Los 140 planteles que actualmente integran el Programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJ) fueron aprobados en medio de opacidad, precarización laboral, despidos injustificados y falta de infraestructura educativa a pesar de ser uno de los 17 programas prioritarios del Gobierno federal.
De acuerdo con las autoridades, se planteó como una alternativa de educación superior gratuita para quienes no tienen posibilidades de acceder a alguna institución de ese nivel, principalmente en las zonas más pobres y rezagadas del país.
El proyecto comenzó en el 2019 y, desde entonces, se le han destinado casi 3 mil millones de pesos (mdp) en el Presupuesto de Egresos de la Federación: 957.6 mdp en ese mismo año, 987.4 en el 2020 y también 987.4 en el 2021.
Hasta marzo pasado, 28 mil 087 estudiantes y 992 docentes se habían incorporado al programa en 36 carreras que se imparten en 140 sedes en todo el país, de acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en ese entonces.
Las evaluaciones realizadas durante su primer año de operación revelan que empezaron de manera improvisada en sedes provisionales e, incluso, sin que todas las carreras tuvieran la certificación y validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Según la información oficial, 19 de las sedes de Universidades para el Bienestar ya estaban en funcionamiento desde el 2016 como parte de las Universidades de Morena, mientras que las nuevas comenzaron a operar en instalaciones prestadas por ayuntamientos, comunidades e instituciones que incluso fueron gestionadas por los propios maestros.
Sin embargo, a casi tres años de ser constituidas, problemas como la falta de infraestructura educativa persisten.
Por ejemplo, en el plantel ubicado en Iztapalapa, donde se imparte la Ingeniería en Gestión Integrada del Agua, la sede está en un centro prestado por la alcaldía debido a que aún no está terminada la universidad.
Además, en otras como en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el inicio de clases previsto para el pasado 23 de agosto, se postergó hasta nuevo aviso debido a la reorganización y planeación docente, según la información enviada a los alumnos.
Docentes sin contrato en Universidades para el Bienestar
Este ciclo escolar 2021-2022 también inició en medio de la polémica por el despido masivo de profesores, pese a que algunos llevaban varios años trabajando y tienen una amplia trayectoria académica y estudios de posgrado en universidades como la UNAM.
Lo anterior exhibe la precarización laboral en la que se encuentran los cientos de docentes que son la base de las UBBJ, pues no cuentan con ningún tipo de prestación laboral e, incluso, carecen de seguridad social pese a trabajar de manera presencial durante la pandemia de COVID-19.
Alrededor de 70 docentes y asistentes académicos de diferentes sedes del país que fueron separados de su trabajo integraron la “Asamblea de las y los trabajadores despedidos de las UBBJ” y acusan que fue de manera injustificada, sin previo aviso y además se les retuvo su último pago con la condición de que firmaran un convenio que violaba sus derechos.
De acuerdo con datos de la Asamblea, el 60 por ciento de los afectados cuenta con maestría, el 24 por ciento con estudios de doctorado y el 6 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además de tener experiencia en el trabajo comunitario, por lo que cumplen con el perfil.
En el documento, los docentes expresan que dentro del ámbito de su desempeño profesional han cumplido cabalmente con las funciones asignadas y han trabajado arduamente en múltiples funciones que trascienden su perfil profesional, así como realizado actividades complementarias de gestión, administración y provisión de recursos.
“Soy resultado de esta educación pública y sentía este compromiso moral y social con la universidad y para mí era la mejor manera de retribuir a la sociedad lo que había invertido en mi educación pública”, relata Guadalupe Ortiz, profesora despedida del Plantel Iztapalapa, quien realizó estudios de licenciatura y maestría en la UAM Xochimilco; con especialidad en la Universidad de Antioquía, en Colombia; y de doctorado en la UNAM.
Debido a las violaciones laborales, las y los profesores afectados demandan el cumplimiento de ocho puntos en un pliego petitorio entre los que se encuentran el reconocimiento a la relación laboral, su reinstalación y seguridad social conforme marca la Ley.
Sobre el tema, Raquel Sosa, titular del Organismo Coordinador de las UBBJ, ha dicho que no existen los despidos, ya que los profesores no cuentan con contratos, sino que cada seis meses se les renuevan sus convenios como lo instruyó la Secretaría de la Función Pública.
La responsable de las Universidades para el Bienestar también ha explicado que debido a que el programa se conforma de subsidios, no pueden entregar prestaciones laborales a los beneficiarios, ya que esa es la condición del programa, el cual funciona muy bien.
Pero los profesores piden transparencia y que se respeten sus derechos laborales.
“Hacer un llamado a las autoridades, desde la Presidencia hasta las distintas Secretarías de gobierno como la del Trabajo, la Secretaría de Educación, que volteen a ver qué está pasando, esto es indicador de que algo no está funcionando bien y que es necesario replantear hacia dónde va la Universidad, sigo apostando a que es un proyecto importantísimo, pilares del presidente”, señala la maestra Guadalupe.
