Una tercera parte de los 444 cadáveres sin identificar que fueron encontrados en dos contenedores refrigerantes en Jalisco –uno de estos deambulando por la metrópoli de Guadalajara- y en el Servicio Médico Forense (Semefo) local, fueron producto de presuntos asesinatos, según lo revela el informe final que fue emitido por la comisión interinstitucional que se hizo cargo de atender esa reciente crisis en el estado.
De acuerdo con la “Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación que permitiera la Inhumación de Cadáveres”, entre esos 444 cuerpos que eran resguardados sin identificar hay 132 de personas que perdieron la vida en casos de homicidio, y otros 17 derivados de casos de feminicidio, sumando así 149 cadáveres de víctimas que fueron presuntamente asesinadas.
Al Gobierno de Jalisco que encabeza el mandatario Aristóteles Sandoval Díaz, le tomó casi dos meses resolver la grave crisis que se desató con efectos nacionales e internacionales, luego de que el 16 septiembre pasado fuera descubierto un tráiler con centenas de cadáveres que había sido abandonado por la Fiscalía General estatal y por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en un predio a cielo abierto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Ahora la Comisión interinstitucional antes mencionada, conformada por distintas dependencias estatales y por organizaciones ciudadanas que atienden la problemática de desaparecidos, ha formalizado la conclusión de los trabajos de identificación e inhumación legal de todos esos 444 cuerpos que yacían sin los controles debidos en manos de las autoridades jaliscienses (273 en el tráiler abandonado, 122 en el Semefo y 49 en una segunda caja refrigerante).
Según el informe final que emitió ese cuerpo colegiado el 8 de noviembre, 380 de los cuerpos que formaron parte de la crisis ya fueron inhumados adecuadamente en el Panteón Guadalajara ubicado en dicho municipio, mientras que 64 sí pudieron ser entregados a los familiares de los fallecidos. Esto significa que únicamente los 64 últimos pudieron ser identificados a plenitud.
No obstante, la Comisión aseveró que todos los cuerpos –tanto los inhumados por la autoridad como los entregados a familiares- pasaron por los peritajes necesarios para posibilitar su identificación, en el caso de que algún allegado o familiar se presente posteriormente para reclamar alguno de estos cadáveres. Así se señala:
“Dante Haro Reyes, Fiscal de Derechos Humanos, recalcó que todas las acciones se realizaron bajo la observación y cumpliendo los estándares nacionales e internacionales, con el acompañamiento de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos: así como con la supervisión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para la integración de las carpetas de investigación así como con los estudios y exámenes correspondientes al protocolo forense para su identificación que son, fotografía forense, documentación de señas particulares, odontología forense, muestra de ADN, huellas dactilares y en algunos casos, estudios de antropología forense”.
La solución definitiva, es decir, la construcción de un nuevo Panteón Forense, se encuentra detenida luego de que se intensificara la oposición vecinal y del mismo Ayuntamiento ante tal proyecto.
