Un ‘clic’ polémico

Pese al fracaso que ha registrado en algunas ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, el programa de Fotomultas se insiste en aplicar en diversas ciudades de México. Ahora en Morelia el alcalde Alfonso Martínez anunció esta medida para meter en orden la vialidad urbana.

El referido programa, que inició en Chicago, no se ha podido consolidar en ninguna de las ciudades mexicanas en donde comenzó a operar desde el año pasado; al menos así lo revelan los cientos de amparos que organizaciones civiles han presentado contra la implantación de dicha medida.

En 2015, más de 670 ciudadanos de Guadalajara reclamaron la protección de la justicia federal, al alegar violaciones constitucionales con esta medida de vialidad; lo mismo ocurrió en Puebla, donde mil 328 personas se quejaron el año pasado por los cobros injustos, alegando también infracciones inexistentes.

En la Ciudad de México, donde el programa de Fotomultas se aplica desde diciembre pasado, el número de quejosos por las sanciones ha ido en aumento según reconoció la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Actualmente oscila entre los 200 a los 220 inconformes por semana.  

En Saltillo, otra de las ciudades que ha intentado innovar con la tecnología, las quejas se han disparado. Lo conductores sancionados con multas de vialidad alegan que el software utilizado es pernicioso. Que opera de manera aleatoria, y que la fotografía de las placas de los autos, en ocasiones se hace cuando la unidad se encuentra detenida, a la espera de la luz verde del semáforo.

En Veracruz, las quejas contra las Fotomultas también han ido en aumento. Allí diversas organizaciones civiles, de filiación antigobiernista, se han declarado en rebeldía, no solo para no atender los cobros derivados de las infracciones mecánicas, sino también para tratar de evitar el pago de refrendo vehicular.

Sin embargo, frente a la protesta social que este programa ha despertado entre organizaciones civiles de diversas ciudades del país, en Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle reconoció, en base a las estadísticas vigentes desde el 2013, que el índice de accidentes viales y muertes con participación de automotores disminuyó en casi un 73 por ciento.

La disminución de accidentes y muertes en vehículos, tanto en la ciudad de Puebla, como en las zonas urbanas de Guadalajara, Saltillo y Veracruz, se atribuye a la conciencia que ha podido despertar la polémica medida, en donde las elevadas sanciones económicas son las principales inhibidoras de conductas irresponsables de algunos conductores.

Y es que los costos por infracción registrada en fotografía es de los más altos que se pueden aplicar, tras la modificación de reglamentos de vialidad en donde opera este sistema. En Puebla, por ejemplo, una infracción vial pasó de 370 pesos a 4 mil 556 pesos; en Guadalajara, antes un alto de semáforo no respetado se mutaba con 530 pesos, ahora el costo es de 2 mil 492 pesos. En Saltillo, las multas también aumentaron casi en un 500 por ciento.

Un programa cuestionado

El programa de Fotomultas consiste en un sistema de cámaras fotográficas, que registran en tiempo real la placa de cualquier vehículo al momento en que ocurre una violación al reglamento de vialidad. Los opositores de este programa han argumentado que el software utilizado, no es eficiente. Que opera de manera aleatoria, en intervalos de tiempo determinado, para cumplir con cierta cantidad de mulas en un día.

Esta tecnología ya se ha aplicado en Chicago, Baltimore, Columbia, Kansas, y en la capital de Puerto Rico, donde también grupos de ciudadanos han demostrado la inviabilidad del sistema, el que ha quedado al descubierto que opera en algunas ocasiones en el rango de la discrecionalidad.

La empresa que se ha encargado de suministrar la tecnología de las fotomultas en la mayoría de las grandes ciudades de México, la denominada Autotraffic, de la que están reservados sus datos por seis años y nueve meses, para quienes quieren conocer quiénes son los dueños del negocio, han referido que el software de ese programa está debidamente avalado por el Gobierno federal.

Con esa versión oficial se ha intentado echar abajo las teorías conspiracionistas de algunos detractores del programa de Fotomultas, quienes aseguran que ese sistema es utilizado por los gobiernos locales para dar un seguimiento constante a sus propios detractores, a los que se les aplican multas, sin mayor consideración, incluso, cuando no se ha violentado el reglamento de tránsito.

Entre las razones por las que grupos de ciudadanos se han opuesto al funcionamiento del programa de Fotomultas, no solo se esgrime el hecho de la forma poco clara con que se aplican las infracciones, sino también la causa de que el 50 por ciento de los ingresos que por ese concepto tienen los gobiernos locales vaya a dar a manos de las empresas privadas encargadas de suministrar esa tecnología.

En ninguna de las ciudades del país en donde a la fecha se aplican las Fotomultas, se encuentran a disposición de la ciudadanía los contratos entre ayuntamientos y empresas suministradoras del servicio, los que deberían clarificar la relación de negocios entre ambas partes. Todos los contratos están reservados para darse a conocer públicamente hasta dentro cinco años.

Una medida poco clara

En Michoacán, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció a principios de este mes la posibilidad de instalar el sistema de fotomultas. 

Tras la propuesta, un grupo de legisladores locales manifestaron su inconformidad contra la medida. Dudaron la probidad de las empresas que ya trabajan en otras ciudades del país.

Los legisladores encabezados por Daniel Moncada cuestionaron el funcionamiento del programa en otros lugares, sobre todo en la Ciudad de México, en donde la medida ha sido poco clara y afectó a diversos ciudadanos que nunca habían cometido una infracción. Además, la mitad de los recursos de las multas no van a las arcas públicas.

El debate fue alentado por organizaciones civiles como la de Morelia Avanza, encabezada por el abogado Roberto Tapia, quien aseguró que las fotomultas no resolverán ningún problema, “porque el problema vial de Morelia no es de sanciones, sino de mejores vialidades. Las que no nos han podido dar las últimas administraciones”.

En Morelia, de acuerdo al proyecto ejecutivo, se pretende la instalación de por lo menos 89 cámaras en los principales circuitos viales de la ciudad, así como en las calles del primer cuadro urbano, las que estarían generado en promedio más de mil 300 infracciones diarias, que representarían ingresos de al menos un millón 100 mil pesos al día a la tesorería municipal.

Casi el 50 por ciento de esos recursos se destinaría a la empresa –de la que no se han dado a conocer sus datos- que estaría ofreciendo el servicio de tecnología, mientras que casi medio millón de pesos iría a parar a la tesorería municipal.

Actualmente, la tesorería del municipio de Morelia, percibe en forma diaria casi 450 mil pesos por concepto de multas por infracciones al reglamento de vialidad, incluyendo las del programa de alcoholímetro, por lo que no se observa de beneficio común la instalación del proyecto e fotomultas, dijo Tapia.