Turno del legislativo
Con el inicio del primer periodo extraordinario de la 64 Legislatura los reflectores brillarán sobre los diputados y senadores, quienes discutirán y definirán si la Guardia Nacional se vuelve una realidad y si el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva se amplía, además de que serán los responsables de nombrar al nuevo Fiscal General de la República
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_at11b859″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
La Guardia Nacional lleva ya un camino imparable hacia su aprobación en el Congreso de la Unión.
Hoy arranca el primer periodo extraordinario de la 64 Legislatura, la cual cuenta con una clara mayoría morenista en ambas cámaras y cuyo principal objetivo es crear este cuerpo mixto civil y militar para combatir la crisis de inseguridad en el país.
Sin embargo, aunque el camino parece pavimentado para la aprobación de la Guardia Nacional, la oposición ha demostrado que puede convertirse en un serio obstáculo para las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los partidos de Oposición y organizaciones de la sociedad civil, quienes exigían que la Guardia Nacional tuviera un mando civil y no militar, lograron en días pasados modificar el esquema de este cuerpo de seguridad, sin embargo, su petición no fue tomada en cuenta a cabalidad, pues finalmente se determinó que el mando civil de la Guardia será únicamente en el plano administrativo, mientras que en el operativo se mantendrá uno militar.
Aunado a esto quedan otros temas pendientes a analizar: la temporalidad de la actuación de la Guardia Nacional, las competencias de distintos órdenes de gobierno o cómo se dará la capacitación y fortalecimiento de los cuerpos de la policía civil.
El primer periodo extraordinario del Congreso en la era de López Obrador llega después de un primer periodo en que Morena y sus aliados midieron fuerzas con los otros partidos y en la que tuvieron triunfos, pero también reveses.
Los trabajos del Poder Legislativo han estado marcados por la estrecha relación de las bancadas de Morena y sus aliados con el Poder Ejecutivo, convirtiendo al Congreso de la Unión en un brazo ejecutor de las políticas y propuestas del presidente de la República.
La agenda legislativa de este periodo extraordinario se centra en la aprobación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prevención preventiva—robo de combustibles, uso de programas sociales con fines electorales y enriquecimiento ilícito por corrupción—
Mientras, en el Senado avanza el proceso para el nombramiento del nuevo fiscal general de la República.
¿Lucha de vencidas?
Aunque en ambas Cámaras del Congreso de la Unión Morena tiene mayoría simple, en este periodo extraordinario tendrá que llevar a cabo un juego político para tratar de convencer a sus opositores de apoyar la creación de la Guardia Nacional.
¿La razón? Simples números. Para la aprobación de una reforma constitucional es necesario tener dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes. A Morena y sus aliados les hacen falta algunos votos de la Oposición para conseguir su objetivo.
Una vez pasado el trámite en el Congreso de la Unión, en los estados será más fácil de conseguir, pues Morena y sus aliados tienen el control de 19 congresos locales, lo que garantiza las 17 aprobaciones para poner en marcha la medida.
Esta necesidad de negociar para conseguir los votos requeridos obligó a que la Secretaría de Gobernación coordinara un encuentro con los líderes de las bancadas.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, desayunó con los diputados coordinadores de Morena, Mario Delgado; del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez Cisneros; del PES, Fernando Manzanilla; del PT, Reginaldo Sandoval; de MC, Tonatiuh Bravo; del PRD, Ricardo Gallardo; y del PVEM, Arturo Escobar.
En esta reunión se tocaron dos puntos principales: el dictamen de la Guardia Nacional y la prisión preventiva para varios delitos, entre ellos, el robo de combustible.
El coordinador morenista, Mario Delgado, señaló que el consenso con otras fuerzas políticas va viento en popa.
“Va muy bien (el consenso).Yo sentí muy receptivos a los coordinadores parlamentarios. El hecho de que sea un mando civil (en lo administrativo) genera mucho consenso, lo mismo de que se va a ser muy respetuoso de las competencias de estados y municipios. Es una Guardia que no pretende sustituir a las policías estatales y municipales, y mucho menos vulnerar competencias de estados y municipios.
