Ayer fue creada la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur que fungirá como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Esta coordinación tiene como objetivo brindar una atención eficiente al fenómeno migratorio en México y gestar políticas públicas que propicien encontrar soluciones sostenibles “para facilitar un adecuado flujo de personas al interior del territorio nacional”.
En el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación se informa que habrá una coordinación institucional entre servidores públicos de distintos niveles de gobierno de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, que conforman la frontera sur del país.
El titular de la Segob será quien ejerza las funciones de coordinación de los servidores públicos del ámbito del Poder Ejecutivo Federal cuando aborden asuntos en materia migratoria.
Ayer también entró en vigor el acuerdo por el que se instruye la constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).
Ahí participarán la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina, entre otras, que en coordinación harán la supervisión de personas y bienes en los puntos de revisión de la frontera sur.
Estos decretos ocurren un día después que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que soldados, marinos y policías federales trabajarán en12 cruces fronterizos al sur de México para combatir a la delincuencia que ataca a los indocumentados que cruzan por territorio nacional intentando arribar a Estados Unidos.
Pide AI explorar otras soluciones
Amnistía Internacional (AI) estima que no basta solo con dar un tratamiento coyuntural a la migración, como al parecer están haciendo México y Estados Unidos.
“Se sigue sin entrar al fondo del fenómeno migratorio, al porqué las personas están migrando”, dice Perseo Quiroz.
El director de AI en México destaca que la violencia presente en varias naciones de Centroamérica es una de las causas principales de que cientos de personas abandonen sus lugares de origen.
Y eso supone una obligación para el Estado mexicano y sus homólogos en Norte y Centroamérica para ubicar quiénes huyen a causa de la violencia y si requieren protección internacional.
No necesariamente se les tiene que otorgar la condición de refugiados, dice Quiroz, pero considera sí hay diversas formas de protegerlos.
Al organismo internacional le preocupa no haya un viraje central de la política migratoria. Que se siga apostando por la contención de los flujos migratorios y a privilegiar la detención de los migrantes, incluso la de niños migrantes no acompañados.
Amnistía Internacional cuenta con experiencia de España y Australia, por ejemplo, donde hay fuertes flujos migratorios.
En esos países se han privilegiado otras alternativas respecto a la detención mientras que en México y EU se apuesta por esa opción.
Opciones sí las hay, asegura el abogado, “y muchas veces son más económicas que la propia detención”.
Los derechos no se eliminan
En entrevista con Reporte Indigo, Perseo Quiroz, director de AI en México argumenta que los derechos no se eliminan por la condición migrante. Para la migración de infantes no acompañados está el derecho a la educación, a la salud, entre otros.
La deportación masiva supone incumplir con normas de derecho internacional, por ello, el Estado tendrá que analizar caso por caso de acuerdo con la ley de refugiados y protección complementaria.
Ayer AI México hizo un llamado para que haya debido proceso y acceso a la justicia en cada caso que se analice, porque la deportación masiva no es la opción.
“Nosotros no estamos diciendo que el gobierno tenga que acoger a todas las personas pero si debe analizar cuáles han sufrido persecución y han huido por la violencia prevaleciente en sus países y no pueden regresar”.
En esos escenarios si se les deberá otorgar condición de refugiados u otras alternativas de protección.
