Un delegado ¿represor?…

El jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia, enfrenta una nueva imputación: la de represor. 

Diversos grupos vecinales lo acusan de inhibir a todo aquel que cuestiona su administración con el uso excesivo de la fuerza pública.

De acuerdo con sus dichos y las respectivas denuncias penales y sus consecuentes quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el titular de la demarcación castiga con cárcel a sus opositores.

Por ello, los conflictos en la delegación que concentra más de 2 millones de votos aumentan y pasaron del terreno político-electoral al territorial, donde cada día suma más opositores.   

En la edición del pasado 5 de marzo, Reporte Indigo dio a conocer que Jesús Valencia enfrenta una serie de acusaciones por presuntos actos de corrupción, de despilfarro, y posible daño al erario, que tienen a esta demarcación en el ojo del huracán.

Y que los protagonistas del pleito son, principalmente, el jefe delegacional y el diputado local Arturo Santana, quienes en los últimos meses subieron el tono de sus acusaciones.

Pero la disputa por la delegación de cara al proceso electoral del 2015 también generó una disputa con los demás grupos de poder que quieren sucederlo en el cargo durante el próximo trienio.

Incluso, su cercanía con el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, lo tiene relegado de las decisiones políticas de la Ciudad de México, –como también se mencionó en este mismos espacio.

En cuanto a las denuncias penales de los vecinos que no apoyan la gestión de Jesús Valencia, el proceso judicial apenas comienza y está relacionado con las obras que realiza en el centro de la demarcación y con sus subordinados.

Mientras tanto, el delegado se deslinda de todos los conflictos y asegura que si se ha actuado en contra de los ciudadanos es una decisión de la Secretaría de Seguridad Pública y no de él.

Construcción de una amarga experiencia

Uno de los primeros conflictos vecinales se dio con la remodelación de la Macroplaza Cuitláhuac y el Mercado La Purísima, donde las autoridades delegacionales no consiguieron el apoyo de los comerciantes y colonos.

El más afectado fue Jaime Jiménez Burgos, quien habita en la zona y es abogado de profesión; por eso se convirtió en uno de los principales opositores al proyecto de Valencia.

En entrevista con  esta casa editorial detalló que los abusos que sufrió por parte de Valencia y las demás autoridades derivan del incumplimiento de los acuerdos que se generaron previo a la obra.

“La obra del Barrio San Miguel, en el Mercado La Purísima, se supone que crearía polos de comercio para mejorar el espacio y hasta la atención de los estudiantes de la zona.

“Lo único que pedíamos de la delegación es que nos diera claridad del proyecto, que garantizara que los negocios fijos tendrían apoyos económicos por las afectaciones y que los semifijos y ambulantes tendrían opción para vender en otro lugar.

“Pero el delegado no cumplió. Y nos vimos en la necesidad de presionar con un plantón para hacerlo entender, ya que los trabajos iniciaron y se generó un caos en los alrededores”.

Dijo que después de 32 llamadas y mensajes para que los atendiera hubo una respuesta: el delegado mandó a un grupo de uniformados para resguardar los trabajos del proyecto.

“Valencia, de manera arbitraria, decidió acordonar toda el área del mercado con granaderos, quitando el comercio semifijo y ambulante, cuando la gente tiene más de 30 años vendiendo ahí”.

Sostuvo que para hacer valer los acuerdos, la gente se resistió. Empieza la protesta con un plantón que duró solo un día, pues fueron llamados a la delegación para dirimir sus diferencias.

Pero, según sus declaraciones, nadie los recibió, y cuando intentaron regresar al campamento y a sus hogares un grupo de uniformados los encapsuló y empezaron los forcejeos.

16 elementos se fueron contra él (Jaime Burgos), golpearon a 10 más y detuvieron, momentáneamente, a seis. Él fue el único trasladado al Ministerio Público por indicaciones de los mandos superiores.

Fue enviado al Reclusorio Oriente por los cargos de golpear a 10 policías, robarlos y por daños en propiedad agenta. Al final, nunca se acreditaron las acusaciones y salió libre.

Sin trabajo y amenazado

Arturo Rodríguez Miranda, quien era empleado de la delegación Iztapalapa, según la averiguación previa FIZP/IZP-4/T3/00196/14-01 F, también fue víctima de abusos y amenazas de muerte.

En su relato sostiene que laboró como promotor vinculador ciudadano durante el 2013 y que sin ninguna justificación fue removido del cargo, sin que le pagaran los tres primeros meses laborados.

También dijo que nadie le quiso responder cuál era el motivo por el que no se le estaba pagando. Es así como decidió marcarle al jefe delegacional para manifestarle su inconformidad.

La urgencia de cobrar el dinero se debía, principalmente, a que su esposa padece de epilepsia y requería medicamentos lo antes posible. Procedió a mandarle un mensaje de texto al delegado:

“Cuándo me vas a pagar lo que me debes, ya vi que me sacaste de la chamba, no hay pedo, nada más dime cuándo me vas a pagar, te olvidaste de la gente que te ha sido fiel por esa bola de huevones”.

La respuesta, que quedó asentada en actas, según las declaraciones de Arturo fue: “No te debo ni madres, a mí no me hables así”. Posteriormente le llegaron otras llamadas donde lo estaban amenazando de muerte.

En su versión de los hechos sostiene que de la delegación le hablaron para preguntarle con quién vivía. Luego le enviaron mensajes amedrentadores. 

Por otra protesta

Claudia Fuente Noriega, vecina de la zona, también fue víctima de abusos de autoridad, ya que la detuvieron durante otra protesta que se realizó en contra del jefe delegacional el 8 de marzo del año pasado.

El acto de inconformidad también era contra la decisión del delegado de modificar el centro de Iztapalapa con diversas obras. La mecánica fue la misma: tras el mitin se utilizó la fuerza pública y la trasladaron a la agencia 50 del Ministerio Público.

Ahí la acusaron de robo a servidores públicos y de ultrajes a la autoridad, pero tras el jaloneo de acusaciones con los uniformados, logra salir sin mayor contratiempo.

Durante una comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federa, el jefe delegacional dijo que no controla a la Secretaría de Seguridad Pública y que ellos determinan cuándo actuar.