Una oficina de transparencia… y de campaña
Poco a poco se arma el rompecabezas sobre el gasto real del gobernador en su campaña del 2012 por el puesto que hoy ocupa.
La Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara fue un búnker más de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Los regidores de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia penal contra Nancy Paola Flores, titular de la dependencia, y quienes resulten responsables de haber girado la orden de que se hiciera uso de empleados del municipio en la campaña del hoy gobernador.
Ángel Plascencia
Poco a poco se arma el rompecabezas sobre el gasto real del gobernador en su campaña del 2012 por el puesto que hoy ocupa.
La Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara fue un búnker más de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Los regidores de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia penal contra Nancy Paola Flores, titular de la dependencia, y quienes resulten responsables de haber girado la orden de que se hiciera uso de empleados del municipio en la campaña del hoy gobernador.
“Desde agosto de 2012 conocimos por la Revista Proceso que había una denuncia en la Unidad de Transparencia por el mal uso de las funciones públicas, por abandonar el servicio público y por desvío de recursos personales a la campaña de Aristóteles Sandoval, en particular por la titular, quien contrató a siete personas para que hicieran trabajo político en las colonias de Guadalajara. ”, indicó María Candelaria Ochoa Ávalos, regidora de Movimiento Ciudadano.
Pero el actual alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, ya adelantó que la titular de transparencia no será destituida a pesar de los señalamientos en su contra.
“No creo que exista sustento (para la separación), porque si todas las denuncias penales que se presentan implicaran responsabilidad a quien están afectando, imagínense. No, estaremos esperando los resultados de la investigación y del procedimiento (…), mientras no haya resolución no podemos juzgar a nadie”, señaló el alcalde.
Además, se corren rumores de que justamente Nancy Paola Flores suena como una de las candidatas a convertirse en presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
De esta forma no solo se protegería su labor, sino que además sería premiada, aunque exempleados de la Unidad de Transparencia, como Cecilia Isabel Ayala Dávalos, denuncian el trato discrecional de la información pública que hace la funcionaria.
Reporte Indigo presentó en varios reportajes durante los procesos electorales, que en las campañas del PRI se invirtieron recursos humanos y materiales del ayuntamiento tapatío a favor del entonces candidato al gobierno de Jalisco.
Fueron varias las oficinas -como el área de Coordinación de Tecnologías de la Información- que usaron a su personal para trabajar en labores proselitistas.
Incluso hubo contrataciones de empleados en los meses de febrero y marzo de 2012 para poder cubrir a cabalidad con una difusión oficial de la imagen del hoy gobernador.
La punta del iceberg
La regidora de Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa Ávalos, de la Comisión de Transparencia en el cabildo de Guadalajara, señala que si así está esta dependencia, no le sorprendería encontrarse con más subcontrataciones en otras de mayor tamaño.
“La Unidad de Transparencia contrató a siete personas, de las cuales despidió a cuatro (…) nosotros pedimos una información para que nos entregaran cuántas personas había contratado el DIF de manera temporal de abril a julio, y no tenemos esa información todavía”, indicó Ochoa Ávalos al respecto.
El caso del despido injustificado de Cecilia Isabel Ayala Dávalos derivó en la entrega de documentación a los regidores de Movimiento Ciudadano, donde la exempleada acreditó la participación de personal de la Unidad de Transparencia en actos proselitistas.
“Se reunió Salvador Caro con Cecilia Isabel Ayala Dávalos para levantar su testimonio, ella nos trajo información muy importante: correos electrónicos y algunos documentos con reportes de personas en las colonias con su sección electoral muy ubicada y pues la habían convencido de votar por el PRI”, declaró la regidora de MC.
Por su parte la exempleada del Auntamiento, cuyo caso ha sido expuesto en al menos dos ocasiones en reportajes de este medio (véase ITEI tiene sus propias reglas, del primero de abril), indicó a detalle cómo vivió las campañas desde su puesto de funcionaria:
“Yo estuve ahí y fui parte de ese proselitismo. Mi actividad consistía en generar los formatos electrónicos durante mi horario de trabajo y esos reportes electrónicos contenían aquellas colonias, cuadras, calles que se visitaban un día anterior.
