En uno de los momentos más críticos de la era Trump con México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desplegó 6 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, militares, marinos y policías federales en la frontera sur, para frenar el paso de los migrantes provenientes de Centroamérica que tenían como propósito llegar a Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el republicano amenazó con imponer aranceles a los vehículos, frutas, vegetales, cerveza y tequila, entre otros, como una represalia hacia las autoridades mexicanas por permitir que el flujo migratorio siguiera su curso hacia el país del norte.
A pesar de que el gobierno de Donald Trump llegó a su fin en enero, el despliegue de la Guardia Nacional para contener el paso de migrantes por territorio mexicano continúa.
México dejó de ser un país de tránsito y de refugio para miles de personas que salen de sus lugares de origen por ser víctimas de violencia o en busca de mejores oportunidades.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2019 las devoluciones por parte de las autoridades de migración mexicanas aumentaron un 29 por ciento con respecto a 2018, al pasar de 115 mil 686 casos a 149 mil 812.
Blanca Alcalá, secretaria de Asuntos Migratorios del PRI, califica como preocupante ver que México se convirtió en una barrera para las personas en tránsito como lo deseaba el expresidente Trump.
“México no solamente firmó, sino fue uno de los promotores del pacto mundial por una migración ordenada, segura y regular, pues encontramos que a veces nosotros mismos hemos convertido a la frontera sur en aquel famoso muro que el presidente anterior de los Estados Unidos había promovido.
“Me parece que en ese sentido es necesario que se revise la política antimigratoria que México está desplegando, o bien una que vaya de acuerdo con los principios y por el pacto que hemos signado”, asegura.
Con respecto a la defensa de los derechos humanos de los connacionales con un estatus irregular que residen en Estados Unidos, la también exembajadora en Colombia afirma que deben reforzarse los planes para su apoyo.
Convencer a los republicanos, el reto; movimientos migrantes
Miguel Ángel Pérez, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), afirma que es muy positiva la propuesta de reforma impulsada por el gobierno de Joe Biden.
Sin embargo, advierte que el camino para su aprobación no será sencillo por las divisiones al interior del Partido Demócrata y porque se debe de convencer al menos a 10 senadores republicanos para reunir los votos necesarios.
“Hay que trabajar con los republicanos, porque se puede quedar todo en el aire como ha ocurrido en otras ocasiones en los primeros 100 días de otros presidentes como con Obama”, expone.
El líder del COFEM considera que a Biden lo respalda su experiencia en el gobierno estadounidense, por lo que la comunidad migrante ve con una amplia expectativa que en esta administración se concrete la regularización de millones de mexicanos que residen en el país del norte.
“El problema que veo es que dentro del Partido Demócrata hay una división: algunos muy radicales, otros moderados. Ojalá lo acompañe gente que comulgue como él para lograr muchas cosas que él desea. El tiempo lo dirá, creo que Biden sí tiene esas ganas de dejar un legado”, agrega.
Pérez comenta que el ambiente en el que se desenvuelve la comunidad migrante en la actualidad es muy distinto a los días en los que transcurría el cuatrienio de Trump. Enfatiza también que por parte de la autoridad mexicana los programas han sido insuficientes.
“Recuerdo que cuando empezó esta nueva administración decían muchas cosas bonitas pero no se ha cumplido ni el 60 por ciento, mucho de los no apoyos, como el 3×1 por ejemplo, lo quitaron e iba a las personas que son los que más aportan a México en las remesas”, expone.
El presidente del COFEM apunta que las organizaciones de migrantes analizan realizar diversas movilizaciones para alzar la voz con respecto a los cambios legislativos para que les garanticen resolver su situación jurídica.
Entre esas acciones, promoverán como “un día sin mexicanos” el 1 de mayo en el que se conmemora el Día del Trabajo.
Otro de los retos que visualiza es la organización entre federaciones, movimientos y colectivos de migrantes mexicanos, los cuales, considera, deberán unirse en favor de impulsar la reforma para el bien suyo y de sus familias en México.