La declaratoria de concurso mercantil para Oceanografía dictada ayer por el juez Felipe Consuelo Soto da a su dueño, Amado Yáñez, un año de plazo para negociar con sus acreedores y reestructurar su estrategia para la venta de la compañía.
Los resolutivos que acompañan la declaratoria significan el primer round que el empresario Amado Yáñez gana a Pemex, en un caso que ha sido llevado personalmente por su director, Emilio Lozoya Austin.
El dictamen de concurso mercantil no solo pone al empresario en una posición de poder concursar por licitaciones, también obliga a la paraestatal a devolverle más de 800 millones de pesos de penas convencionales cobradas sobre sus contratos desde el 28 de febrero pasado.
La resolución es un golpe para otros contratistas de la paraestatal, quienes accederían a todos los contratos clave de la primera etapa posterior a la reforma energética sin uno de los competidores más grandes del mercado.
La autorización del juez para que se suspenda “temporalmente” la inhabilitación a la que condenó el Órgano Interno de Control de Pemex a Oceanografía, impide a Banamex continuar con el congelamiento de los fideicomisos de cobro por el factoraje de sus contratos.
Esto da un respiro a los 149 principales acreedores, sobre todo a los nacionales, muchos de quienes no han podido cobrar un centavo de sus pagos pendientes desde el pasado 28 de febrero, cuando se hizo pública la investigación por el presunto fraude de la empresa a Banamex, según confiaron a Reporte Indigo varias de las empresas involucradas.
El juez Consuelo Soto, el mismo que llevó en un inicio el caso Mexicana, dictó medidas cautelares a favor de la empresa y en contra de Pemex.
A devolver dinero
El resolutivo 13 de la sentencia de concurso mercantil obliga a Pemex a sacar las manos de la compañía e, incluso, a devolver dinero a la empresa aún propiedad de Yáñez, quien enfrenta en libertad una acusación de fraude impuesta por la Procuraduría General de la República, gracias al pago de una fianza de 80 millones de pesos.
La primera medida cautelar ordena a Pemex Exploración y Producción (PEP) a que “reintegre los importes deducidos por penas convencionales impuestas a Oceanografía” desde el 28 de febrero al 9 de julio de este año.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a Reporte Indigo que estas penas suman más de 800 millones de pesos y fueron cobradas a la empresa cuando ya estaba en manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El juez asimismo ordena a PEP que suspenda la aplicación de descuentos por penas convencionales impuestas a partir del 28 de febrero pasado a Oceanografía por la ejecución de los contratos.
Esto implica que Pemex ya no podrá cobrar estas penas sobre los contratos aún vigentes de la empresa con la paraestatal, algunos de los cuales tendrán servicios pendientes de ejecutar hasta 2022.
Se ordena a PEP que se abstenga de iniciar, tramitar y concluir los procedimientos de cobro en contra de Oceanografía “por aquellas penas convencionales, que hubiesen sido impuestas o se encuentren pendientes de aplicar a la concursada”.
Habilitada
Consuelo Soto ordenó también a la subsidiaria de Pemex que “suspenda temporalmente” la inhabilitación por 21 meses a que había sido condenada Oceanografía el 11 de febrero pasado por el Órgano Interno de Control de PEP.
Esta suspensión será, en principio, “en tanto se tramita el procedimiento de concurso mercantil”, de acuerdo con la sentencia a la que tuvo acceso Reporte Indigo.
El juez buscó que con esto la empresa pueda participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y celebrar nuevos contratos con PEP.
El motivo, argumentó, es que al estar impedida de hacerlo se “agrava la situación jurídica y financiera de la empresa”.
Durante el tiempo que dure el concurso mercantil podrá celebrar contratos con cualquier otra dependencia federal, estatal o municipal.
Durante el concurso mercantil, el SAE nombrará a un conciliador, quien va a reconocer los créditos de cada uno de los acreedores de la empresa.
Mientras dure la conciliación, los bienes de Oceanografía no podrán ser embargados ni asegurados, según la sentencia.
Tampoco sus créditos que no cuenten con garantías reales seguirán generando intereses.
A negociar con proveedores
La decisión de Consuelo Soto da a la empresa un respiro para iniciar las negociaciones con las 149 compañías a las que debe, entre las cuales destacan varios bancos y empresas extranjeras.
El mayor acreedor es Banamex, el cual registra un monto de 6 mil 745 millones, más otros 19.1 millones de su Arrendadora Banamex.
Yáñez debe también 517.5 millones al Banco Mercantil del Norte.
La compañía tiene pendientes mil 240.6 de pesos de pagos al Servicio de Administración Tributaria, 18.6 millones al Instituto Mexicano del Seguro Social y 25 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad.
A la Fundación Juan Camilo Mouriño Terrazo, registrada en honor a quien fue un amigo personal de Yáñez, le adeudan 6 mil pesos, más otros 104 mil al Gobierno del Estado de Campeche, sin que la sentencia detalle por qué servicios serían estos pagos.
La contratista de Pemex debe 4 mil 703 millones en pagarés de créditos garantizados a 2015 de un proveedor ubicado en el 480 de Washington Boulevad, en New Jersey, aunque no especifican el nombre de la entidad bancaria.
En octubre de 2012, Yáñez adquirió la totalidad de la flota de Candies Mexican Investments, con dirección fiscal en Lousiana, EU, que constaba de 20 barcos, por los que aún debe 2 mil 175 millones de pesos.
Con proveedores extranjeros debe 95.4 millones a Cal Dive Offshore, con sede en Houston; otros 140.9 millones a la holandesa Calvi Shipping, y 84.5 millones a De Lage Landen, una proveedora de arrendamiento y factoraje.
Más créditos
> 4,703 millones
Senior Secure Notes Due, New Jersey
> 8.9 millones
Advanced Maritime Transports, Suiza
> 95.4 millones
Cal Dive Offshore, Houston
> 140.9 millones
Calvi Shipping, Holanda
> 2,175 millones
Candies Mexican Investments, Lousiana
> 30.2 millones
Caterpillar
> 25,086 millones
CFE
> 104,000 millones
Gobierno del Estado de Campeche
> 18.6 millones
Instituto Mexicano del Seguro Social
