Una reforma recaudatoria

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo ha dicho con todas sus letras, los cuatro ejes que perseguirá su iniciativa fiscal se encarrilan a aumentar la recaudación en 50 mil millones de dólares, es decir, cuatro puntos porcentuales del PIB.

Para ello propondrá aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta un techo de 17 por ciento.

Además de aplicar un IVA de 5 por ciento a medicinas y alimentos, exceptuando algunos productos de la canasta básica como frijol y tortilla así como los medicamentos de uso frecuente.

Así como un aumento especial de 20 por ciento para los refrescos, pese al fuerte cabildeo que ya realizan estas empresas en el Congreso.

También se plantea llevar la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas físicas y empresas hasta 37 por ciento, como techo máximo para los que más ganan y un gravamen especial del 10 por ciento a las ganancias de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sobre todo las inversiones en el mercado de capitales.

Se tiene previsto suprimir, ahora sí, los regímenes especiales que permiten a muchos contribuyentes pagar menos impuestos mediante subsidios o al diferir el pago del ISR hasta por cinco años.

También se estima que la iniciativa de Peña Nieto eliminará las devoluciones fiscales que siempre reclaman las grandes empresas manufactureras de bienes.

El pretexto de estas compañías para solicitarlo, es que compran insumos con IVA, pero sus productos llegan al consumidor final con tasa cero.

En el borrador del documento que este domingo entregará a la Cámara de Diputados como parte de su paquete económico, se propone también regularizar el pago de impuestos de los pequeños contribuyentes.

Sobre todo porque la evasión fiscal que se registra en este sector es superior al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La reforma anunciará incentivos para que muchas personas y empresas que hoy transitan en el sector informal pasen a la economía formal.

El gobierno también buscará mediante incentivos que empresas y personas de la economía informal a la formal, pues la primera le resta al país unos 4 puntos del PIB, según cifras de la Secretaría del Trabajo.

La propuesta peñista deberá enfrentar no solo al Partido Acción Nacional (PAN) en su propuesta de generalizar el IVA -a lo que se opuso 12 años atrás-sino también a la negativa sistemática del PRD de gravar medicinas y alimentos.

El cabildeo con estas dos fuerzas políticas deberá mediarse, pues aunque son integrantes del Pacto por México esto no garantiza la aprobación sistemática a la iniciativa por parte del Congreso.

Reducen familias gastos domésticos

A julio de este año, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicó en 45 mil 659.4 millones de pesos, lo que representó una caída anual de 6.94 por ciento en términos reales, según las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De cada tres pesos de  los ingresos tributarios no petroleros que recibe el país, uno de ellos corresponde al IVA.

Este impuesto representa la economía interna ya que está muy ligado al consumo local. Su baja solo demuestra que las familias mexicanas han reducido sus gastos ante la desaceleración económica del país.

Los empresarios están a favor del IVA

Si bien los empresarios no han externado todavía una posición oficial ante un posible aumento al ISR, sí apoyan el cobro de un IVA del cinco por ciento para alimentos y medicinas.

Al menos eso es lo que ha dicho públicamente Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Quizá acepten el nuevo gravamen si el gobierno les asegura la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Tan es así, que el sector privado entregó al gobierno una recomendación  para tener un ISR con un impuesto mínimo de control, pero con la previa desaparición del IET, o bien un gravamen alternativo con base en flujos de efectivo para las micro y pequeña empresas.

Incluso, pone sobre la mesa la posibilidad de que se establezca un impuesto sobre el ingreso cobrado.

Es decir, establecer una tasa del uno por ciento sobre los ingresos cobrado, para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 20 millones de pesos.

Cuatro ejes

1. Fortalecer la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno.

2. Incrementar la progresividad del sistema impositivo, que quien gana más pague más.

3. Simplificar el sistema.

4. Combatir la informalidad