Un club social con mariguana

En el Distrito Federal, ciudad considerada de avanzada por la aprobación de temas álgidos como la legalización del aborto y las bodas gay, hay propuestas que plantean la apertura de clubes sociales de mariguana.

Considerada la cannabis como un mercado potencial de consumidores en la Ciudad de México, los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) se proponen como un modelo regulatorio de la producción, venta y consumo de la planta con fines lúdicos y medicinales, por canales seguros y regulados por el gobierno.

La idea está plasmada en el documento: “Clubes Sociales de Cannabis, una propuesta contra la ilegalidad”, que plantean Carlos Zamudio Angles y Jorge Hernández Tinajero, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, asociación civil que trabaja coordinadamente en el tema con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Dicha asociación considera que la eliminación del mercado negro de cannabis por la vía policiaca ha resultado casi imposible.

Entonces, la autorización para que operen dichos clubes cortaría la vinculación entre el consumidor con los proveedores, o dealers, y demás actores de la delincuencia organizada.

El esquema se basa en la construcción de un circuito cerrado de producción-consumo fiscalizado estrictamente por el Estado y que se circunscribe al ámbito privado, con lo que la publicidad, el uso público y la admisión a dichos clubes quedan reservadas estrictamente a los miembros de la asociación, quienes por premisa básica son mayores de edad.

“La falta de acceso seguro y legal de la planta, obliga a quienes deciden usarla a recurrir a circuitos delictivos en los que también se exponen a la disponibilidad de drogas más peligrosas”, expone el documento.

Dentro de la ley

Una vez que el usuario sabe que los clubes funcionan con permiso de la autoridad, valorarían las ventajas reales de no necesitar acudir a los traficantes ilegales.

Además de que se les garantizarían estándares de calidad de la mariguana, que no obtienen en el mercado negro, y tendrían servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de la salud.

El cultivador o productor de la planta, detalla la propuesta, saldría de la clandestinidad al ver convertido su negocio en una actividad agraria y económica.

“Los CSC benefician a las autoridades y todos los miembros de la sociedad que no son usuarios, ya que generan actividad económica fiscalizable, disminuyen la contribución de los consumidores a mercados y redes ilegales, reducen la disponibilidad de la cannabis exclusivamente a los socios y su uso en los ámbitos privados.

“De este modo, proponemos diseñar y llevar a la práctica un modelo legal de circuito cerrado para la regulación del uso de cannabis en la Ciudad de México, que responda a las necesidades específicas de organización del mercado de la mariguana en México a través de clubes sociales de cannabis”.

De esta manera, en la medida que los clubes producen la totalidad de la planta y no sólo la flor utilizada como mariguana, los CSC permitirían aprovechar los productos industriales del cáñamo derivado de las fibras, las semillas y todas las partes de la planta que son aprovechables por una actividad industrial prevista en los tratados internacionales de drogas y de libre comercio firmados por México.

Los riesgos del club asociaciones

Los CSC funcionarían como asociaciones civiles sin fines de lucro, a los que sólo se podría acceder siendo mayor de edad e invitado por otro socio, y firmar una declaración de voluntad personal en las que acepta las condiciones de la membresía.

Entre otras cosas, el socio declararía que decidió consumir de forma libre, formula una solicitud de participación de cultivo comunitario, abona cuotas que sufragan una parte de la cosecha comunitaria y se da por enterado de los riesgos de su decisión, así como renuncia a participar en cualquier otro CSC.

“El socio asume un compromiso para limitarse al uso personal y para no derivar ninguna parte de la cosecha hacia el mercado negro o tercero.

“Por su parte el club hace una previsión anual de consumo, con una cuota máxima de 60 gramos al mes (puede haber casos especiales de uso terapéutico), con lo que cada socio tiene derecho a recoger, de forma controlada, su parte respectiva de la cosecha, para uso exclusivo en espacios privados”, precisa la propuesta del colectivo.

Como parte de su responsabilidad, el club supervisa y coordina el cultivo de las plantas y su procesamiento, con la obligación de registrar toda la información para las autoridades a fin de que las transacciones sean fiscalizables.

Las autoridades principalmente, aunque también los socios, son responsables de poner en marcha mecanismos de supervisión que impidan que los clubes se conviertan en una fachada del comercio ilegal de la planta.

La experiencia internacional más cercana de clubes de consumo es la que ocurre en España, país en el que existen más de 200 asociaciones de esa naturaleza.

Para que funcionen en el Distrito Federal, capital de las libertades, como por años la promocionaron los gobiernos perredistas, obliga a modificar las disposiciones federales que impiden el cultivo de la planta de la mariguana bajo cualquier modalidad.

Además de dar paso a la legalización del cultivo personal y comunitario sin fines de lucro y para exclusivo uso privado.

Pero más allá del debate de si se permiten o no para el futuro, ¿está preparada la Ciudad de México para estos clubes de consumo de marihuana?

¿Qué autoridades tendrían la responsabilidad de emitir permisos de funcionamiento, y luego la supervisión de los cultivos?

El Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C. elaboró con la CDHDF el informe especial “Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013”, en el que se reflexiona el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el ámbito de las drogas.