La desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano, marcó un parteaguas en la búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero.
Ese hecho exhibió la magnitud de esta problemática en la región de La Montaña en el estado del sur y obligó a las autoridades a involucrarse en los rastreos.
El activista fue visto por última vez el 29 de octubre del 2019, cuando se dirigía al municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.
Su ausencia causó indignación y organizaciones nacionales e internacionales condenaron el hecho.
Familiares e integrantes de organizaciones de la región realizaron tres brigadas para encontrarlo y en su búsqueda hallaron ocho cuerpos y otros restos humanos en fosas clandestinas.
A la fecha solo dos de los cadáveres han sido identificados: el de Arnulfo y el del Daniel Esteban González, alcalde electo del municipio de Cochoapa el Grande, quien tenía un año desaparecido.
El cuerpo de Arnulfo fue hallado el 22 de noviembre en la colonia El Aguaje, en Tlapa, sepultado bajo varias toneladas de tierra.
“El caso tan grande de Arnulfo permitió abrir la cloaca, ayudó a desenmascarar esta trama. No quiere decir que (Tlapa) sea el municipio donde más desapariciones hay”, dice Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En los últimos tres años esta organización ha registrado 30 casos de desaparición tan solo en Tlapa.
Sin embargo, Barrera asegura que es imposible saber el número exacto no solo en ese municipio sino en toda la entidad, debido a que muchas familias no denuncian ante las autoridades las ausencias de familiares por miedo. El activista explica que la situación de inseguridad y violencia que se vive en Tlapa se hizo visible después del caso de Arnulfo.
“Hay una geografía de las desapariciones que todavía no está explorada, no está documentada y podemos decir que hay más casos; esa es la tragedia, que no se ha podido visibilizar porque todavía el entramado delincuencial es muy sólido”, añade Barrera.
Entre las zonas silenciadas, porque las víctimas se resisten a denunciar, Abel identifica al área de Tierra Caliente, la Zona Norte, Taxco y Cocula.
El activista dice que de nada sirven las juntas ni las mesas de análisis para construir paz si no hay una revisión de cómo funcionan las estructuras delincuenciales en los ayuntamientos y las instituciones.Podemos decir que en varias regiones del estado de Guerrero se han ido asentando grupos de la delincuencia que han ido adquiriendo un poder fáctico por encima de los poderes locales, municipales y que han establecido alianzas con grupos políticos
“Con grupos que de algún modo tienen cierta influencia en las regiones y que han hecho con varios giros económicos como el negocio que conjunta intereses de grupos de la delincuencia y grupos políticos”, añade.
Por eso en Tlapa el caso Arnulfo es emblemático. Porque no solo visibilizó el grave problema de desapariciones, también abrió la la posibilidad de que las víctimas puedan ser realmente escuchadas, protegidas y se les garantice una investigación acorde con el contexto que se vive y también una búsqueda en terreno, con personal especializado en estos temas, menciona el activista.
De acuerdo con el informe sobre fosas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de 2006 a 2019 se han encontrado 331 fosas clandestinas en Guerrero.
El documento revela que de los años 60 hasta el 2019 hay 2 mil 938 personas desaparecidas en el estado.
Problema rezagado
Hasta antes de la desaparición de Arnulfo Cerón, los casos de desaparición en la entidad ni siquiera eran atendidos, de acuerdo con familiares y organizaciones locales.
“Al contrario, quedaban detenidas las denuncias, la mayoría de estos 30 casos que ya se han presentado los expedientes quedaron truncos, parados, no se han avanzado por esta situación.
“Se dejaba a las víctimas toda la responsabilidad de que ellas dieran información, datos, señales, testimonios, que por un lado si los daban esto se filtraba y era contraproducente aportar información. Ahorita estamos verificando que no hubo avances”, expresa Abel.
Después de la desaparición de Arnulfo, se han realizado tres brigadas con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y se han encontrado ocho cuerpos enteros y otros restos humanos que están en proceso de identificación.
Si bien cuando se dio a conocer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se detonó la búsqueda ciudadana con los padres y organizaciones civiles, ahora se han hecho más colectivos y se ha incorporado a los trabajos la CNB.
“Hay una mejor coordinación y participación de las autoridades tanto estatales de la Fiscalía, que es la que debe acompañar en estos procesos de búsqueda para dar fe de los hallazgos y al mismo tiempo legalidad al trabajo que se realiza.
“Con la Comisión Nacional de Búsqueda hay un trabajo de coordinación. Y también la participación de las familias, que todavía en medio de ciertos temores y ciertas situaciones de no hacer tan pública su participación se ha podido avanzar”.
Colectivo Luciérnaga, una esperanza
El rastro de Norma se perdió en diciembre de 2017 en Cuautipan, una comunidad de Guerrero.
“Días antes de que sucediera todo nos comunicamos, quedamos que ella iba air a pasar Año Nuevo conmigo en Acapulco. De repente le estaba marcando y ya no entraba la llamada. Pasaron los días, llegó el 31, entonces ella no se comunicó ni nada, no llegó”, relata su hija, quien ahora tiene 20 años.
La desaparición de su mamá fue solo la primera de las adversidades que ha vivido desde entonces. Al acudir ante las autoridades para interponer una denuncia, la familia materna de la joven se encontró prácticamente con un muro, pues las autoridades les ponían muchas trabas.
La desaparición de Arnulfo Cerón causó indignación y organizaciones nacionales e internacionales condenaron el hecho, un mes más tarde su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina
Sin embargo, después de la desaparición de Arnulfo Cerón, el 11 de octubre de 2019, la situación cambió, pues la visibilidad que tomó el caso obligó a las autoridades estatales a involucrarse en la búsqueda de personas sin localizar, dice la joven.
Además, familiares se unieron y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan han creado el Colectivo Luciérnaga.
“El objetivo es encontrar a nuestros familiares a pesar de que lleven mucho tiempo desaparecidos”, dice la joven.
