"Nos suben a las patrullas y nos dan vueltas por Gonzalitos y Morones Prieto, también nos quitan los celulares… Y bueno, llegamos a la Policía de la zona sur y nos ponen la cara contra la pared"
mensaje político"Empezamos a preguntar: ‘¿Por qué delito nos tenían aquí?’, y los de Fuerza Civil nos decían que por delincuencia organizada"
La violencia criminal siempre impulsa a las autoridades en turno a tomarse atribuciones legales y armadas para combatirla.
Y en Nuevo León existen señales de que al aumentar sanciones penales contra la delincuencia organizada, las autoridades utilizan estas penas para reprimir a civiles que nada tienen qué ver con la criminalidad.
Es decir, el riesgo del uso de nuevas atribuciones con fines políticos.
Como el hecho de que corporaciones policiales utilizaron el delito de delincuencia organizada como un instrumento de represión en contra de un acto de manifestación política y pacífica contra el Gobierno del Estado.
Como lo denuncian los jóvenes estudiantes detenidos por colocar, el pasado 14 de octubre, mantas criticando a la administración estatal de Rodrigo Medina, o sea un día antes de su Quinto Informe de Gobierno.
Los universitarios narran en exclusiva para Reporte Indigo cómo Fuerza Civil siempre los acusó verbalmente del delito de delincuencia organizada.
Y piden el anonimato por temor a otra represión.
Los estudiantes fueron retenidos por 20 horas en el cuartel de Fuerza Civil de la zona sur, en la Colonia Independencia, y en el edificio de la Policía Ministerial, sobre la avenida Gonzalitos.
“Ahí nos tuvieron y no podíamos preguntar nada.
“Estuvimos parados y nos comenzaron a decir que éramos ‘Zetas’ o ‘halcones’.
“Nos cuestionaban quién era nuestro líder, como si fuéramos de la delincuencia organizada”, cuenta Carlos, uno de los estudiantes detenidos.
Junto con él, otros 23 jóvenes estuvieron incomunicados, de pie por horas, sin alimentación, sin defensoría legal y bajo presión psicológica por la acusación verbal de delincuencia organizada, mientras les definían su situación legal.
“Empezamos a preguntar: ‘¿Por qué delito nos tenían aquí?’, y los de Fuerza Civil nos decían que por delincuencia organizada.
“Entonces, como había varios que estudian leyes, comenzamos a cuestionar, que era una manifestación pacífica contra el gobierno y no delincuencia organizada, entonces los de Fuerza Civil nos cambiaron su versión y nos decían que era por alterar el orden”, explicó Carlos.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su Artículo 16 de la Constitución, párrafo séptimo, permite al Ministerio Público estatal retener a la persona hasta por 48 horas, para ponerlo en libertad o a disposición de una autoridad judicial.
Pero este plazo puede duplicarse hasta 96 horas, en caso que se prevea vincular a proceso al detenido y que éste tiene una relación con la delincuencia organizada.
Además, al sospechoso se le podrá restringir la comunicación y poner medidas de vigilancia personal, por lo que los uniformados estatales en Nuevo León lo aprovecharon como una medida de represión.
Abogados consultados por Reporte Indigo aseguran que las policías estatales pueden vincular al proceso un grupo de personas por el delito de delincuencia organizada, pero tendrían que obtener la confesión del sospechoso, o comprobar la relación con un grupo delictivo.
Motivo por el cual los elementos de Fuerza Civil buscaron por todos los medios obtener una confesión de los estudiantes, lo que podría haberlo perjudicado para toda su vida.
“De una u otra manera, nos querían presionar para decir algo que nos perjudicara. Y yo sólo decía que era una manifestación, solamente. Ellos te quieren perfilar para relacionarte con un grupo delictivo.
“Nos toman foto y video… y nos gritan: ‘¡Ya salva tu pellejo!’ Entonces volvía a preguntar: ‘¿Cuál es el delito que cometí?’, y no te contestan nada, sólo te detienen y ya, sin explicar nada.