Dos de los temas que quedan pendientes de revisar previo a la aprobación de la Guardia Nacional son su temporalidad de actuación y cómo se dará la capacitación y fortalecimiento de los cuerpos de la policía civil
“Lo que se busca es una coordinación efectiva por parte de la Guardia Nacional para poder dar respuesta a la ola de inseguridad y de violencia”, expuso Delgado en entrevista.
Ricardo Gallardo, coordinador del PRD y uno de los más críticos adversarios de Morena, coincidió en que han habido avances para mejorar el dictamen que ya está listo sobre la Guardia Nacional.
“Creo que el presidente le dio la vuelta totalmente a lo que es la Guardia Nacional y la está convirtiendo en una Guardia Civil; creo que eso nos tiene más tranquilos a los coordinadores”, expuso Gallardo en entrevista.
Guardia Nacional, Morena cede
Diputados y senadores desahogarán en un par de días tres temas de gran calado que darán el esqueleto a los planes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer tema que se analizará será el de la Guardia Nacional, que en los últimos días ha sufrido varias modificaciones a las que Morena tuvo que ceder en aras de lograr las dos terceras partes de los votos necesarias para una reforma constitucional.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que se trató de construir una propuesta incluyente para que logre transitar en el Legislativo.
“Se tomaron en cuenta gran parte de las opiniones de las mesas de diálogo de los gobernadores; de los presidentes municipales; de las instituciones del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
“Y estamos tratando de reconstruir todas estas observaciones e inquietudes que puedan, de acuerdo a nuestra opinión, transitar de mejor manera en el Congreso federal y los congresos locales”, expuso Sánchez Cordero, en entrevista.
Con tal de que se apruebe en el Legislativo la creación de este nuevo organismo de seguridad, los representantes del partido guinda han accedido a tomar en cuenta las posturas y propuestas de la oposición
Morena y el Gobierno federal tuvieron que aprender a negociar con los partidos de Oposición luego del fiasco que sufrieron en el primer periodo ordinario, cuando el partido del presidente impulsó la eliminación al fuero y protección constitucional, pero no fue aprobado por la falta de consenso con los partidos adversarios a Morena.
Para la creación de la Guardia Nacional, la instrucción presidencial fue lograr el consenso necesario para que el tema transite por el Legislativo sin mayor inconveniente.
Más allá del mando civil de la Guardia Nacional, se trabaja todavía en una serie de cambios que se desahogarían en un addendum si se tiene el respaldo de la mayoría de los partidos; si no, la discusión de estos temas se hará uno a uno en la sesión de la Cámara baja, donde está el dictamen.
Un ejemplo es la eliminación del artículo transitorio donde se habla de la posibilidad de que la Federación intervenga a las policías locales.
“Ese transitorio lo vamos a eliminar porque generó muchas dudas con los gobernadores y no queremos nada que meta ruido en ese sentido”, reconoció Mario Delgado.
El coordinador de Morena admitió que también se dio marcha atrás en dar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional los primeros cinco años; ahora, el mando civil estará a cargo desde el primer día.
La Oposición ha presionado también para que a la brevedad se discuta una Ley de la Guardia Nacional, en la que se establezcan los requisitos de ingreso, permanencia, ascensos, operatividad y coordinación del nuevo cuerpo de seguridad, a lo que Morena ha aceptado
“Vamos a mantener dentro de los transitorios un compromiso para el Congreso, para legislar la Ley de Guardia Nacional, que yo creo que va a ser más que una ley orgánica, va a ser la ley de Guardia Nacional y ponernos un plazo, 60 o 90 días como máximo para poder expedirla”, aceptó Delgado en entrevista.
Repensar los castigos
Del Senado a la Cámara de Diputados llegó una minuta con 10 delitos que ameritan prisión preventiva, sin embargo, Morena no hizo concesiones en este tema.
