La verificación vehicular del gobernador Samuel García, aprobada por el Congreso local, no especifica reglas de operación, lo que deja abierta la posibilidad de que pudiera tener un costo a futuro.
La reforma a la Ley de Hacienda no contiene ningún párrafo o artículo sobre cuáles serán las implicaciones si un auto no pasa la verificación. El dictamen habla de que se busca controlar las emisiones de los vehículos, pero no explica cómo se vigilará a los autos y si estos serán acreedores de una multa por los agentes de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfonso Martínez.
Los oficiales de tránsito de los municipios metropolitanos son quienes hasta el momento tienen la facultad de emitir una infracción si un vehículo contamina.
La Ley de Hacienda tampoco aclara qué área de la Secretaría de Medio Ambiente tendrá la facultad total en el tema de la verificación.
“Derivado de lo anterior, esta Comisión considera conveniente sugerir que se lleve a cabo una verificación vehicular de emisión de contaminantes a vehículos privados, con la finalidad de poder prevenir y controlar las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos automotores”, dice la reforma.
El gobernador Samuel García declaró el 14 de diciembre que la verificación será de cero cuotas y que está impedido por ley hacer un cobro. De manera que las implicaciones o sanciones que pudiera tener un automovilista quedan abiertas.
Por lo pronto la verificación fue aprobada por las y los diputados. Fuentes del Congreso local confirman que el gobernador tiene la facultad de cambiar los artículos de la Ley de Hacienda y el Poder Legislativo puede rechazar o avalar las reformas del Ejecutivo estatal.
Es obligación de los conductores de vehículos evitar que emitan humo y gases contaminantes
A merced de Tránsito y Vialidad
Establecer en la Ley de Hacienda la verificación vehicular por las y los diputados del Congreso local da la posibilidad de que los conductores sean multados por las diferentes corporaciones de Tránsito y Vialidad de los municipios metropolitanos.
La justificación para aprobar las reformas en la ley está en que la verificación es para controlar las emisiones de los autos a fin de que no contaminen el medio ambiente.
La ley refuerza legalmente el reglamento homologado de tránsito de los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). El apartado de los requisitos para la circulación de los vehículos establece que los conductores tienen la obligación de no emitir humo y gases en sus autos.
“Es obligación de los conductores de vehículos evitar que emitan humo y gases contaminantes; el producir contaminación al medio ambiente será causa de infracción. El propietario contará con un término de 30 días naturales para realizar lo conducente en su vehículo a fin de corregir la falla por la cual emita contaminantes, pudiendo circular durante dicho período sólo para conducirlo al taller mecánico para los efectos ya especificados”, dice la ley.
En caso de incumplimiento la multa será incrementada al doble y el auto será retirado de la circulación, de acuerdo con el artículo 24 del reglamento homologado.
La justificación detrás de la verificación
La justificación del gobierno de Samuel García para imponer la verificación por ley se sustenta en la regularización de autos de procedencia extranjera por decreto federal, un programa que tiene años en Nuevo León.
La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) en Nuevo León, a cargo de José Guadalupe Barrios Núñez, estima que hay unos 200 mil autos conocidos como “chocolate” que no pueden ser dados de alta en el Instituto de Control Vehicular (ICV).
“Estos son vehículos usados cuya tecnología se traduce en altas emisiones de dióxido de carbono. Con la aplicación de esta regulación federal se incentiva el aumento del parque vehicular, lo que se traduce en contaminación ambiental”, dice la justificación del gobierno neoleonés.
