El tiempo se agota. Las muestras biológicas del cuerpo de Ángela Saucedo para determinar la causa de su muerte tienen fecha de caducidad de 10 meses, es decir, el 28 diciembre de 2020.
La adolescente de 15 años de edad ingresó a Casa de Rescate Jesús Salva A.C., un centro de rehabilitación irregular en el municipio de Santa Catarina administrado por un pastor y una pastora cristianos, el 11 de febrero de este año. El día 28 de ese mismo mes le avisaron a sus papás que no podía respirar y cuando llegaron al lugar ya había fallecido.
A ocho meses, los padres de Ángela, Alejandra Elizondo y Joel Saucedo; su abogada, Paulina Ambriz, integrante de Documenta A.C., y activistas de la Asamblea Feminista Nuevo León que acompañan el caso evidencian la inacción de Eduardo Gómez Castillo, anterior fiscal a cargo del caso; Porfirio Díaz Torres, director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León; y Griselda Núñez Espinoza, fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).
El caso de Ángela se investiga como homicidio doloso aunque al inicio se catalogó como muerte natural. La fiscalía tardó cerca de mes y medio en presentar la necropsia, la cual arrojó que había sido medicada con clonazepam cuando ella no tenía ninguna prescripción.
“Por mencionar que era una muerte natural por un infarto, las autoridades son omisas al realizar protocolos ante la muerte violenta de una mujer”, mencionó la abogada de Documenta A.C.
Las irregularidades en caso Ángela Saucedo
Hay indicios de que Ángela Saucedo pudo ser víctima de violación sexual en Casa de Rescate Jesús Salva A.C. Una de las mujeres que estaba internada en el centro de rehabilitación denunció al pastor por este acto y la fiscalía lo detuvo; actualmente está en proceso pero podría obtener la libertad condicional.
“Se ubican diversas anomalías dentro de la investigación, pues ante la necesidad de poder recabar entrevistas uno de los grandes errores que existieron fue mencionar que no se les iba entrevistar a las chicas que también se encontraban dentro del centro debido a que el dicho de una persona usuaria de drogas no tenía valor. Esta es una situación que causa un gran estigma y también una revictimización a los familiares”, señala la abogada Paulina Ambriz.
La Fiscalía es la única que puede realizar los peritajes para determinar la causa de muerte de Ángela, quien tenía diabetes tipo 1 desde los 6 años y requería insulina cuatro veces al día. Sin embargo, se niega a reclasificar el caso con perspectiva de género, argumenta la falta de recursos y hasta ha pedido a los familiares guardar silencio.
“En agosto fue que se hizo público esto. Con anterioridad, el fiscal que llevaba el caso decía que no se contaba con el equipo pero ya nos lo confirmaron en septiembre que no se contaba con lo necesario para dictaminar la causa de muerte”, expresa Alejandra Elizondo, madre de Ángela.
El 10 de noviembre, Jhonny Delfín Carmona fue designado como nuevo fiscal del caso.
