios y Estadística del Trabajo en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, pero la juez determina que están incompletas y por eso no toma la decisión.

El juicio tiene ya más de cuatro años y no se resuelve.

Y es que desde el principio de la demanda en su contra llevó una carta firmada por la perredista, Alejandra Barrales, que informaba de su fuero constitucional, lo que levanta la sospecha de los abogados de Campuzano sobre el actuar de las autoridades.

Hoy entre los perredistas locales ya se menciona a Juan Carlos Beltrán Cordero como uno de los posibles aspirantes a una delegación del DF.

Fechas clave en el caso…

2006 2009 2010 2011-2012 2013

> Juan Carlos Beltrán toma protesta como diputado local en la cuarta legislatura por el distrito de Iztapalapa

> Se casa el 8 de diciembre con Laura Campuzano.

> El 3 de abril de 2009, mientras Beltrán buscaba una diputación federal, firmó un convenio de divorcio con Campuzano. Se comprometía a dejarle un departamento en Coyoacán, liquidar el crédito hipotecario del inmueble y la cantidad de 15 mil pesos mensuales por pensión alimenticia.

> En el quinto día del año, Beltrán Cordero, se desistió del acuerdo y alegó, para no pagar la pensión y el departamento, que estaba demandado por sus hijos de una  primera unión. 

> Además, que un juzgado de lo civil por medio de un juicio mercantil, le requería el pago de un préstamo de 2 millones de pesos que Fernando Cuellar (reconocido como su mejor amigo) le había otorgado.

> Fue demandado penalmente por su exesposa por el incumplimiento del convenio de divorcio. Él la contrademandó exigiendo que se le devolvieran pensiones que, ella asegura, nunca recibió. 

> La hipoteca sobre el departamento no fue liquidada y el banco inició un juicio especial hipotecario tomando al exdiputado como deudor y a su exesposa como obligada solidaria.

> El 18 de abril Fernando Cuellar declaró por escrito que nunca le había hecho un préstamo a Beltrán y que desconocía a quiénes se hacían pasar como sus endosatarios.

> Meses después Cuellar tomó protesta como diputado federal.

> El 25 de julio le negaron a Campuzano las copias del expediente por fraude procesal que solicitó al Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Especiales.

> El Ministerio Público ha emitido tarjetas de detención contra Beltrán, ahora Director de Estudios y Estadística del Trabajo del DF en dos ocasiones, pero la juez las desacredita.

Préstamo entre amigos

Como una argucia legal para evitar cumplir el acuerdo, alegó un requerimiento del pago de 2 millones de pesos, que no debía 

¿Quién es su mejor amigo o amiga?

“Juan Carlos Beltrán Cordero”, fue la respuesta del perredista Fernando Cuellar cuando se le entrevistó para el Observatorio de Gobierno del periódico Reforma.

Más tarde esa amistad se pondría a prueba.

El argumento que dio Beltrán Cordero para no pagar la pensión y el departamento, además de que estaba demandado por sus propios hijos, fue que le estaban requiriendo el pago de un préstamo de 2 millones de pesos.

Esto lo estaban haciendo mediante un juicio mercantil con el expediente 19/2010 ante el juez de lo civil en turno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con fecha de 5 de enero del 2010.

Los demandantes presentaron copia incluso del compromiso de pago. Juan Carlos Beltrán aceptó el adeudo y nuevamente alegó insolvencia para hacerle frente. 

Presuntamente el préstamo había sido hecho por el legislador Fernando Cuellar, su gran amigo. La demanda la hizo a través de Rogelio Puente Villaseñor y José Daniel Espinosa Caballero, quienes se autodenominan como endosatarios del ahora legislador federal.

Los endosatarios pedían el embargo inmediato del inmueble en Coyoacán.

Laura Campuzano, al ver quién le demandaba el pago del dinero era su amigo de hace muchos años, vio de inmediato una estrategia de su exesposo para quedarse con el departamento que era parte del convenio de divorcio firmado.

De inmediato ella promovió un juicio de amparo indirecto por la violación de sus derechos como propietaria y además denunció penalmente a su exesposo por fraude procesal,  y se abrió la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1839/10-10 radicada en la Fiscalía de Asuntos Especiales.

Cuando se realizaba la investigación de esta denuncia nunca se pudo localizar a los endosatarios, pero días después del citatorio misteriosamente se desistieron del embargo.

Y al citar al diputado federal Fernando Cuellar fue una sorpresa: negó el préstamo del dinero. Desconoció por completo la operación.

En el expediente 1830/12 del 18 de abril del 2012 Fernando Cuellar declaró por escrito que nunca había hecho ningún tipo de operación como en la que lo mencionaban y desconocía a quienes se hacían pasar como sus endosatarios.

“Como consecuencia de lo anterior, contrario a lo afirmado, tanto por la denunciante, señora Laura Campuzano González, como por el probable responsable,  señor Juan Carlos Beltrán Cordero, el suscrito en ningún momento ha iniciado, ni por propio derecho, ni por conducto de endosatarios en procuración o apoderado alguno, juicio ejecutivo mercantil en contra del mencionado probable responsable”, dice el documento con la firma del perredista y el sello de la subprocuraduría de averiguaciones previas centrales de la PGJ del Distrito Federal.

