Una caída anunciada

Fue una muerte anunciada desde hace más de tres años.

Aniquiló la fuente de empleo de 8 mil trabajadores y puso en aprietos la economía de 600 jubilados. 

Hoy, las víctimas de la quiebra de Mexicana se preguntan ¿dónde está Gastón Azcárraga?

El responsable directo del extermino de la empresa de  aviación. Él, con el respaldo del gobierno calderonista.

Por lo pronto, empleados y jubilados de la aerolínea ya preparan un recurso de apelación contra la sentencia de quiebra de Mexicana y sus filiales Click y Link anunciada el viernes pasado por la juez Edith Alarcón.

Algunos lamentan el fin de una historia que empezó hace 93 años. Otros en cambio, se frotan las manos para la distribución que hará la SCT de las 53 rutas y los slots con los que contaba Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para el líder de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Carlos Díaz Chávez Morineau, la decisión de declarar en quiebra a la empresa no fue honesta.

Sobre todo, advierte, porque durante el concurso mercantil desfilaron 30 inversionistas interesados en capitalizarla y nunca se concretó ninguna operación.

Mexicana dejó de volar el 27 de agosto del 2010 debido a su insostenible situación financiera, pero no fueron solo los elevados costos laborales sino también los malos manejos de Azcárraga, quien hoy se encuentra prófugo de la ley.

En los próximos días la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicará qué rutas y spots -principales activos de Mexicana-  se han prestado a otras aerolíneas.

Los tres acreedores mayoritarios de la aerolínea -Banorte, Bancomext y AICM- cedieron sus derechos de cobro a un fideicomiso que capitalizará al taller de mantenimiento MRO, una de las cuatro empresas del grupo de Mexicana.

En una entrevista para CNNExpansión, Alfonso Sarabia de la Garza, director general del AICM, explicó que el fideicomiso estará integrado por un representante de cada uno de los sindicatos que mantenían relación laboral con Mexicana: ASSA (sobrecargos), SNTTASS (tierra), ASPA (pilotos) y AECSAMAC (confianza), con derecho a voto.

Refirió que en el marco del concurso mercantil, los acreedores acordaron ceder derechos de crédito al fideicomiso para apoyar económicamente a los cerca de 8 mil trabajadores y 600 jubilados de las cuatro empresas del Grupo Mexicana.

Se estima que los trabajadores tendrán derecho a una liquidación mínima conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo y que equivale a tres meses de salario y prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año de servicio.

Pero eso solo equivaldrá, a decir de los dirigentes sindicales, a menos de 10 por ciento de lo que les correspondería de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo que tenían vigente.

La SCT designará al síndico que se encargará en los próximos 90 días de presentar un inventario completo sobre el total de activos de Mexicana y sus filiales que se habrán de vender.

Para ello, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil enviará al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), un oficio para proponer dicha figura.

Sigue prófugo

Tras casi cuatro años de haberle cortado las alas a Mexicana de Aviación, malversar ilícitamente los recursos de la aerolínea y lograr su quiebra oficial, Gastón Azcárraga se pasea en Estados Unidos, prófugo de la justicia.

Tendrá que responder por el daño patrimonial que causó a la empresa, así como por el crédito inviable que le otorgó en su momento Bancomext y que solo sirvió para salvar a los accionistas que encabezaba.

El apoyo financiero que se le otorgó a Azcárraga se gestó desde las oficinas de Los Pinos y el personaje clave fue Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.

El pasado 19 de febrero un juez federal giró orden de aprehensión en contra de Azcárraga, exdueño de Mexicana por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presentó un amparo y se lo negaron, sigue fuera del país y lleva a cuestas más 12 denuncias penales de los sindicatos de sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra, sin contar las violaciones a las leyes del mercado bursátil por no notificar a tiempo a la BMV la venta de la aerolínea.