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María de Jesús Ugalde no sólo perdió su departamento en el temblor del 19S. Ahí dentro estaba Felipa, su madre, quien apenas unos días antes había llegado de visita para festejar el cumpleaños de su hija; la muerte la encontró entre los escombros de Petén 915.
Todavía buscaban a las personas que habían quedado atrapadas en los restos del edificio, en la colonia Emperadores —al sur de la capital—, cuando María de Jesús tuvo que comenzar con trámites que tenía que hacer. Poco importó a la burocracia la calamidad que ella y su familia acababan de vivir
Hoy, a seis meses de la tragedia, ni María de Jesús ni sus vecinos han podido avanzar en la reconstrucción de sus vidas.
Las 12 familias propietarias de los departamentos de ese edificio han pasado un verdadero viacrucis para alcanzar una solución que les permita renacer de entre las cenizas.
El mismo calvario lo ha pasado la familia Cerón Rivera. Habitantes del número 9 de la calle Luis Buitimea, en la colonia Santa Martha Acatitla, —una de las zonas más populares de la capital— no han recibido apoyo alguno para demoler su vivienda que tiene fallas, grietas y hundimientos, porque en el sistema de la Ciudad de México aparece en código verde, es decir, sin riesgo alguno a pesar de que tiene dos dictámenes que recomiendan su demolición.
El peso mayor lo lleva Luciana Rita Cerón, quien es responsable de su hija y sus padres, adultos mayores. Su papá padece alzheimer y su mamá fue diagnosticada con cáncer de piel días después del terremoto, lo que aumentó el drama familiar de perder su hogar.
A seis meses del terremoto escala 7.1 que cobró la vida de 369 personas en seis estados del país, las historias de abandono y nulo apoyo se multiplican.
Mientras la clase política ya piensa sólo en la elección del 1 de julio, los ciudadanos damnificados padecen la indiferencia de las autoridades que debieran velar por su bienestar.
Más departamentos, menos metros
Las familias damnificadas del edificio de Petén 915, en la colonia Emperadores, han decidido acceder a una de las propuestas de reconstrucción que les significa una posibilidad accesible de volver a tener su vivienda.
Sin embargo, aunque tienen cierta claridad sobre la posible solución, son conscientes de que es un proceso complicado, opaco y que pueden ser usados en un negocio inmobiliario de empresas cercanas al poder capitalino.
“Ya de inicio, financieramente ellos ya hicieron sus números. Se están aprovechando del único patrimonio que nos queda: un pedazo de terreno. Van a construir más viviendas; esas viviendas las venden y a nosotros nos dejan en teoría una vivienda más pequeña.
Esa Ley (de Reconstrucción) lo que hemos visto hasta ahora es que es una ley que está hecha a modo para facilitar y para beneficiar a los constructores cercanos al Gobierno central”, acusó María de Jesús.
Al no ser sujetos de crédito porque la mayoría de los vecinos tiene más de 60 años, optaron por esa opción, menos costosa y más viable.
La propuesta es que los inquilinos permitan que una constructora levante nuevamente un edificio de departamentos, pero a condición de construir una mayor cantidad de los que existían para cubrir el costo de las viviendas colapsadas
En siete pisos, el edificio de Petén 915 contaba con 12 departamentos con dimensiones que iban de los 120 a los 140 metros cuadrados; ahora, aunque la propuesta no es clara, saben que podrían construirse hasta 20 departamentos —o más— con la mitad del tamaño original.
La Ley para la Reconstrucción, publicada por el Gobierno de la Ciudad de México el 1 de diciembre del 2017, establece que para llevar a cabo el levantamiento de viviendas, se darán licencias para construir hasta el 35 por ciento más de lo que existía con anterioridad, a fin de que puedan financiarse las de los afectados.
Además de la reducción de las dimensiones y la mayor cantidad de departamentos, los damnificados también deberán dar una parte del terreno que ocupaba el inmueble.
“Los propietarios cederán un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde con el fin de construir las viviendas adicionales”, señala el artículo 38 de la Ley.
Hasta ahí todo parece ser una buena solución que, aunque no ideal, es funcional.
Sin embargo, estos vecinos se han enfrentado a un infierno burocrático en el que no hay protocolos establecidos sobre los trámites a realizar; es más,ni siquiera en las dependencias gubernamentales saben cuáles son los pasos a seguir, lo que ha complicado el flujo del caso.
“El primer documento que tenemos que tramitar se llama Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados 2017. Para tener ese certificado, primero te dicen que lo debes tramitar de forma individual; fuimos de manera individual a Seduvi y dicen: ‘No, lo tienen que hacer por un representante legal o en régimen de condominio’. Nos regresan.
“‘Oye, pero es que el condominio ya no existe’. ‘Pues así es como lo tienen que hacer y terminamos en la Procuraduría Social’. Cuando terminamos eso, nos dijeron que tenía que ser notariado. Entonces, no es clara la Ley”, comentó Ugalde.
Incluso, recibieron un documento de alguien que firmó como arquitecto pero que después pudieron constatar que no tiene cédula profesional como tal.
Miguel Ángel Tirado, otro de los vecinos del edificio, comentó que este medio año de trámites sin protocolo y sin una guía clara de los pasos a seguir ha ido empeorando pues, conforme pasa el tiempo, la simpatía de la gente se va agotando
“Yo no sé si se requiera hacer marchas y todos estos procesos para que el clamor se escuche, y que a 6 meses exista ya una solución en concreto”, comentó Tirado.
A todo esto se suma que los vecinos no saben ni siquiera cuál será la empresa que construya el edificio, cuáles son los planes que se tienen y si se va a abrir una especie de concurso para que la mejor propuesta sea la que gane la construcción.
