Sobre un charco de sangre descansa el cuerpo de un niño de un año. Acribillado junto a su familia con disparos a quemarropa.
La sangre dibuja siluetas sobre el suelo similares al estado en donde el pasado viernes se perpetró la masacre. Una más para la historia de una región que ha sufrido el abandono de gobiernos locales, la indiferencia de administraciones federales y la falta de acción de las autoridades judiciales.
El crimen en donde perdieron la vida 13 personas, incluyendo a Santiago, quien con tan sólo un año de edad sufrió los estragos de la violencia que arreció desde hace dos meses en los municipios de Minatitlán y Boca del Río, es el reflejo de la situación generalizada que se vive en todo el estado de Veracruz.
“Acabo de concluir una reunión de emergencia para atender los lamentables y condenables hechos en el sur. En el grupo de Seguridad se activó un operativo para dar con los responsables. No habrá impunidad a pesar de las eternas investigaciones de la FGE. Seguiremos con más detenciones”, fue el mensaje del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre los asesinatos perpetrados en Minatitlán.
La imagen del menor con disparos a quemarropa logró cimbrar al Gobierno federal; un hecho que se manifestó en la prensa internacional, donde se cataloga ésta como la primera masacre cuya responsabilidad recae completamente sobre el régimen de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre la mesa la resolución del caso de los homicidios, el aumento de la violencia en la región es un fenómeno compartido por los tres órdenes de gobierno y que se arrastra desde administraciones anteriores
Rastros del abandono
Lo ocurrido en Minatitlán no es más que la muestra de que Veracruz vive una escalada de violencia que no ha podido ser contenida por cinco gobernadores de tres partidos políticos distintos.
Los registros de incidencia delictiva oficiales revelan que en esta entidad los delitos de alto impacto como los asesinatos, los secuestros o la desaparición de personas, son el pan de cada día para miles de ciudadanos
La violencia en ascenso se puede observar a partir de las últimas gestiones al frente del gobierno estatal.
En el 2010, al término del gobierno del priista Fidel Herrera, la entidad cerró con 583 denuncias por asesinatos; para el 2016, cuando Javier Duarte pidió licencia para dejar el cargo, la cifra fue de mil 258 casos; más del doble.
Después de que Flavino Ríos, exsecretario de Gobierno de Duarte, se quedara como gobernador interino durante las elecciones de 2016, el panista Miguel Ángel Yunes Linares ganó en los comicios y ocupó por dos años la gubernatura, pero tampoco pudo devolver la paz a Veracruz.
Para 2017, primer año en funciones del panista, hubo mil 822 carpetas de investigación por homicidios dolosos, para el 2018 la cifra fue de mil 492.
Entre enero y marzo del 2019 se tuvo registro de 420 víctimas de homicidio en Veracruz, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En materia de secuestro, en la entidad del Golfo también se han multiplicado los casos. En 2010 el número de denuncias fue de 17; el año pasado fue de 175, y en los primeros tres meses del 2019, ya en el gobierno del integrante de Morena, Cuitláhuac García, se cuentan 111
El feminicidio en Veracruz también se ha vuelto más común en los últimos meses. En 2015 hubo 41 víctimas y para el 2018 el número se triplicó a 121. Tan solo en el primer trimestre de este año van 48 casos.
Otro problema que enfrenta la entidad son las desapariciones, aún cuando la autoridad estatal ha señalado que la cifra supera las 3 mil 500 víctimas, activistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el número real podría estar por encima de los 5 mil casos.
Los primeros meses en Veracruz
Durante el 2019, distintos hechos han dado cuenta, mes con mes, de la situación de violencia que se vive en Veracruz debido al aumento de la actividad del crimen organizado y a la falta de acción de las autoridades estatales.
En enero, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el Secretariado Ejecutivo, dio a conocer que el estado se posicionó como el número uno por delitos de feminicidio, con 10 casos registrados en tan sólo 30 días. Con esto, las mujeres veracruzanas comenzaron el año siendo las que más peligran en el país por violencia de género
Ese mismo mes, la asociación civil Alto al Secuestro compartió el registro de los estados que presentaron mayor incidencia en el delito de privación de la libertad, siendo Veracruz el primer lugar de todos ellos con 51 casos registrados. Un cifra que lo mantuvo en el top nacional por cada 100 mil habitantes, seguido de los estados de Morelos y de Tamaulipas
A principios de febrero, el alcalde del municipio de Astacinga, Antonio Ramírez Itehua, sufrió un atentado a manos de sujetos armados que lo interceptaron camino al ayuntamiento, en la región de las Altas Montañas.
