Una lucha sin tregua

> Michoacán: 
Ataque sobre ataque… 

En el estado que vive bajo la regencia práctica del enviado de Gobernación, Alfredo Castillo, el domingo disolvieron a balazos una manifestación pacífica que 500 personas realizaban contra el desempeño de la Policía Municipal. 

Esto sucedió en el municipio de Puréparo, y según trascendió en la prensa local y diario El Universal, tres personas resultaron heridas. 

El mismo diario informó que los manifestantes trataban de defenderse de la policía municipal que dicen comete abusos a sus derechos humanos, cobran piso a los comercios y provocan más violencia que la que supuestamente limitan. 

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que estuvieron involucrados policías del municipio y mediante su cuenta de Twitter la dependencia aseguró que  Fuerza Ciudadana se trasladó al lugar de los hechos y dejó todo “bajo control”. 

Fuerza Ciudadana es una corporación de seguridad michoacana que entró en funciones en agosto pasado, y sustituirá a la Policía Estatal Preventiva.

“Al momento todo regresa a la normalidad; se tiene conocimiento de policías municipales, no adscritos al mando unificado, involucrado en los hechos”, informa la SSP michoacana. 

El Mando Unificado incluyó a los autodefensas cuando se realizó la regularización este año. 

La violencia no ha dejado tregua en este estado que desde el 20 de junio de este año es gobernada por Salvador Jara Guerrero, quien sustituyó a Fausto Vallejo Figueroa, quien había pedido antes una licencia por enfermedad y fue reemplazado por Jesús Reyna. 

En total este estad ha tenido tres gobernadores desde el 23 de octubre de 2013. 

Desde la fecha de inicio del sexenio michoacano se han procesado a 140 funcionarios por peculado, conducta ilegal, relación con el narcotráfico y otros cargos. Sin embargo son poco los que han pisado la cárcel, hasta ahora, ya que se acogen a recursos legales de la justicia federal. 

> Guerrero:
Asesinato y represión   

Después del asesinato, a balazos, del secretario general panista en Guerrero el fin de semana, el partido azul rehusó asistir a un acto que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto hoy martes en la Cámara de Senadores. 

Por la muerte violenta del secretario general del PAN en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, hasta ahora no se han encontrado culpables ni  sospechosos. 

El acto al que no asistirán los panistas por el viaje que harán al funeral de su dirigente, será un reconocimiento al presidente Peña, propuesto por el perredista Miguel Barbosa, presidente del senado. 

Y mientras en Acapulco se organiza un homenaje al líder caído, un grupo de normalistas prendieron fuego en el exterior del Congreso de Guerrero, en Chilpancingo. 

La protesta es por el hecho sucedido el viernes, cuando presuntos pistoleros atacaron alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, lo que dejó cinco muertos, 25 heridos –uno con muerte cerebral– y 25 desaparecidos, segñun reportaron los normalistas.

Hoy planean otra protesta masiva en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, con el mismo objetivo de ver liberados a sus compañeros. 

> Tlatlaya: 
Militares juzgarán si fusilaron a  22 

La revista americana Esquire sacó a la luz una noticia vieja, que sin embargo no había trascendido. 

En lo que se había registrado como un enfrentamiento entre delincuentes y miembros del Ejército Mexicano, murieron 22 presuntos sicarios en lo que fue relatado como un fusilamiento. 

Después de que esta revelación acaparó medios internacionales, la Sedena informó que 25 miembros de las fuerzas armadas mexicanas, participantes en los hechos, fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y recluidos en la prisión de la primera región militar. 

Entre los procesados se incluye un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos ocurridos el 30 de junio pasado, en Tlatlaya, Estado de México.

Aunque el presidente Peña Nieto dijo que los hechos serían investigados por la PGR, la Sedena emitió un comunicado en donde aclara que la Procuraduría General de Justicia Militar lleva la investigación por la presunta responsabilidad en los juzgados de la Comisión de Delitos en contra de la Disciplina Militar, Desobediencia e Infracción de Deberes.

Más tarde aclaró que la investigación castrense es independiente a la que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los mismo acontecimientos, en donde, de acuerdo a una testigo presencial, los militares habrían ajusticiado a los 22 jóvenes muertos, después de que estos se rindieron. 

> Jalisco: 
‘Imprecisiones’ con trágico final   

La semana pasada se confirmó la muerte del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, y el caso sigue aún sin sospechosos ni culpables. 

Ahora las autoridades se defienden sobre lo que parece que pudo evitarse de haberse atendido a tiempo. 

Luis Carlos Nájera, fiscal general de Jalisco, y Alfredo Barba Mariscal, alcalde de Tlaquepaque, solo han prometido que trabajarán en mejorar sus sistemas para la detección de delitos.

Esto ya que a pesar de las cámaras que grabaron los hechos, no se persiguió a los sospechosos hasta que pasó suficiente tiempo para que huyeran.  

Y el secuestro trascendió a los medios casi al mismo tiempo que encontraron los cuerpos calcinados e identificados, en Zacatecas. 

Después de seguir la línea de investigación de confusión de vehículo o móvil de secuestro por recompensa, las autoridades de Jalisco admitieron que hubo imprecisiones que hicieron que se iniciara una persecución de los criminales hasta después de una hora de haberse registrado el levantón, según registro en las cámaras monitoreadas por la policía

La Fiscalía General de Jalisco atribuyó el no haber podido evitar el asesinato a “fallas de procedimiento y protocolo en la reacción de efectivos policiacos de Tlaquepaque, basándose en datos imprecisos, provocaran que se perdiera un tiempo valioso”.

Las imprecisiones fueron confundir la marca y el color del vehículo en donde subieron a los plagiados, principalmente, además de no acudir al lugar de los hechos a entrevistar a los testigos. Esto les dio tiempo de trasladarse a otro estado, en donde prendieron fuego al vehículo con el diputado y su asistente, dentro. 

Aún se desconoce el móvil, ya que nunca pidieron rescate. 

El hecho puso en evidencia la nula coordinación entre autoridades municipales, de Tlaquepaque, y del Estado de Jalisco, con las consecuencias trágicas ya conocidas.