Usurpan para ‘clausurar’ casino

Usurpar funciones públicas para clausurar el casino La Fortuna fue la última estrategia delictiva utilizada contra los dueños de este centro de apuestas.

Videos de las cámaras de seguridad en poder de Reporte Indigo permiten una reconstrucción del evento del pasado 2 de enero, cuando unos 15 sujetos irrumpieron en el local y se hicieron pasar como inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey (SEDUE).

En las imágenes se aprecia que a las 12:56 horas de aquel día, arribó la agrupación con la intención de realizar la supuesta clausura, pero el equipo de seguridad del casino se percató de la operación ilegal.

Jesús Alberto Rojas, quien se identificó como inspector municipal con una presunta identificación falsa, ordenó al grupo colocar sellos de clausura en el interior de las cuatro salidas de emergencia del casino.

A las 13:06 horas, el grupo se dispersó por el establecimiento y colocó sellos rojos con la leyenda de suspensión que contenían logotipos del Ayuntamiento regio y la SEDUE.

“Al que de cualquier forma, quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad o viole la clausura impuesta por una autoridad competente, se le aplicarán de uno a seis años de prisión y multa de treinta a mil cuotas”, se leía en los ocho sellos que colocaron.

Elementos de la Policía Regia acudieron al establecimiento a las 13:18 horas para atender una llamada de auxilio de un supermercado que se encuentra a un costado del casino, ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez.

Fuentes allegadas al caso explican que la solicitud de apoyo fue atendida por la corporación para dirimir una falsa riña en La Fortuna y, una vez ahí, los “inspectores” solicitaron ayuda a la fuerza pública para concretar la operación.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia se observa que acudieron las patrullas número 421, 445, 478, 496, 8637, 8654, 8655 y 8659 de la Policía Regia.

Rosas y Jorge Elizondo Martínez, quien también se presentó como inspector con una identificación que tenía las siglas de la SEDUE, mostraron al casinero Pedro Arturo Cardona Calderón el oficio número 437/2012, que no contenía sellos ni firmas oficiales.

Éstos informaron que clausurarían La Fortuna porque no cumplía con los permisos    municipales de uso de suelo, a pesar de que Cardona Calderón insistió en mostrarles documentos de la empresa.

Así que a solicitud de los socios del casino, elementos de Fuerza Civil intervinieron  a las 13:42 horas a bordo de la patrulla número 757.

Al no poder comprobar ante los policías la autenticidad del oficio, la legalidad del operativo y su personalidad jurídica, los “inspectores” se retiraron del establecimiento.

En las imágenes se observa que a las 14:06 horas, tanto Rosas como otros integrantes del grupo abandonan el lugar en taxis y no en vehículos oficiales.

Y 14 minutos después, marinos que auxilian al Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Regia llegaron al establecimiento, mientras agentes preventivos recababan evidencia.

Es un episodio más para los propietarios del casino La Fortuna, a quienes en dos ocasiones anteriores intentaron despojarlos del negocio mediante argucias.

En un primer intento, Arturo Ignacio Cardona Calderón, hermano de Pedro Arturo, fue privado de su libertad el 14 de mayo de 2012 en el municipio de San Pedro, supuestamente por órdenes del juez Luis Armando Jerezano Treviño.

Según una denuncia presentada por el casinero, la intención era despojarlo de sus acciones en Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., empresa que hasta el 1 de octubre de 2012 operaba La Fortuna.

El Ministerio Público dictó el “no ejercicio de la acción penal” contra el juez federal y otros cuatro civiles en la denuncia penal, porque no otorgó valor a las pruebas contra ellos.

A excepción de Jerezano Treviño, esa agrupación fue captada por las cámaras de videovigilancia de La Fortuna durante el segundo intento de despojo del 31 de octubre de 2012.

SEDUE rechaza clausura

La titular de la SEDUE, Brenda Sánchez, confirmó que no autorizó el operativo para clausurar y desconoce a los individuos que se hicieron pasar como inspectores.

“Es falso que inspectores de esta Secretaría hayan acudido a hacer algún operativo”, dice en entrevista para Reporte Indigo.

La secretaria informa que la ilegalidad del operativo dio pie a una investigación interna en la SEDUE, que podría derivar en una denuncia penal contra los que usurparon funciones.

En los sellos dice que la suspensión fue acordada por la SEDUE el 27 de diciembre de 2012 y ordenada mediante el oficio número 437/2012.

Sin embargo, la dependencia permaneció cerrada por periodo vacacional desde el pasado 20 de diciembre hasta el 4 de enero de este año, por lo que es imposible que se haya realizado este trámite.

“El número de oficio no coincide con los números actuales que se llevan”, afirma.
Sánchez también aclara que las personas identificadas como Jesús Alberto Rosas y Jorge Elizondo Martínez no trabajan para la SEDUE.

“Haremos nosotros, junto con el Jurídico del Municipio, una investigación para denunciar aquellas personas que estén ostentando esa personalidad jurídica”.

El Código Penal de Nuevo León establece de un mes a tres años de prisión y una multa de una a diez cuotas a quien usurpe funciones públicas.

El artículo 225 manifiesta que comete este delito quien sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza algunas de sus funciones.