Un millonario fruto de enredos legales

El slogan del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard asegura que en la ciudad las cosas buenas pasan. Y si alguien puede dar testimonio de ello es el ex secretario administrativo del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Y es que resulta que después de un largo litigio que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Sergio Gómez y Bustamante renunció al cargo, pero a cambio exigía 7 millones 882 mil pesos.

En la edición del 18 de junio de 2012, Reporte Indigo dio a conocer que tras el fallo de la Corte en este caso, el ex funcionario tenía que ser reinstalado como secretario administrativo y le debían pagar salarios caídos que superaban los 6 millones de pesos.

Al final del día la suma terminó en 5 millones 468 mil 676 pesos exactamente. Todo resultado de conflictos políticos e interpretaciones legales.

Recordemos:

La ex presidenta del IEDF, Beatriz Claudia Zavala Pérez, tomó protesta en el 2009 y eligió a Gómez y Bustamante como encargado de administrar los recursos financieros de la institución.

Pero como parte de las pugnas de poder, la presidencia tenía un contrapeso, encabezado por el contralor interno, Miguel Ángel Mesa Carrillo, quien destituyó al secretario en cuestión.

El argumento que utilizó fue la violación al artículo 111 del Código Electoral (vigente en ese momento).

Éste refiere que para ser secretario administrativo, el candidato no debía ocupar puestos directivos en los últimos cinco años.

Por eso no solo lo removió del cargo, sino que además lo inhabilitó por un lapso de 11 años en el servicio público y le aplicó una multa de más de 800 mil pesos.

Pero Eduardo Sergio acudió al Tribunal Electoral del Distrito Federal para revertir el fallo de la Contraloría; en primera instancia consiguió que le quitaran la multa e inhabilitación.

Desde entonces, la Secretaría Administrativa capitalina quedó acéfala.

Mientras que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó en este año y de manera definitiva un amparo, respecto a la resolución de la Contraloría interna.

El argumento se basa en que el artículo 111 del Código Electoral es inconstitucional, al violar la libertad de trabajo estipulada en el artículo 5 constitucional.

De esta forma, el IEDF se vio obligado a reinstalarlo en el cargo y pagarle los adeudos acumulados a lo largo del litigio.

Al respecto, ningún consejero electoral quiso dar mayor explicación del tema ni aclarar si se estaba acordando con él su salida por la vía pacifica o si entraba en los planes de la actual presidencia.

En días pasados y de manera sorpresiva, en su papel de titular del área administrativa, Gómez y Bustamante presentó su renuncia al cargo con carácter de irrevocable.

Para muchos la decisión fue sorpresiva, sobre todo cuando aún tenía la oportunidad de retirarse del cargo con una compensación adicional denominada “mutuo”.

Dicha figura se utiliza para llegar a un acuerdo entre la institución y el empleado para que éste deje su cargo a cambio de una liquidación considerable, afín de evitar mayores conflictos legales.

Fuentes consultadas por esta casa editorial explicaron que la postura del ex secretario para no llegar al “mutuo” o esperar cuatro meses a que concluya el mandato de los actuales consejeros, fue por una estrategia “visionaria”.

Lo anterior se debe a que el Instituto Electoral capitalino delinea la tercera consulta vecinal pretendiendo adjudicar a una empresa española un contrato de casi 20 millones de pesos para la celebración de la encuesta vía Internet.

De acuerdo con los cercanos al área, ya hay una serie de enredos que anuncian el fracaso del proyecto y enfrentamientos legales, que ya no quiere enfrentar Gómez y Bustamante.