El estado de Guerrero se quema por dentro.
A la ancestral pobreza y marginación, se le unen ahora la escala de violencia y el vandalismo. Pero sobre todo, la ausencia de diálogo y gobierno.
Los grupos de autodefensa, maestros inconformes, los ciudadanos hartos. Guerrero arde.
Ya en el 2006 se generó un problema social por el enfrentamiento entre autoridades de Oaxaca.
Conocida como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca coincidentemente surge de los grupos de disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Aunque en condiciones distintas, pues sus exigencias eran salariales y con un encono hacia el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ambos movimientos se fueron tornando violentos por la falta de pericia de las autoridades de atender sus peticiones o lograr un acuerdo con beneficios comunes.
Igual que en las pasadas semanas en Guerrero, en aquellos años se bloquearon negocios, los manifestantes se apoderaron de estaciones de radio para manifestar su inconformidad y grupos radicales de otros estados se fueron sumando a sus demandas.
Durante cinco meses en Oaxaca más de un millón 300 mil alumnos perdieron clases. En Guerrero no se ha llegado a eso todavía, pero cada día que pasa crece el conflicto.
Todo indica que ya están todos los ingredientes.
La pasada semana la inconformidad de los integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) llegó al límite.
Quemaron y destrozaron las sedes de los partidos. Fueron por todos.
Se salvó sólo el del Partido Nueva Alianza, pero todo indica que de haber estado a su paso también lo hubieran quemado. La molestia popular fue evidente.
Pero nada pasó. Un par de órdenes de aprehensión contra los líderes Minervino Morán y Gonzalo Juárez.
Las tres preguntas se quedan en el aire, sin respuesta. En el México en el que la nueva administración priísta se asegura que nadie estará por encima de la Ley.
Pero en Guerrero parecen estarlo, no sólo los inconformes. También las autoridades parece que ni siquiera existen.
Los responsables están en ambos bandos. Los afectados sólo en uno.
Los grupos de autodefensa
Les dicen los encapuchados. Se iniciaron en la Costa Chica de Guerrero, principalmente en el Municipio de Ayutla de los Libres. Poco a poco se unieron a ellos decenas de poblaciones más.
Se taparon el rostro para no ser reconocidos y se pusieron a hacer la labor que no hicieron durante años las autoridades.
Se autodenominaron la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPEG). Estaban cansados, pero decididos, a que lo que no hace la autoridad lo harían ellos, y así fue.
A principios del 2013, en un mes, lograron la detención de más de 50 presuntos delincuentes. Pusieron en evidencia a las autoridades estatales y locales. Actualmente no importa la policía local o estatal, hasta el Ejército cuida sus labores.
Los lugareños están felices con estos rebeldes que han logrado generar paz en una zona azorada por el crimen organizado. Les llevan de comer y cooperan para mantener sus rondines en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla y los poblados de Atocutla, El Mesón y otros más que se han unido al movimiento.
Ya empiezan a pedirles cuota de paso en las carreteras a los pasajeros del autobús urbano, a los que venden garrafones de agua, a los taxistas y repartidores de cerveza. Detienen a los vehículos con vidrios polarizados.
Aunque al principio tenían más aceptación, todavía la gente de ese olvidado paraíso guerrerense aplaude su aparición.
Sin embargo es evidente que no hay norma legal que ampare su labor.
Es tal el hartazgo por la delincuencia como lo es por las autoridades que, por encima de la ley, se hace justicia.
Una paradoja.
Maestros en pugna
Los maestros de la CETEG lo dejaron muy claro desde hace más de un mes. No están con la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La primera que no vio con buenos ojos ese proyecto fue la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
La otrora política intocable, hoy está tras las rejas. La oposición a la reforma educativa por parte de los maestros es porque no quieren ser evaluados.
Temen que eso termine con la era de privilegios en la que se han mantenido y por eso lo defienden hasta con los dientes. Si el Congreso local de Guerrero no legisla a su modo lo incluyen en la lista de adversarios a destruir.
Desde Semana Santa radicalizaron su postura bloqueando la Autopista del Sol por nueve horas afectando a miles y miles de vacacionistas. De ahí vinieron las marchas y otros bloqueos.
La Policía Federal intervino y los quitó en un operativo en el que, si bien se usó la fuerza pública, no dejó como saldo heridos y sangre.
Pero las manifestaciones no se han detenido. Por el contrario, han ido en aumento.
Ahora las autoridades aseguran que entre los manifestantes hay infiltrados de los grupos paramilitares, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Mientras que, por su parte, los disidentes magisteriales afirman que hay infiltrados, pero de la policía federal, armados y violentos, que repentinamente aparecen en sus movilizaciones.
Si bien, luego del ataque a las sedes de los partidos y la denuncia conjunta por parte de los líderes de esos organismos políticos, con la salvedad de Movimiento Ciudadano que atribuye todo a la “cerrazón federal”, se logró que los líderes de la CETEG aseguraran que los próximos días no habrá más protestas de ese tipo, nada puede garantizar que todo volverá al orden.
Pero los ciudadanos de Chilpancingo viven a la expectativa. Los maestros se sienten marginados y que nadie los escucha. El diálogo entre manifestantes y autoridades está roto.
El gobernador y sus secretarios no cumplen con su trabajo y el Gobierno federal espera con calma..
Combustión interna
Expriísta. Exgobernador. Ángel Heladio Aguirre Guerrero pertenece a la vieja casta tricolor. Su padrino político es el polémico Rubén Figueroa Alcocer.
Hoy es gobernador nuevamente, su primera etapa fue como interino luego de la matanza de Aguas Blancas.
Ahora, se dice de izquierda y lo llevaron al mandato los partidos de oposición.
Pero actualmente, desde que llegó, no deja espacio en su gobierno más que para la polémica. Y él ni se inmuta.
Ya con todos los problemas encima, el pesidente Enrique Peña Nieto le tendió la mano.
“Señor Gobernador, le reitero: el gobierno de la República estará en colaboración con su gobierno para hacer valer el Estado de Derecho y darle curso a las acciones que permitan mayor desarrollo para su Estado”, afirmó el mandatario federal, durante su participación en la Convención Nacional Bancaria, celebrada precisamente en el puerto de Acapulco, que se considera una de las ciudades más violentas del país.
Ésas fueron las palabras del presidente de la República.
Los ingredientes para un conflicto social, la paradoja de que violando la ley se garantiza la seguridad a los ciudadanos y la ausencia de castigo o llamadas de atención a los gobernantes que no cumplen su trabajo son una mezcla perfecta.
El estado que en su nombre lleva la estirpe de su gente, aunque los discursos quieran aparentar lo contrario, es un motor de combustión interna: la explosión se da por dentro.
