En México existen pendientes en materia jurídica y de coordinación para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, también llamadas lavado de dinero.
Uno de los pasos para avanzar en la materia, ocurrió en días recientes, durante la reunión que mantuvieron funcionarios del gabinete federal de seguridad e integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En dicho encuentro, ocurrido en San Luis Potosí la semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio con los gobernadores de la Conago para establecer vínculos que propicien un intercambio de información sobre los posibles casos de lavado de dinero que se registren en las entidades.
El acuerdo para la coordinación de la UIF con las UIPES fue firmado en la LXI Reunión Ordinaria de la Conago, en San Luis Potosí
Con este acuerdo, se busca que las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES) de los estados participen de manera más activa en la persecución de las operaciones con dinero obtenido de manera ilícita.
Sin embargo, entre los desafíos más grandes se encuentran que algunas entidades del país no cuentan con el tipo legal referente al lavado de dinero y al menos 10 estados no tienen UIPES.
Para Jorge Lara Rivera, exsubprocurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República –hoy FGR– es fundamental que las administraciones estatales se sumen a la tarea de perseguir el lavado de dinero.
“Este tema es muy importante para mí porque yo fui el que propuse en 2011 este sistema de coordinación. Partimos de que toda la inteligencia federal cae en la UIF pero en tema de lavado de dinero hay tipologías y procesos que se hacen por fuera del sistema financiero, estoy hablando de actividad inmobiliaria, compraventa de vehículos, joyas, obras de arte, todo lo que muchas veces no está dentro del radar federal de la UIF”, explica.
El también académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales agrega que en otros países la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita se hace mediante fiscalías estatales o subregionales, por lo que el convenio firmado entre la UIF y los gobernadores abre la puerta para que el sistema de inteligencia financiera enfocado en el antilavado se fortalezca.
Lara Rivera expone que las UIPES podrían acercar a las fiscalías nuevos casos de lavado de dinero para que se investigan y, a su vez, apoyar a la UIF cuando indague expedientes de este ilícito a nivel federal mediante la observación en campo; es por ello que el intercambio de información puede beneficiar a combatir esta problemática.
Santiago Nieto ha entendido correctamente la necesidad de complementar. Hoy vemos que el lavado de dinero se ha diversificado en diferentes actividades y muchas caen dentro del radar o de la información de los estados; entonces, el reto es saber qué le corresponde hacer a cada quien pero que al final del día es importante que exista una coordinación entre todos estos elementos
El intercambio de información, además de tener como objetivo la persecución del lavado de dinero, también tiene el enfoque de detectar casos de corrupción, comenta Salvador Díaz de León, presidente de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Económicos (ASPLDE).
Es necesario homologar la existencia de estas dependencias, porque hoy en día existen UIPES en fiscalías locales, secretarías de finanzas, en instancias de seguridad e incluso hay estados que todavía no habían creado sus unidades, creo que es importantísimo unir criterios, operación y tecnologías para que la UIF pueda procesar, conocer y diseminar esta información
UIF y Fiscalía, una tensa relación contra el lavado de dinero
Mientras la UIF abre caminos para la coordinación con los estados, su relación con la Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido la esperada en cuanto a resultados.
El titular de la Unidad, Santiago Nieto, se ha caracterizado por informar de manera constante el congelamiento de recursos relacionados con ilícitos o las pesquisas en las que participa el área a su cargo.
En febrero pasado, Reporte Índigo reveló que de las 164 denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la FGR durante el 2019 solamente una fue judicializada.
Desde que dio inicio la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF se convirtió en uno de los brazos para combatir la corrupción y seguir la ruta del dinero perteneciente a grupos de la delincuencia organizada.
Sin embargo, la relación entre la UIF y la FGR se tornó tensa desde los primeros meses del actual gobierno. Alejandro Gertz Manero, fiscal general, ha expresado su desacuerdo con la forma en la que Nieto Castilla divulga los casos que investiga, al argumentar que esa acción puede violar la presunción de inocencia de las personas investigadas.
La falta de coordinación entre ambas instancias tiene consecuencias en la eficacia de perseguir el lavado de dinero y otros delitos de defraudación fiscal, opina Jorge Lara.
“No se ha entendido bien que es muy importante que trabajen de manera conjunta tanto UIF como Fiscalía y los demás elementos de la constelación institucional como la CNBV, la Procuraduría Fiscal y las distintas áreas dentro de la misma FGR”, concluye el exsubprocurador.