Meses después Cuellar tomó protesta como diputado federal. Hoy ocupa una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través del Ministerio Público Ángel I. Hernández Manzo, ejercitó el 23 de noviembre del 2012 la acción penal en contra de Juan Carlos Beltrán Cordero, y las dos personas que se hicieron pasar por endosatarios del ahora diputado federal. 

La juez Décimo Octavo Penal, Margarita Bautista Negrete, la devolvió por supuestas inconsistencias y todos andan libres.

Abogados y funcionarios

Una mezcla curiosa tienen los abogados de Juan Carlos Beltrán Cordero: todos eran funcionarios en el momento de la defensa.

María Elizabeth Robles Gutiérrez fue su litigante al mismo tiempo que trabajaba en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que depende del Gobierno Federal.

José Luis Mosqueda y Maritza Pérez Valdés, trabajaban en el Instituto Electoral del Distrito Federal en el área administrativa y de analista, respectivamente. 

Simón Flores Vicencio, el último abogado que Beltrán Cordero dio de alta en los juzgados, es actualmente jefe de unidad departamental en el Ayuntamiento de Nezahualcoyotl, gobernado por el perredista Juan Manuel Zepeda Hernández.

Otra de las irregularidades que descubrió Laura Campuzano en su proceso fue que el 25 de julio de este año se le negaron copias que solicitó al Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Especiales del expediente por fraude procesal.

Esto a pesar de que debería de estar garantizado como parte de una defensa adecuada con acceso a todos los datos que promueve el artículo 20 de la Constitución.

Además que el Ministerio Público adscrito al Juzgado 18 Penal, omitió entregar dos  tomos de la Causa Penal por fraude procesal a la juez con lo que se facilitó que no se girara la orden de aprehensión contra el funcionario perredista.

Caso Góngora Pimentel, la exesposa encarcelada

Ana María Orozco, madre de dos hijos (autistas) de Genaro Góngora Pimentel, exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuso en 2011 un juicio de pensión alimentaria, ya que su exesposo no le ha cumplido con la sentencia de manutención. 

La juez ordenó a Góngora entregar mensualmente el 35 por ciento de su salario a Ana María para el cuidado de sus hijos (122 mil pesos, ya que su salario como ministro en retiro es 350 mil pesos).

El mismo año el magistrado y amigo del ministro Góngora, Juan Luis González Alcántara, revocó la orden de la juez y fijó la pensión en 50 mil pesos mensuales por los dos niños. 

En diciembre denunció a Ana María por fraude ya que debió poner una casa que él compró a nombre de los hijos y no al de ella.

El 7 de junio de 2012 Ana María fue encarcelada en Santa Martha Acatitla, desde entonces los niños viven con su abuela materna, que trabaja de empacadora en un centro comercial, mientras el ministro busca conseguir la custodia de sus hijos y acusa a Orozco de violencia intrafamiliar.

Casi un año después la madre de Ana María denuncio a la prensa que el ministro la amenaza con quitarle a los hijos y darlos en adopción y le ha ofrecido dinero para testificar contra su hija.

En medio del escándalo, El 24 de mayo de 2013, Góngora Pimentel envía una carta a Carmen Aristegui en la que ofrece una disculpa a su expareja, familia e hijos, “si en algo les he fallado”, pero también se defendió de las acusaciones de Orozco Castillo, quien aseguró que el exministro utilizó su influencia con los jueces para encarcelarla el año pasado por un presunto fraude, luego de que ésta presentara una demanda de pensión alimenticia para sus dos hijos, la cual impugnó.

El 4 de junio Genaro David Góngora Pimentel ofreció desistirse de la acción penal que mantiene contra Ana María Orozco Castillo y aumentarle de la pensión alimenticia para sus hijos David e Ulises, quienes regresarían a su custodia. Tres días después ella salió del penal absuelta del cargo de fraude al no encontrarse evidencias en su contra.

Caso Montiel – Versini: injusticia trasnacional

Cuando en 2007 terminó la relación de Arturo Montiel y Maude Versini, quienes juntos procrearon tres hijos, ella inició los trámites de divorcio en Francia, se quedó ahí con los hijos y Montiel regresó a México.  

Al poco tiempo ella se volvió a casar con Philippe Lancry, con quien tuvo una hija, y Montiel se casó con Norma Meraz.

En diciembre de 2011, cuando los niños viajaron a México a pasar las vacaciones de invierno con su padre, Montiel decidió retener a sus hijos.

Fue entonces cuando Maude Versini solicitó el auxilio del Gobierno de Francia, al cual envió una petición oficial para reclamar por la vía diplomática a sus hijos, ciudadanos franceses.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia mexiquense (TSJEM) concordó con el gobierno de Francia y sentenció a Montiel a regresar a los niños, como lo estipula el convenio de divorcio.

Montiel acusó a Versini de maltrato a menores ante una corte de París (dicha acusación fue descartada por la justicia francesa el año pasado).

En marzo de 2013, un juez federal de Toluca declaró  ilegal el fallo emitido por el TSJEM que obligaba a Montiel a devolver a los tres menores a su madre.

El pasado 11 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al TSJEM, aplicar medidas cautelares para que la ciudadana francesa pueda ver a sus hijos, que no ha visto desde hace 21 meses.

El exgobernador desacató la orden judicial al no presentar a sus hijos a la cita en el Centro de Convivencia en Toluca.