“Yo tenía que alternar el tiempo para darle los reportes diario porque ella los entregaba a un tercero, yo se los remitía de mi correo a su correo de funcionaria pública”, señaló Ayala Dávalos.
Bodega de campaña
Con la declaración de Ayala Dávalos en la denuncia –recibida en el fiscalía el pasado miércoles 17 de abril- como con lo que señala en entrevista realizada por este medio, se pueden reconstruir las formas en que operaba esta red de funcionarios.
“Los (empleados) supernumerarios eran los más obligados, porque estamos condicionados; te digo que éramos de los últimos.
“Yo no soy militante de ningún partido, yo no tengo compromiso con ningún partido (…) una función pública, un tiempo de unas horas de trabajo por el cual nos pagaron, lo dedicábamos a actividades a favor del aquel entonces candidato del PRI, ahora gobernador.
“Ahí en la Unidad de Transparencia estaban todos aquellos souvenirs que se repartieron entre la ciudadanía: cachuchas, bolsas para el mandado, comales, vasos, paraguas, etcétera. Ahí estaban; ella (Nancy) mandaba personal de la Unidad de Transparencia para que fueran a traerlos”, señaló la exfuncionaria.
Por otro lado, la respuesta de Nancy Paola Flores cuando la regidora María Candelaria Ochoa Ávalos le pidió que fuera a su oficina, fue negativa, simplemente no se quiso presentar.
Y la experiencia del retraso en el juicio laboral de Cecilia Isabel Ayala Dávalos se ha debido a un “capricho” de Nancy, según indica la exfuncionaria, pues el Ayuntamiento de Guadalajara podría ahorrarse el pago de una costosa indemnización y sus salarios caídos si ya hubieran llegado a un acuerdo.
Pero Nancy Paola Flores incluso ha detenido pagos que le iban a ser otorgados a Ayala Dávalos por su salida.
Ahora, a pesar de que Ayala Dávalos fue la que denunció desde hace meses la destrucción masiva de archivos (véase Transparencia hecha pedazos ,del 5 de septiembre de 2012), ella es acusada por la Contraloría Municipal; y la denuncia de la exempleada simplemente la archivaron.
“A Contraloría yo le digo que si ellos decidieron que yo soy acreedora a un juicio de responsabilidad administrativa, yo le voy a hacer frente porque no tengo nada que esconder, pero porqué no se interesan en iniciar una investigación de la destrucción de archivo, son casi 8 mil expedientes, si eso hizo en un archivo de Unidad de Transparencia, ¿qué podemos esperar en ITEI?
“Nancy es corrupta, Nancy es opaca y eso yo lo viví, y yo lo demuestro, no solamente lo hablo, lo acredito”, señaló Ayala Dávalos.
Y es que tanto la regidora de Movimiento Ciudadano como la exempleda coinciden en que el trabajo de la Unidad de Transparencia de Guadalajara ha sido mediocre, incluso cómplice de la opacidad, pues se han registrado casos de solicitudes de información a las que no se le da procedimiento o de actores que esconden información y son excusados por la propia Unidad de Transparencia.
Ayala Dávalos reitera la vulnerabilidad en que se encuentra un exempleado del Municipio y un ciudadano común cuando se enfrenta a esta red de complicidades en el área de transparencia de Guadalajara:
“Si quieren seguir defendiendo a servidores públicos de ese perfil, adelante, ahora sí que un ciudadano ordinario como yo, no tiene más voz ni más fuerza que un Municipio”, concluye Ayala Dávalos.
Fiscalización por ‘encimita’
El 27 de febrero pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) presentó los dictámenes de la fiscalización de los gastos de los partidos en las pasadas campañas electorales.
El PRI se hizo acreedor a dos multas que en total sumaban más de 676 mil 278.84 pesos, por unos detalles de imprecisiones en transacciones bancarias. Pero de los gastos del gobierno a las campañas, no se dio ningún resultado.
“Todos fuimos testigos de que se compraron votos al por mayor y sin embargo, pues desafortunadamente la autoridad, que era la encargada de investigar, no lo hizo, entonces pues lo lamento muchísimo.
“Nosotros quisiéramos que la autoridad electoral ya tomara cartas en el asunto porque lo que consideramos es que no es un caso aislado la Unidad de Transparencia”, indicó la regidora María Candelaria Ochoa al respecto.