Para el partido del presidente López Obrador esto se trata de una exageración, sobre todo porque el catálogo de delitos obedeció a una cuota de partidos.
“A nosotros nos parece un exceso, pero parece que en el proceso de negociación de esta reforma cada partido hizo como un menú y cada partido incorporó algún delito que le preocupaba para construir el consenso”, reveló Delgado.
Entre los delitos que se aprobó en el Senado que ameritarán prisión preventiva automática están el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada, la desaparición cometida por particulares, el robo de transporte, además de los tres que Morena pretende conservar
En la Cámara baja la mayoría de Morena dará marcha atrás a lo aprobado por el Senado y regresarán solamente a la prisión preventiva para los tres delitos que propuso originalmente el presidente López Obrador en su iniciativa: delitos en materia de petrolíferos, hidrocarburos y petroquímicos (entre los que está el robo de combustibles); el uso de programas sociales con fines electorales; y el enriquecimiento ilícito por corrupción.
Esta marcha atrás aplicada por Morena se da luego de las críticas de organismos internacionales por las consecuencias que tendría enviar de forma automática a prisión a las personas que presumiblemente hayan cometido estas faltas.
“La aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón del tipo de delito, constituye no sólo una violación al derecho a la libertad personal protegida por la Convención Americana, sino que convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada y, además, constituye una interferencia ilegítima del legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial”
La CIDH pidió al Congreso mexicano no aprobar esta ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva para no actuar sobre la presunción de inocencia de los involucrados.
Desde la Secretaría de Gobernación se trata de poner el énfasis en que el robo de combustibles tenga prisión preventiva a la brevedad, en medio de la crisis por el desabasto de gasolinas.
Esto, para tener resultados visibles de la estrategia de combate al huachicoleo pues, de no aprobarse en este periodo extraordinario, quienes sean aprehendidos en esta coyuntura podrán enfrentar su proceso en libertad.
En el Congreso se está buscado ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, acción que ha sido criticada por la CIDH al argumentar que viola los derechos de los acusados
Fiscalía General, sin sociedad civil
En el caso del Senado, en este periodo extraordinario se aprobará la lista de los 10 finalistas que contenderán para encabezarla Fiscalía General de la República.
Son 27 candidatos que decidieron participar en el proceso de selección. El Senado comenzó este lunes con el proceso de comparecencia de estas personas para definir a los perfiles más idóneos.
El proceso para designar al Fiscal General ha sido cuestionado por haberse realizado sin apego a los estándares internacionales, lo que llevó al colectivo #FiscalíaQueSirva a dejar de participar en el ejercicio
De estos 27 candidatos, el Senado deberá elegir a 10 finalistas. Esa lista será enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien conservará a tres. De esa terna, el Senado en pleno deberá elegir al nuevo fiscal general de la República.
En este periodo extraordinario se busca que el Senado vote por la lista de 10 finalistas para que se envíe al Ejecutivo y sea en los primeros días de febrero, cuando comience el periodo ordinario de sesiones, que se tenga ya la terna de la que se elija al próximo titular de la FGR.
Este proceso se llevará a cabo sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil del colectivo #FiscalíaQueSirva, que han impulsado la creación de una FGR autónoma.
“El colectivo #FiscalíaQueSirva, considera que el fast track, la vía rápida, para la designación de la persona que ejercerá el encargo de Fiscal General de la República, adoptado por el Senado no responde a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano, pues no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación”, expuso el colectivo en una carta pública.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que no hay seriedad suficiente en el proceso del nombramiento del nuevo fiscal, lo que no da la certidumbre al proceso en sí mismo
Desde la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su terna de candidatos a la FGR, aun cuando la Constitución Política no establece como procedimiento que el presidente de la República defina a una terna.
Sus candidatos eran Bernardo Bátiz, quien sí participa en este proceso; Eva Verónica de Gyves Zárate, quien también participa; y Juan Luis González Alcántara Carrancá, electo nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fines de diciembre pasado.
