La bancada de Morena en la Cámara de Diputados va por eliminar los órganos electorales locales y nombrar, en su lugar, a un consejo representante del INE en los estados.
Estos súperconsejeros electorales serían nombrados por la Cámara de Diputados, que actualmente cuenta con una mayoría de Morena.
La iniciativa, presentada en marzo pasado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, propone que en aras de la austeridad se establezca un control centralista de las autoridades electorales en los estados
Es decir, que todo lo relacionado con los procesos electorales locales se controlaría en la Ciudad de México.
Esta propuesta forma parte del conjunto de la Reforma del Estado y Electoral que se trabaja en la Cámara baja y que pretende modificar algunas reglas del sistema político mexicano.
Entre otros cambios que se trabajarán están la disminución de los legisladores plurinominales, la reducción del financiamiento de los partidos políticos, una disminución en el costo de las elecciones y todo aquello que implique un ahorro al sistema político del país, incluido bajar el presupuesto al INE.
Sin embargo, la desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) es la que más polvo levantará en los próximos días por la regresión que significa devolver el nombramiento de las autoridades electorales a la arena política.
¿Un paso atrás?
La reforma electoral del 2014, aprobada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, arrancó el control de los órganos electorales locales a los gobernadores.
Anteriormente, los congresos de los estados —controlados regularmente por el partido del gobernador en turno— nombraban a los consejeros electorales.
Este modelo permitía que llegaran a los OPLEs personajes cercanos al gobierno estatal o a los poderes estatales.
Al aprobarse la reforma político electoral del 2014, el esquema de elección cambió para que ningún poder estatal estuviera involucrado en el nombramiento de las autoridades electorales.
A partir de ese año, el Instituto Nacional Electoral tuvo entre sus nuevas facultades el nombramiento de los consejeros de los OPLEs.
El INE tomó las riendas de las convocatorias, la evaluación de los candidatos y la elección de los mejores perfiles.
Con esto, se sacó a los poderes políticos de la elección de las autoridades electorales. Ahora, Gutiérrez Luna propuso que los OPLEs desaparezcan y el INE asuma la responsabilidad de organizar las elecciones en los estados.
Los OPLEs serían sustituidos por un consejo electoral perteneciente al INE, conformado por cinco consejeros locales, que serán nombrados por la Cámara de Diputados y durarán en su encargo seis años.
Al dar la facultad del nombramiento de las autoridades electorales a la Cámara de Diputados, se vuelve a la politización en la elección de los consejeros, aunque esto ha sido negado por su promovente.
“Si bien la reforma constitucional de 2014 otorgó cierta autonomía a los OPLEs, en realidad sus actuaciones se encuentran subordinadas a la decisión del INE, lo que en sí mismo genera una distorsión, que puede subsanarse a través de lo que políticamente era la propuesta inicial: ‘nacionalizar’ las elecciones y que fuera el INE quien tuviera las atribuciones tanto en las elecciones federales, como en las locales, pero en éstas de manera completa y no híbrida como actualmente sucede”, expone la propuesta.
En este consejo también trabajará un secretario ejecutivo que será nombrado directamente por el INE; y también estarán los representantes de los partidos políticos.
Bajo este esquema, el INE quedaría a cargo de la organización de los comicios estatales en su totalidad.
Gutiérrez Luna justifica su propuesta afirmando que los institutos locales tienen gastos millonarios que hacen de la democracia mexicana una de las más caras del mundo.
En 2015 ejercieron 13 mil 452 millones de pesos; en 2016, la cifra fue de 9 mil 891 millones de pesos; en 2017 la cifra fue de 11 mil 248 millones de pesos; en 2018, el gasto ya ascendió a 14 mil millones; esto, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral absorbió muchas de sus funciones a partir de la reforma del 2014
La nueva reforma electoral ya es estudiada en la Cámara de Diputados y la bancada de Movimiento Regeneración Nacional busca que llegue a la aprobación con el mayor apoyo posible para evitar la aplicación de su mayoría parlamentaria, lo que le restaría legitimidad a la propuesta.
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Historia que se repite
Con cada elección presidencial, México vive una sacudida en sus leyes políticas y electorales.
Históricamente, los partidos ganadores han impulsado reformas político electorales para abrir sus brazos a los opositores y limar con ellos las asperezas que hayan quedado después de los comicios.
Ha sucedido así desde 1990, después de la victoria de Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988, cuando hubo una crisis política por un triunfo cuestionado por la llamada “caída del sistema”.
Ante esos cuestionamientos, Salinas de Gortari y su partido impulsaron una reforma electoral que diera la organización de las elecciones a los ciudadanos.
Fue en el año 1990 que se creó el Instituto Federal Electoral como una entidad autónoma para organizar las elecciones y contar los votos.
El IFE sustituyó a la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación; es decir, del Gobierno federal. Emergió también el Tribunal Federal Electoral. Asimismo, se creó un nuevo Registro Federal de Electores y nació la credencial para votar, que en 1992 incorporaría la fotografía de los ciudadanos.
En 1993 hubo una nueva reforma electoral, en la que se prohibió el financiamiento de gobiernos extranjeros, de ministros de culto y de empresas, con lo que quedó establecido que los partidos tendrían solo financiamiento público.
En 1996, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la reforma electoral contempló la equidad en el acceso a los recursos públicos para los partidos políticos; y se establecieron límites a la representatividad en el Congreso
Vino entonces la elección del año 2000, la primera en la que el PRI perdió la Presidencia de la República, en la que se impulsó la equidad de género y, años después, se permitió el voto de los mexicanos en el extranjero.
A partir del 2006, las reformas electorales han sido más profundas, se estableció la obligación de realizar el recuento total de votos cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar sea de hasta 1 por ciento de los sufragios
Después de las elecciones del 2006, en las que Felipe Calderón venció a Andrés Manuel López Obrador por el 0.56 por ciento de los votos, en el 2007 se llevó a cabo otra reforma electoral.
En ella, se prohibió la compra de tiempo en radio y televisión para la transmisión de mensajes y el IFE se convirtió en la única autoridad encargada de distribuir y asignar los tiempos oficiales del Estado.
Quedó en la Ley también la obligación de realizar el recuento total de votos cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea de hasta 1 por ciento de los sufragios.
Los partidos tuvieron que entrar a la transparencia. Se establecieron tiempos de precampaña, intercampaña y campaña; y se aumentó la fiscalización al INE y sus órganos.
En el 2014, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se incorporaron los componentes ciudadanos en la reforma política: la consulta popular; la iniciativa ciudadana; la figura de los gobiernos de coalición; las candidaturas independientes y la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes.
También se estableció la compra de tiempo en radio y televisión y el rebase de topes de campaña como causal de nulidad de una candidatura o elección; se instituyeron penas hasta de prisión para quien compre o coaccione para obtener votos.
Se transformó el órgano electoral de IFE en INE y adquirió nuevas facultades, como la posibilidad de atraer las elecciones estatales y nombrar a los consejeros electorales locales.
Con cada sexenio que inicia en México la fuerza política que se establece en el poder busca reformas las leyes para brindar aportes tanto políticos como electorales, en esta ocasión, el objetivo en relación a esta materia, es disminuir los costos electorales en el país