El drama de los trámites comenzó tan pronto como al día siguiente del sismo, cuando todavía no rescataban a todas las personas que estaban entre los escombros y ellos ya tenían que estar tramitando un certificado gubernamental de pérdida total del inmueble, documento que ni siquiera existía en el catálogo de gobierno y que era requerido por las compañías aseguradoras.
Estos seis meses han sido un viacrucis para los habitantes de este edificio, quienes son claros en su petición.
“Nosotros no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo la tarjeta Bansefi con 120 mil pesos. Sólo queremos transparencia y seguir un proyecto que el mismo gobierno de la Ciudad marcó como una ley. La estamos siguiendo y son trabas y trabas y trabas.
“Pareciera que la Ley fue hecha para desanimarnos y que se adueñen de los predios como lo están haciendo en el centro de la Ciudad”
Quienes eran los habitantes de Petén 915 reprochan que la reconstrucción es un tema que se usa todos los días en los discursos políticos, pero en la realidad poco se ha hecho para ayudar a quienes perdieron su patrimonio ese fatídico 19 de septiembre.
La ayuda que no llega
Los polines que colocaron los Cerón Rivera en su casa para evitar que termine de colapsar fallan cada día un poco más.
Las grietas y los hundimientos que ocurrieron después del sismo del 19 de septiembre dejaron inhabitable el inmueble; los expertos que han revisado la construcción han concluido que no queda de otra más de demoler la casa, ubicada en la casa marcada con el número 9 de la calle Lago Buitimea, en Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa.
Aún así, en el sistema de registro de daños que habilitó la Ciudad de México, el inmueble de esta familia aparece clasificado en color verde, como si no tuviera daño alguno.
Los muros y columnas abiertas gritan lo contrario. El mismo día del terremoto, la familia tuvo que buscar refugio en la vivienda de enfrente del predio, donde les prestaron un cuarto grande que ahora les sirve de dormitorio, cocina, sala y comedor.
Las promesas de reconstrucción y de ayuda para las demoliciones y remoción de los escombros en la delegación Iztapalapa no han pasado de ser solamente palabras vacías
Ahí viven José Mario Cerón y Herlinda Rivera, los abuelos de la familia; Luciana Rita Cerón, quien se hace cargo de ellos y de su hija, Isabel Cerón.
El error de haber clasificado la casa en color verde ha significado que no aparezcan en el censo de damnificados y no puedan acceder a ningún tipo de apoyo; ni siquiera para demoler la casa y terminar con el peligro latente de un colapso.
“Las autoridades locales no han venido a revisar nada. Cuento con dos dictámenes, los dos dicen que es demolición, recomiendan demoler. Se supone que está en alto riesgo, pero desafortunadamente en la página de la Plataforma CDMX aparece en código verde, cuando tiene que ser código rojo.
en el censo de damnificados. He tenido contacto con ellos, con la delegada (Dione Anguiano), con funcionarios, y han quedado en que vienen y vienen y hasta el momento nada (…) me traen a vuelta y a vuelta, no he tenido respuesta ni apoyo de nadie”, comentó Luciana.
La desesperanza se ha ido apoderando más del animo de esta familia, pues ni siquiera en el Gobierno federal han encontrado una posibilidad de apoyo.
“Sí fue lamentable y triste cuando me dijeron funcionarios de la Sedatu que mi casa no estaba censada, por esa ‘pequeña falla’. Esa pequeña falla que es, que alguien se equivocó, no sé qué haya pasado, pero que no está en alto riesgo la casa, está en código verde. Y no hay ningún apoyo para eso”, lamentó Luciana.
Por si la situación no fuera ya de por sí complicada, el panorama de esta familia se ha ensombrecido por las enfermedades que padecen los padres de Luciana, que han sido la prioridad en estos meses después del sismo.
“Han sido seis meses que se complican porque al mismo tiempo mi mamá enfrentaba un diagnóstico de cáncer de cara, entonces mi familia prácticamente nos dedicamos a eso (…) A esto le agrego que mi papá está mal de sus facultades mentales, y es el dueño de la casa; y para todo el papeleo, los trámites, el que tiene que hacerlo es el dueño de la casa. Él ya no puede, tiene 6 años que no trabaja, ya no sale de casa, a veces ya no sabe si soy su hija o no.
“Entonces, te traban la existencia, no tienes manera. Yo estoy haciendo todo porque soy la encargada de mi casa y bajo mi cuidado están mis padres. Pero siento que los tramites están muy burocráticos, no hay acceso”, dice.
El apoyo que busca Luciana Rita para su familia es que le ayuden a echar abajo la construcción que pone en peligro día a día a su familia y a sus vecinos, que comparten la barda fracturada con su casa.
Una vez demoliendo y sacando los restos de la construcción, los Cerón Rivera podrán decidir qué hacer para intentar continuar con su vida.
“A mí ya me urge, es que ya cuánto tiempo tiene y no, nada. Vienen unos, vienen otros y ya no aguanto yo esta situación también”, dice Herlinda, la madre de Luciana, en medio del llanto.
“¿Qué le diría a Miguel Ángel Mancera si lo tuviera frente a usted?”, se le cuestiona.
“Pues que nos apoye a como dé lugar. Ellos ya se van y nosotros nos quedamos igual. Que nos apoyen con lo que se pueda”, pide Herlinda, quien construyó ese hogar junto con su esposo, José Mario.
Hemos tenido contacto con la delegada Dione Anguiano, con funcionarios, y han quedado en que vienen y hasta el momento nada
Hoy, Herlinda ve su casa con el corazón roto, igual que sus muros, pues ahí donde una vez creció su familia, ahora sólo hay desesperanza y dolor por la ayuda de la que todos hablan pero que no llega hasta su puerta.
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