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Desde que los extranjeros comenzaron a llegar a sus pueblos a instalar sus improvisados campamentos, los habitantes de la zona han exigido respeto a sus derechos como pueblos indígenas
La literaria batalla de El Quijote contra los molinos de viento está en Juchitán. Un pequeño pueblo de Oaxaca, cuya ubicación geográfica lo convierte uno de los mejores lugares en el país para generar electricidad por medio de la energía eólica.
De acuerdo al Inegi, en esa zona de Oaxaca se genera el 90 por ciento de la electricidad que se consume en México.
Los campos de enormes molinos de viento ubicados en el Istmo de Tehuantepec producen alrededor de 2 mil 300 megawatts. Esa cantidad es suficiente para iluminar 1.8 millones de hogares al año.
Sin embargo, integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) han peleado durante años contra esos enormes gigantes blancos de tres brazos.
Desde que los extranjeros comenzaron a llegar a sus pueblos a instalar sus improvisados campamentos, los habitantes de la zona han exigido respeto a sus derechos como pueblos indígenas.
Ellos aseguran que con la instalación de parques eólicos en su territorio, se han violentado sus garantías individuales.
Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, ha insistido en que las autoridades violan los derechos de los pueblos indígenas zapoteca e ikjoots con la imposición, sin consulta previa e informada, de más de 15 parques eólicos en tierras comunales.
La construcción se realiza en parte de las 68 mil hectáreas de tierras de la comunidad de Juchitán, incluyendo sus anexos como son: El Espinal, Unión Hidalgo, La Venta, La Ventosa, Chicapa de Castro entre otras.
Mediante un comunicado de prensa difundido en febrero del 2013, la APPJ manifestó su preocupación, por lo que ellos consideran una invasión.
“Las empresas transnacionales eólicas han protocolizado las tierras, entregando títulos de propiedad a los invasores a sabiendas de que la tenencia de la tierra en Juchitán oficialmente es de régimen comunal”, explicaron.
El año pasado, el Proyecto Munden analizó 153 millones de hectáreas en concesión en 12 países de América Latina, Asia y África y detectó que el 31 por ciento de las tierras que los gobiernos conceden a la explotación industrial pertenece a indígenas.
Los representantes de Asamblea Popular advirtieron que la ejecución del proyecto de los corredores eólicos en la región del Istmo contaminará las lagunas y esteros de la zona.
Además, detallaron, dañará las tierras de cultivo, la flora y fauna poniendo en riesgo la vida de todos los seres vivos que habitan en la planicie y en la montaña del Istmo de Tehuantepec.
“No permitiremos que en nuestras tierras comunales, en las orillas de la laguna superior, sistemas lagunares y esteros se construyan parques eólicos ya que es nuestro espacio vital, en donde buscamos la subsistencia de nuestras familias, defenderemos la vida y la comunalidad de nuestra nación zapoteca para nuestros hijos que continuarán pescando en el padre mar y cultivando en el corazón de la nuestra madre tierra”, señalaron en el comunicado.
El lugar donde el aire se cosecha
El 22 de enero de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón visitó La Venta, un ejido de poco más de 2 mil habitantes en donde el aire se cosecha.
A Chicago se le conoce como “La ciudad de los vientos”. Las ráfagas de aire alcanzan en promedio los 17 kilómetros por hora.
Pero en el pequeño pueblo oaxaqueño de La Venta las ráfagas de viento son siete veces más rápidas que en Chicago. En un buen día, incluso pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.
Y es que en esta geografía no hay montañas que detengan los vientos que llegan desde el Océano Pacífico y el Golfo de México. No hay sombrero que resista. Por eso se dice que ahí las mujeres mandan, pero el viento las doblega.
En ese enero del 2011, un despeinado Calderón inauguró el Eurus I, el parque eólico más grande de América Latina con una inversión global de 780 millones de dólares.
De la mano de la mexicana Cemex y las españolas Acciona e Iberdrola el expresidente destacó que esta clase de proyectos permitirían revitalizar la zona.
Apenas se había ido el mandatario, cuando un grupo de labriegos zapotecos obstruyeron el acceso a las obras del parque eólico en protesta porque la compañía española Eurus –asociada al Grupo Energético del Sureste– había incumplido el acuerdo para que se le permitiera explotar materiales pétreos para la obra.
Acusaron de bajos salarios y del despidió a trabajadores contratados en la comunidad.
Ocho manifestantes resultaron heridos, y tres fueron internados en la casa de salud del pueblo.
El 30 de enero de ese mismo año, el Frente de Trabajadores de la Energía denunció que los ejidatarios dueños de las tierras donde las empresas construyeron los parques, exigían ser incluidos, no solo como mano de obra barata, sino como socios y propietarios.
“Los parques eólicos representan la apropiación privada de los recursos naturales, en este caso, la tierra y el viento, mismos que expropian las transnacionales con la complacencia del gobierno.
“Los proyectos eoloeléctricos constituyen un despojo a los poseedores de los terrenos a cambio de migajas por el arrendamiento de los mismos”, indicaron mediante un comunicado publicado en su página te-energia.org.
Aún así, pocos meses después el Gobierno Federal ya tenía resuelta una segunda etapa del proyecto con el Eurus II.
Para el 2012, ya eran 14 parques eólicos los estaban instalados formalmente en todo el corredor ístmico, cuatro más se estaban construyendo y se tenía proyectada la creación de otras tres plantas para finales de ese mismo año.
Uno de los parques eólicos estaba ubicado en un lugar sagrado para el pueblo Huave, rodeado por dos lagunas y el Océano Pacífico, por lo que los habitantes advirtieron de afectaciones irreversibles a la pesca y a la biodiversidad.
En la actualidad, los principales municipios generadores de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec son Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, El Espinal y Asunción Ixtaltepec, que en conjunto mantienen mil 186 aerogeneradores.
Una lucha a contraviento
En julio de este año, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) denunció que recibió una llamada amenazando a personal de la organización por estar acompañando los procesos penales que se siguen en oposición a la construcción de parques eólicos.
“Una segunda llamada fue recibida minutos después donde claramente amenazan, a través de la organización, a personas vinculadas a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco”, indicaron mediante su página de Internet.
Alba Cruz, abogada de la organización no gubernamental, reveló que hay una docena de averiguaciones previas en Oaxaca derivadas de hechos que tienen que ver con agresiones, amenazas y hasta un asesinato, relacionadas con la oposición popular a la instalación del parque eólico Bií Hioxo.
Un caso emblemático de esta lucha es el de la activista Bettina Cruz, quien fue detenida el 28 de febrero del 2012, e ingresada al Reclusorio Regional de Tehuantepec.
Aunque fue puesta en libertad dos días después, desde ese entonces tiene que ir a firmar al Ministerio Públicos cada día 15 de mes.
La detención fue por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. Esto, tras una manifestación en la que participó el 3 de abril de 2011 a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Juchitán.
“Nos acusan a todos los que estamos en el movimiento de resistencia; si hacemos una manifestación dicen que privamos de la libertad a alguien, a algún funcionario que estaba en una oficina, sin que sea cierto”, explicó Cruz.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, calificaron la persecución de la activista como una estrategia de intimidación y criminalización a su labor.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos entregó el 29 de septiembre un “amicus curiae” -documento con argumentos jurídicos- al juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca, Anastacio Ochoa, para que resuelva el caso de Cruz con pleno apego a derecho. La resolución sobre la situación legal podría darse en los próximos días.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) advirtió a las autoridades mexicanas que, en caso de que el Poder Judicial sentencie con pena privativa de la libertad a la activista, consideraría nombrarla “presa de conciencia”.