Los atacantes realizaron disparos contra el edil, quien recibió impactos de bala en el tórax. Ramírez Itehua logró sobrevivir y se reincorporó a sus actividades en el ayuntamiento.
Quien no tuvo la misma suerte fue la empresaria de Coatzacoalcos, Susana Carrera, quien fue encontrada sin vida el 14 de febrero pasado. Decapitada y dentro de una bolsa negra, la imagen de la mujer incitó a los habitantes de la región del sur a exigir a las autoridades mayores medidas de seguridad para evitar el aumento de los secuestros en la región.
El 13 de marzo, el gobierno de García Jiménez en colaboración con autoridades federales impulsaran el operativo “Unidos para la Construcción de la Paz”. Una acción en conjunto con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), en donde se logró desarticular en el municipio de Tierra Blanca una base de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada como una de las principales células criminales en el estado.
Sin embargo, dos días después, en respuesta a estas acciones, los integrantes del cártel jalisciense atacaron a elementos de la policía municipal en una emboscada que dejó como resultado a un policía veracruzano sin vida.
Cinco días después, el 19 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, mencionó que la situación en Veracruz estaba “bajo control”.
“Vamos avanzando, tanto en el caso de Guanajuato como de Veracruz. Son operativos de carácter local, no obstante ambos casos están debidamente apoyados por el Gobierno federal y por distintas fuerzas (…) Por supuesto, vemos reacciones del crimen organizado, pero afortunadamente todas ellas bajo control, se van acotando”, expresó
Indignación ignorada
La masacre en Minatitlán puso en evidencia la falta de procuración de justicia y, de igual forma, se puso en gran duda la capacidad del actual gobierno –estatal y federal– para hacerle frente a la crisis de seguridad que se vive en Veracruz y en el país en general.
“Es una matanza que nos coloca ante la necesidad de ponerle alto a esto. La ciudadanía, más allá de una explicación, investigación o verdades históricas, necesita que se le ponga punto final a la violencia del estado”
A consideración del también periodista, Veracruz no está aislado del resto del país en cuanto a los efectos de la violencia, pero el crimen perpetrado este fin de semana definitivamente llegó a los pies del presidente López Obrador, en un fenómeno en donde ahora le corresponde a él hacerse con la responsabilidad de la paz en la región.
Descomps Flores menciona que gran parte de la falta de acción a nivel local se debe a la disputa permanente que el actual gobierno veracruzano mantiene contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, la cual no ha parado desde la campaña electoral de Cuitláhuac García
Casi un año después, la riña se mantiene y el fiscal y su juicio político por los presuntos actos de corrupción y colusión con la delincuencia organizada se encuentra suspendido desde febrero de este año.
“El gobernador Cuitláhuac se ha enfrascado más en asuntos que tienen que ver con el tema de la seguridad pero con tinte político. Como ese pleito que tiene con el fiscal general Jorge Winckler, que desde diciembre del 2016 fue propuesto para un periodo de 9 años. Tal parece que más allá de procurar justicia, tanto el uno como el otro, están ocupados en resolver el tema del fiscal, quien presuntamente estaría asociado con el exgobernador Miguel Ángel Yunes”, comentó.
El analista recordó que durante las administraciones priistas de Fidel Herrera Beltrán y su sucesor, Javier Duarte de Ochoa, se marcó un antes y un después en la presencia de grupos criminales en Veracruz y sobre todo la de grupos criminales con una nueva forma de operar, pues en una década se pasó de un esquema de distribución de drogas a uno de extorsión y violencia.
“Ahora el trasiego se ha convertido en violación, cobro de piso, secuestro y todo eso al amparo de las autoridades, o si no al amparo, ante la incompetencia de no saber ponerle un alto (…) Con el gobierno de Javier Duarte también hubo un acontecimiento escalofriante: 35 cadáveres tirados en Boca del Río. Y aunque de 2011 a la fecha ya han pasado ocho largos años, la información y el uso de las redes sociales han permitido que estos hechos se inflamen”.
