Una muerte tras las rejas

Una negligencia médica acabó con el mayor soporte de una pareja de ancianos: su hijo, uno de los 31 jaliscienses detenidos y encarcelados desde hace casi dos años en Querétaro. 

Murió a causa de una supuesta infección en la boca que no fue atendida a tiempo por las autoridades carcelarias de aquel estado.

Eustolia Zaragoza, madre de Eduardo Rodríguez Zaragoza (fallecido en febrero pasado a los 40 años de edad), dice que hasta ahora las autoridades de Querétaro no han determinado la causa real que terminó con la vida de su vástago.

“No nos dijeron de qué falleció. Él murió por falta de atención”, relata la mujer, residente del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Mi hijo era soltero, era el que nos mantenía a nosotros dos, su padre y su madre, que ya somos mayores. Yo tengo 82 años y él (el papá), 85 años”, añade.

Eduardo Rodríguez era un albañil que en junio de 2013 fue reclutado por la empresa de seguridad privada, Primero Protección –ubicada en el municipio de Zapopan– para fungir como custodio de un predio en el poblado La Laborcilla, en Querétaro, que presuntamente pertenece a la familia Leaño Álvarez del Castillo.

Los Leaño Álvarez del Castillo son fundadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), una universidad privada de Jalisco con 80 años de existencia, y semillero de miembros del grupo de ultraderecha Tecos.

Para consolidar la UAG en el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, la familia Leaño Álvarez del Castillo se valió del despojo de tierras a varios ejidatarios en la pasada década de los 80.

Lo mismo pretendió hacer con los ejidatarios de La Laborcilla, en el estado de Querétaro. Para eso echó mano de la empresa Primero Protección, del empresario local Sergio Guerra.

Con el número de autorización DGSP/12/2079, la compañía ofrece servicios de seguridad privada a personas, en bienes y se especializa en el blindaje de vehículos.

En julio del año pasado obtuvo un contrato por 4.1 millones de pesos para blindar cinco automotores del Gobierno de Jalisco.

En junio de 2013, Primero Protección contrató a una treintena de varones jaliscienses para resguardar durante un mes, a cambio de un sueldo de 6 mil pesos a cada uno, el predio en La Laborcilla, colindante con el exclusivo fraccionamiento El Campanario, en la capital de Querétaro.

Tras una breve capacitación, la empresa dotó sólo de un gas y un tolete a los guardias inexpertos, quienes al llegar a La Laborcilla fueron agredidos por los ejidatarios.

En la trifulca pereció Heriberto Salinas Galván, hijo de Trinidad Salinas, uno de los dirigentes ejidatarios.

Por esa muerte, el gobierno queretano del priista José Eduardo Calzada Rovirosa, inculpó a los 31 jaliscienses de homicidio de Salinas Galván, así como de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Eduardo Salinas Galván y de Ubaldo Machado Montes.

Reporte Indigo dio a conocer en noviembre del año pasado que en el expediente de los detenidos existen varias anomalías.

Como el hecho de que las autoridades de Querétaro aseguraron que los 31 dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio, que determina si una persona accionó un arma de fuego.

Para el gobierno de ese estado, todos ellos dispararon el arma, la cual tampoco fue presentada como prueba, como lo muestra el mismo amparo que les fue negado.

“Resulta ineficaz el dicho de los quejosos, respecto que no es cierto que fueron dotados de armas, tan es así que no se localizó en el lugar de los hechos ni en sus personas, ninguna arma de fuego”, según el juicio de amparo 1374/2013-II, resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro.

Sin acceso

En enero pasado, Eustolia supo que su hijo se encontraba grave de salud. Fue a verlo. Pidió a las autoridades del penal de San José El Alto, en Querétaro, que lo trasladaran a un hospital.

Para entonces, Eduardo presentaba una fuerte infección sobre el paladar. Sus compañeros de celda habían presionado antes a las autoridades locales para que el reo fuera atendido. Nada sucedió a tiempo.

“Duró todo enero enfermo. A uno de los internos lo amenazaron para que no dijera nada sobre su enfermedad, le dijeron que lo iban a castigar. 

“Yo cuando fui a verlo, sólo tenía paracetamol y un spray que compraron los mismos internos. Cuando estaba ya en el hospital nunca le dijeron qué tenía”, narra la madre.

Corría febrero, y en la clínica le dijeron a Eustolia que su hijo sería dado de alta; ella aún lo notaba enfermo. A finales de ese mes, el hombre de 40 años falleció. 

La versión oficial de la muerte fue un cáncer que presuntamente padecía desde que ingresó al reclusorio.

“No es cierto. Mi hijo cuando llegó al penal no estaba enfermo. Tenía dos años presos y según me dijeron sus compañeros, fue una infección que agarró ahí. Como nunca fue atendida, le salió un grano arriba en el paladar que se le complicó.

“Él tenía ese grano en el paladar, cuando yo lo vi ya no podía ni hablar (…) ¿Cáncer? No puedo decir que fue eso porque nunca me han dicho sobre su enfermedad”, agrega la mujer.

A casi dos años del acontecimiento que cambió la vida de una treintena de familias de Jalisco, el caso sigue en suspenso y las autoridades de Querétaro han sido herméticas con la información, de acuerdo con los propios familiares

“Yo incluso iba a verlo, ya íbamos en camino cuando me avisaron que ya se había muerto. No tenemos noticias de cómo fue su muerte ni nada, hasta hay versiones de que ya lo habían trasladado muerto del penal al hospital”, detalla Eustolia. 

¿Y el gobierno de Jalisco?

Antes que concluyera 2014, un juez de primera instancia absolvió a uno de los involucrados: Adrián Isaac Sánchez González, un joven de 33 años, del que, según el juzgador, no se encontraron elementos para enjuiciarlo.

Entonces el Gobierno de Jalisco, a través de David Hernández, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, tomó el caso en sus manos.

Nombró a un nuevo defensor de los inculpados y ofreció un halo de esperanza a las familias afectadas.

El miércoles pasado, las familias sostuvieron un diálogo con autoridades estatales; ahí entregaron una carta firmada por los detenidos.

“En la carta le dicen al gobernador que no hay algo concreto con su gobierno; el abogado que nos habían puesto, Antonio Covarrubias, no ha ido a Querétaro, dice que espera respuesta del nuevo amparo”, refiere Roxana Manzo, madre de uno de los muchachos.

De acuerdo con la mujer, nueve de los reclusos han solicitado un nuevo amparo, el cual está por definirse.

Claves del caso

Una situación laboral se tornó en el 2013 en una pesadilla para más de 30 familias de Jalisco:

> 31

varones jaliscienses fueron detenidos por el gobierno de Querétaro, acusados de homicidio

> 1 

gas y un tolete fue lo único que recibieron por parte de la compañía

> 6,000

pesos al mes prometió pagarles la empresa Primero Protección, que los capacitó como guardias privados para cuidar un terreno.

> 1 

persona murió tras suscitarse una trifulca entre ejidatarios y los guardias jaliscienses

1 

amparo negado a los detenidos; el juez determinó que las pruebas de presencia de pólvora dieron positivo en todos ellos