Vacíos legales provocan contienda dispareja

En el ejercicio de sus funciones cada servidor público tiene la posibilidad de presentar un informe anual de labores, como fue el caso del diputado local del PRI, Trinidad Padilla López, quien presentó el suyo el 26 de octubre pasado y lo utilizó para hacer públicas sus aspiraciones por la presidencia municipal de Guadalajara en las elecciones del 2015.

El 2 de septiembre pasado, Padilla López le consultó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) si había algún problema legal o electoral para contratar difusión en medios de comunicación para promocionar su segundo informe de actividades. 

Un día después, el vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Carlos Rodríguez Morales, le respondió que no había inconveniente alguno. 

“Me permito expresarle que para dichas actividades deberá sujetarse en extremo a las disposiciones del párrafo cinco del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, contestó el funcionario electoral.

“El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha que se rinda”, reza el artículo citado por Rodríguez Morales.

Mientras se enmarque en lo dispuesto en el párrafo cinco del artículo 242 de la legislación mencionada, cualquier personaje político que presenta un informe de actividades tiene manga ancha para contratar difusión en medios de comunicación y una completa ausencia de fiscalización de sus gastos ejercidos y del origen de los recursos.

El presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, admitió que este tipo de argucias hacen imposible el monitoreo y la comprobación de gastos, pues los informes de actividades son un tema fuera de un periodo electoral, que al mismo tiempo significa un ejercicio de rendición de cuentas.

“Obedecen a la función de la rendición de cuentas, insisto, y ellos (los políticos) lo hacen siempre que se mantengan dentro de ese marco temporal, y siempre que sea a través de los requisitos que señala aquí (en la ley) y a través de los límites“, detalló Alcaraz Cross.

Un asunto de cartera

Para el doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador del departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la redacción de la ley propició vacíos que permiten el gasto de dinero en promoción y la generación de condiciones de inequidad, pues hay actores políticos que inyectan más recursos que otros para promocionarse.

“Estos informes son dados a conocer a la ciudadanía por servidores públicos, esto es, regularmente los que están dando los informes son diputados en funciones que ya están con lo que algunos llaman ‘la calentura democrática o electoral’, pensando en el puesto que sigue, y le están invirtiendo dinero, en algunos casos, de una forma muy desproporcionada“, señaló Jiménez Reynoso.

Aunque para el OPLE Jalisco no existen elementos para afirmar que las pautas publicitarias de los informes de actividades tengan un fin electoral, para Francisco Jiménez estos casos son considerados como actos anticipados de campaña, los cuales sí tienen un tope financiero en la ley.

“Uno de los problemas que están en esta disposición es precisamente que no se fija un tope, ahí es lo que aguante la cartera del candidato o de los amigos del mismo; según las pretensiones políticas que tenga pues es lo que puede gastar, y esto podríamos decir que se podría transformar en una especie de actos anticipados de campaña que la ley permite“, destacó el académico de la UdeG.

Sin lupa para revisar gastos

Ante la falta de límites que regulen la imagen de los servidores, se añade el que no hay restricciones para comprobar el origen de los recursos utilizados para la promoción de los informes de actividades en medios de comunicación, como fue el caso de Trinidad Padilla.

Reporte Indigo presentó una solicitud de transparencia ante el Congreso del Estado para conocer el gasto hecho por el legislador priista en la difusión de su informe de actividades.

“Los recursos con los cuales se cubrieron los distintos rubros (…) no tienen carácter de públicos, ya que el suscrito diputado no recibió recursos provenientes del H. Congreso del Estado ni de otra entidad pública o sujeto obligado por dicha actividad“, respondió la oficina del diputado local a la solicitud de transparencia.

La dirección de Control Presupuestal y Financiero del poder Legislativo añadió que el priista no entregó tampoco comprobantes de gastos efectuados por su segundo informe de actividades.

Los límites para establecer un tope de gastos y la obligación de reportar los mismos, inexistentes en la ley, hacen que el organismo electoral esté imposibilitado para hacer señalamientos o para solicitar información de los recursos utilizados por los actores políticos para promocionar sus informes

“No es un recurso que regulemos nosotros porque no se trata de temas electorales, son responsabilidades que ellos tienen ante la ciudadanía y son a partir del cargo que ejercen, no de su aspiración o de su posible aspiración, entonces nosotros no entramos a regular esa parte“, argumentó el presidente del OPLE Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross.

Este tipo de cuestiones son aprovechadas por los funcionarios para gastar cualquier cantidad de dinero, sin importar si es público, por lo que el académico de la UdeG propone que se deben establecer topes y límites mediante una nueva reforma.

“No hay un piso firme o parejo para todos los candidatos, porque la ley lo permite en virtud de que hay estos vacíos. Lo que tiene que hacerse, de una forma muy sencilla, es fijar topes, porque para empezar, no los hay

“Aquí es a lo que traigan y quieran invertir o gastar, cualquiera de las dos cosas. Hay quien, incluso, no tiene posibilidades de llegar, lo podemos percibir quienes analizamos la cuestión electoral, pero de todos maneras le invierte cantidades industriales“, explicó Francisco Jiménez Reynoso.

OPLE paralizado

El registro de servidores públicos que aprovecha el hueco legal de la nueva reforma electoral es un tema que ha quedado fuera de las manos del OPLE Jalisco y del propio INE, así lo admitió Guillermo Alcaraz Cross.

También apuntó a que los organismos están limitados en cuanto a los señalamientos fuera de los tiempos electorales.

“Tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de atender los límites que nos señala la propia ley, si nosotros nos excedemos en el señalamiento de algún acto, como acto de campaña, como acto propagandístico (…) estaríamos quizás agrediendo algún derecho humano, una garantía individual que tendría que ser la libertad de expresión y por supuesto el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas.

“Tenemos que estar muy atentos a que se den los elementos de la conducta que pueda sancionarse, y uno de ellos difícilmente podremos encontrarlo en todo esto, es la solicitud del voto, el apoyo del voto. 

“Ese es un asunto que nos lleva a estar atentos y a tratar de mantenernos dentro de esos límites, difícilmente configuraremos una conducta de este tipo“, explicó Alcaraz Cross.

Para Francisco Jiménez, doctor en derecho de la UdeG, la limitación del OPLE es una señal que indica que la reforma electoral, lejos de dotar de autonomía y libertad a la institución, le ha marcado un alto ante las lagunas legales.

“Si bien tienen boca no tienen dientes para regular con energía este tipo de actividades y que algunos pueden abusar. En este tipo de cuestiones, de contiendas, el pez grande se come al chico, cuando no hay una forma de regular los topes de campaña y la autoridad no puede actuar, entonces los que van ganando terreno mediático regularmente se van posicionando“, recalcó Jiménez Reynoso.