“Te dicen que vas directo al Penal, y como te digo, hay mucha presión psicológica por horas. Y una persona débil de mente cae”, explica Alberto, otro estudiante detenido.
El agente del Ministerio Público hace mancuerna con las intimidaciones de los elementos policiales y sólo se limita a decir que el delito es: “Por lo que resulte”.
En el nuevo Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 20, apartado “A”, señala que en todo proceso de orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar.
“Queda prohibido y será sancionada la persona por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta al Ministerio Público o del Juez, o ante estos sin la asistencia de un defensor, carecerá de valor” dice el texto.
Otro beneficio que tiene el acusado está plasmado en el Artículo 163: “El inculpado que se encuentre detenido, incluso ante la Policía, tendrá derecho a entrevistarse previamente con su defensor, desde el inicio de su detención”.
Por ello, abogados consultados indican que en México tenemos doble justicia penal, un sistema general garantista y democrático como es el Código de Procedimiento Penal, y otro parcialmente acusatorio como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La Policía de Nuevo León sabe que imputar el delito de delincuencia organizada le permite interrogar a placer a la persona sin ninguna garantía, lo cual cae en el abuso de autoridad.
Otro caso en el cual denuncian la utilización de este delito para reprimir, ocurrió el pasado 10 de octubre, con la detención del periodista Julio César Dávila, por tomar fotos a unidades oficiales mal estacionadas de la Procuraduría de Justicia estatal.
Dávila fue acusado por el delito de “Halconeo”, por elementos de la Policía Ministerial, quienes lo retuvieron en la Casa del Arraigo d el centro de Monterrey.
Los agentes presionaron al reportero, le dijeron que tenían “pruebas” de que trabajaba como espía para la delincuencia organizada.
Pero Dávila siempre lo negó y salió del arraigo.
En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el arraigo de una persona puede ser de hasta 45 días y podrá extenderse sin pasar los 80 días, pero en el caso de Julio fueron tres días.
El representante legal del periodista no quiso hablar sobre la situación jurídica, o abuso de autoridad, por temor a represalias de la Agencia del Ministerio Público Uno.
Para Juan Rivero Legarreta, uno de los penalistas de mayor reconocimiento en el país, es imposible defender a una persona acusada de delincuencia organizada durante el periodo de arraigo.
Asegura que esta figura viola las garantías de seguridad jurídica de la Constitución y los derechos fundamentales de un imputado, plasmado en tratados internacionales.
La figura del arraigo penal se ha convertido de facto, en una forma de detención preventiva mientras se lleva a cabo la investigación para recabar evidencia, incluyendo interrogatorios.
Cifras del Consejo Cívico de las Instituciones indican que en Nuevo León, el abuso de autoridad, aumentó considerablemente. De 92 casos en 2013, pasó a 429 en este año.
‘Nos traían dando vueltas’
Eran las 6:00 horas, Juan Carlos subió al puente peatonal por la Avenida Constitución, se disponía a manifestar su desacuerdo con la deuda estatal adquirida en esta administración del gobierno de Nuevo León.
Al empezar a colocar la manta, decenas de patrullas de Fuerza Civil llegaron para evitar que los ciudadanos vieran el mensaje.
“Nos suben a las patrullas y nos dan vueltas por Gonzalitos y Morones Prieto, también nos quitan los celulares…
“Y bueno, llegamos a la Policía de la zona sur y nos ponen la cara contra la pared”, explica Juan Carlos.
“Llegamos a las 6:00 al puente y comenzamos a poner la lona para hacer una manifestación pacífica.
“Entonces llegan 30 minutos después elementos de Fuerza Civil y nos dicen: ‘Entreguen la lona”, le conteste ¿por qué, si es mía?”, narra el estudiante
“Ya como a las 11:00 horas nos llevan a la Policía Ministerial en Gonzalitos. Hasta las 20:00 horas llegó personal de la Comisión de los Derechos Humanos para preguntar cómo nos habían tratado”. Pero no pasó nada con Derechos Humanos y los retuvieron por 20 horas.
