El estado de Veracruz atraviesa por una de las mayores crisis de violencia en épocas recientes, con un alarmante incremento en el número de secuestros, agresiones hacia elementos de la policía y amenazas del crimen organizado contra el gobierno estatal. En menos de cinco años y con tres partidos políticos al frente del gobierno de Veracruz, los temas prioritarios siguen sin ser atendidos, siendo las únicas constantes la impunidad y la ausencia de gobernabilidad en la región.
El pasado miércoles 13 de marzo, como parte del operativo “Unidos para la Construcción de la Paz”, emprendido por el gobierno local y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), se logró desarticular en el municipio de Tierra Blanca una base de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada como la principal célula criminal en la región. Dos días después, en respuesta a estas acciones, los integrantes del cártel atacaron a elementos de la policía municipal, en una emboscada que dejó como resultado a un policía veracruzano sin vida, así como a cuatro miembros del grupo delincuencial.
Estos hechos se replicaron por todo el estado, sumando más de nueve enfrentamientos y bloqueos carreteros, con incendio de vehículos durante el pasado fin de semana. Motivando consigo el incremento de la percepción de inseguridad entre la población, de forma particular a los municipios de Minatitlán, Boca del Río, Coatzacoalcos y Veracruz, lugares en donde el CJNG se encuentra en conflicto con el gobierno local
A través de narcomantas, el cártel acusó al secretario de Seguridad Pública de la región, Hugo Gutiérrez Maldonado, de estar coludido con el cártel de Los Zetas, a la par de responsabilizarlo por el recrudecimiento de la violencia.
Durante esos mismos días, en la comunidad de Río Blanco, sumaron 12 los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el terreno de Los Arenales; cuerpos desmembrados exhumados por integrantes del colectivo de Búsqueda de Familiares Desaparecidos en la zona Orizaba-Córdoba, quienes en colaboración con la Fiscalía General del estado exigieron que se brinde apoyo de la federación para la recuperación de los cuerpos sepultados de forma clandestina, los cuales evidencian la profundidad de la crisis de seguridad que atraviesa la región del Golfo de México.
Gobierno en negación
Ante esta crisis de violencia fomentada por el crimen organizado, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad, pero sólo en torno a una figura: el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien con poco más de tres meses a cargo de la entidad, no ha podido devolver el orden y la justicia que hasta este momento se mantienen ausentes.
El mandatario morenista, minimizó los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana, así como las amenazas directas del CJNG al afirmar que esos estallidos son una “reacción desesperada” por parte de los grupos delictivos hacia el trabajo realizado por la secretaría de Seguridad Pública estatal. Esto a la par de responsabilizar a sus predecesores por el desorden heredado en la demarcación.
“Estamos trabajando coordinadamente, Marina-Armada de México, Ejército y Policía Federal, para combatir este gran mal que administraciones pasadas dejaron crecer y solaparon bajo el manto de la corrupción e impunidad”, expresó García Jiménez a través de un comunicado.
Por su parte, el director de Gobernación del Ayuntamiento Veracruz, Gianfranco Melchor Robinson, expuso a medios de la localidad que existe una campaña de mensajes a través de redes sociales en donde se advierte de la posibilidad de un toque de queda ante el incremento de los enfrentamientos, los cuales desmintió al considerarlos un intento para generar caos en donde no lo hay.
“Exhortamos a los ciudadanos a que no hagan caso a ese tipo de mensajes (…) hay gente que trata de una u otra forma generar una psicosis entre las personas”, manifestó
Más allá de brindar atención a los temas de seguridad, la administración de García Jiménez se ha caracterizado por evadir responsabilidades, culpando a dos entes –la Fiscalía del estado y a los gobiernos anteriores– por el aumento de la incidencia delictiva y el deterioro general de Veracruz.
No dan certeza
La disputa permanente que el gobierno veracruzano mantiene contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, no ha parado desde la campaña electoral de Cuitláhuac García. Casi un año después, la riña se mantiene y el fiscal, cuyo juicio político se encuentra en suspenso desde principios de febrero 2019, no ha parado de ser señalado por presuntos actos de corrupción y de estar coludido con la delincuencia organizada.
Ayer, el secretario de Gobierno veracruzano, Eric Cisneros Burgos, señaló desde la ciudad de Xalapa que la Fiscalía General ha cometido atropellos a la hora de integrar carpetas de investigación, algo que ha permitido que presuntos delincuentes queden en libertad.
“Eso ya nos huele a complicidad, más que ineficiencia (…) Que demuestre el fiscal que no es cierto, porque se lo vamos a demostrar en los tribunales. Nosotros ya no tenemos dudas de que él es parte de la ineficacia que hay en la procuración de justicia”, afirmó
Asimismo, otro de los personajes con los que se mantiene una disputa recurrente desde el gobierno actual es contra el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le acusa de impunidad y de fomentar el abandono de la región. Este fin de semana, en medio de la crisis de violencia que atraviesa el estado por los enfrentamientos del crimen organizado, el alcalde del Puerto de Veracruz e hijo del exgobernador, Fernando Yunes Márquez, despertó la indignación de los veracruzanos debido a que fue sorprendido en Nueva York, corriendo el medio Maratón organizado en la ciudad estadounidense. Una acción que añadió tensión al conflicto interno en el estado.
100 días entre excusas
Para Cuitláhuac García, el primer trimestre del año no es suficiente para demostrar la efectividad de su administración, ya que en su consideración, los resultados fuertes en materia de seguridad para la entidad a su cargo se podrán visualizar no antes de dos años.
“Hemos dicho que ir a fondo del problema requiere tiempo por las décadas de abandono. Las cifras (de inseguridad) han ido bajando poco a poco y seguirán siendo más bajas hasta tener niveles ínfimos”, declaró de forma reciente a la prensa local.
Sin embargo, la realidad del estado es otra, pues en lo que va del año se han reportado más de 450 ejecuciones en Veracruz, de las cuales se estima que el 80 por ciento estén relacionadas con el crimen organizado.