Una Ley vital

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados podría votar la nueva Ley General de Aguas, una regulación que permitirá a los particulares tener acceso a la concesión de servicios para la provisión de agua, así como para utilizar el recurso para otros fines, como el fracking.

El dictamen de la iniciativa será discutido por el pleno en San Lázaro, y desde su debate en comisiones tuvo mucha polémica, debido a la oposición de la izquierda, que argumenta se trata del primer paso para permitir la privatización del recurso.

Actualmente, la provisión de agua a la población se encuentra en manos del Estado. Se trata de un tema federal, en manos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y provisto directamente a los ciudadanos por organismos de agua estatales y municipales que son los encargados de proveer y cobrar por el servicio.

Esta situación podría cambiar si la nueva Ley es aprobada por el Congreso de la Unión.

Las bancadas de izquierda y organismos ciudadanos se han pronunciado en contra de la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales pues consideran que se trata de abrir la puerta a la privatización del servicio de agua.

La discusión del tema ocurrió de forma apresurada en San Lázaro. Apenas el 26 de febrero los diputados priistas presentaron la iniciativa y ya para el 3 de marzo, cinco días después, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos.

Al día siguiente, 40 organizaciones civiles y ciudadanos enviaron una carta a los diputados para pedir que el debate de esta Ley se abra a la sociedad.

“Queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos.

“La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares”, señala la misiva.

La ley

> La nueva Ley de Aguas Nacionales establece la obligación de los municipios de proveer el servicio de agua a los ciudadanos y señala que, para ello, podrá valerse de concesiones a particulares que pueda otorgar el Ejecutivo federal.

> En su artículo 65, la nueva legislación autoriza a los municipios a prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, “de forma coordinada y asociada, por sí, o a través del otorgamiento de concesiones”.

> Las concesiones para la “explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales”, tendrán una vigencia mínima de cinco años y una máxima de 30 años, y podrán ser objeto de prórroga por el mismo término, si se cumple con todos los requisitos.

> El proyecto de Ley establece una serie de castigos para quien incumpla las disposiciones legales y señala, en su artículo 258, que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.

> Dichas concesiones podrán transmitirse por herencia, es decir, por “vía sucesoria de las personas físicas”; por convenio; o por resolución judicial.