Tres días tardó el presidente en pronunciarse sobre la masacre de Minatitlán, hecho que desató el enojo de una ciudadanía que exige justicia y condiciones de seguridad desde hace más de una década
Justificar el ‘cochinero’
Días antes de la masacre en Minatitlán, el presidente de México tenía una gira programada en la región del Golfo para conmemorar el 105 aniversario de la defensa patriótica del Puerto de Veracruz.
Al llegar a estas tierras, López Obrador fue confrontado desde el aeropuerto por los veracruzanos, quienes además de preguntarle sobre el homicidio de las 13 personas le cuestionaron sobre la falta de atención del gobernador Cuitláhuac García, a lo que el mandatario respondió que se va a mejorar todo lo que está sucediendo, justificando que le “entregaron un país en crisis, un cochinero”.
Ya en la ciudad de Alvarado, el presidente manifestó que con la Guardia Nacional se va a “serenar” a la nación, acusando de igual forma a los gobiernos anteriores por su falta de compromiso para combatir el crimen en la demarcación.
“Todo este fruto podrido, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista. Donde lo único que les importaba era saquear y robar. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo”, afirmó.
Reconstruir el tejido
El día de mañana, Alfonso Durazo se presentará ante el pleno del Senado de la República para presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en donde se contempla el inicio de actividades de la Guardia Nacional.
En este contexto y siendo Veracruz una de las regiones prioritarias identificadas por Durazo Montaño para el inicio de operaciones del nuevo cuerpo armado, algunos integrantes de la Cámara alta se adelantaron a marcar postura en el caso Minatitlán
La senadora Gloria Sánchez, aprovechó la coyuntura para expresar su solidaridad con el gobernador del estado, Cuitláhuac García.
La morenista señaló que las autoridades del estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal trabajan para esclarecer estos hechos, los cuales en su consideración son la “herencia” de gobiernos anteriores.
“Lamentamos mucho que la comunidad del Municipio de Minatitlán esté pasando nuevamente por esta situación heredada (…) es deseable que las fuerzas políticas no intenten lucrar con esta tragedia. La situación de nuestra entidad es grave y de emergencia. La unidad de todos es indispensable para acabar con la inseguridad y la violencia”, expresó.
En contraste, el senador veracruzano, Julen Rementería del Puerto, afirmó que el deterioro en la región es visible desde hace un par de meses, destacando que las fuerzas de seguridad locales han hecho caso omiso para contrarrestarlo.
“Se viene deteriorando día a día la seguridad en el estado. Particularmente en esta zona sur de Minatitlán y Coatzacoalcos, en donde desde hace varios meses se tienen reportes de una condición de inseguridad muy grave”
En entrevista para Reporte Índigo, el senador de la bancada blanquiazul dijo que tal parece que la estrategia de seguridad emprendida por García Jiménez no está dando resultados, debido a que en gran medida éste se está escudando detrás de la federación.
“Me parece que la apuesta del gobernador es muy alta al recargarse de manera casi única en el Gobierno federal; y lo único que logró con esto fue que se dispararan los índices (de inseguridad). Hace unos meses cuando el gobernador hablaba decía que esto se podría resolver con la Guardia Nacional, sin saber o conocer a ciencia cierta que la Guardia Nacional no va a acabar con la violencia en Veracruz”, afirmó.
A su consideración, el nuevo cuerpo armado no servirá contra la violencia en Veracruz debido a que el número de elementos es insuficiente y porque deben actuar de manera “coordinada y estrecha” con las fuerzas estatales y municipales, esto a fin de generar operativos efectivos
“Pareciera que la apuesta del gobernador desde un inicio fue dejar en manos de la federación todo esto. Por supuesto que la Guardia podrá ayudar en coordinación con corporaciones tan importantes como la Semar y el Ejército Mexicano, pero se necesita la ayuda de las instancias de seguridad locales”, remarca.
Rementería del Puerto adelanta que, a unas cuantas horas de la comparecencia del secretario de Seguridad en la Cámara alta, el tema de Minatitlán seguramente va a ser parte de los cuestionamientos que se le hagan de forma directa.
“A final de cuentas necesitamos saber cuál es la estrategia que se va a seguir porque evidentemente el estado necesita ayuda de la federación pero también es verdad que el estado necesita hacer su parte”.
Para revertir la crisis de violencia por la que atraviesa Veracruz es necesario que tanto el Gobierno federal como el estatal trabajen en conjunto con la ciudadanía para verdaderamente poder lograr un cambio
