60

millones de pesos por desvío es la acusación que enfrentan los consejeros de la Judicatura de Jalisco, por otra denuncia, en la que se detallan
adjudicaciones directas


El 9 de octubre del 2013, el Consejo de la Judicatura de Jalisco y la empresa de transporte celebraron un contrato que entraría en vigor el día 23 de ese mes y año, pero le pagaron los viajes realizados desde el 2 de septiembre

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Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco siguen enfrentado una serie de acusaciones ante la Fiscalía General del Estado y el Congreso estatal.

En junio pasado, un grupo de abogados presentó una denuncia contra cuatro consejeros de la Judicatura estatal: Luis Carlos Vega Pámanes (presidente), Alfonso Partida Caballero, Jaime Gómez y Mario Pizano Ramos.

Los denunciantes acusaron a los servidores públicos por el desvío de casi 60 millones de pesos y por varios delitos, entre ellos, el de enriquecimiento ilícito, así lo dio a conocer Reporte Indigo, en su edición del 5 de agosto pasado

Una nueva denuncia contra el cuarteto de consejeros, por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y por delitos cometidos en la administración pública y en otros ramos del poder público, se presentó ante la Fiscalía General del Estado, el 10 de julio pasado, de acuerdo a una copia de la misma a la que tuvo acceso este medio.

De acuerdo con el documento y las pruebas entregadas a las autoridades en la materia, el 25 de septiembre de 2013, en la sesión 34 del pleno del Consejo de la Judicatura, sus integrantes aprobaron contratar a la empresa Autotransportes de Guamúchil, S.A. de C.V., para que trasladara a personal a la Ciudad Judicial, en el municipio de Zapopan.

Ubicada en el número 7255 del anillo Periférico Poniente del citado municipio, la Ciudad Judicial alberga a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer partido judicial en la entidad.

En aquella sesión de septiembre de 2013, el argumento fue similar al que se utilizó para la contratación millonaria de equipo de cómputo y mobiliario de oficina, como lo informó Reporte Indigo a principios de este mes.

Los consejeros dijeron que, debido a que ya habían entrado en funciones las actividades en la Ciudad Judicial, era urgente contratar a una empres de transporte de personal “de manera temporal y mientras se realiza el procedimiento de concesión correspondiente”, según se aprecia en el acta de la sesión.

Días después, el 9 de octubre del 2013, el Consejo de la Judicatura de Jalisco y la empresa celebraron un contrato, en el que se estableció que entraría en vigor a partir del 23 de ese mismo mes y año.

No obstante, la Judicatura pagó a la compañía los viajes realizados desde el 2 de septiembre, sin que eso se hubiera aprobado al seno del pleno.

Autotransportes Guamúchil tiene su domicilio en Jesús Rodríguez 424, en Culiacán, Sinaloa. Y según los denunciantes, no posee permiso en Guadalajara, para la prestación de ese servicio. 

“Adjudicaron de manera directa, sin un estudio de por medio, a una empresa que está a más de 700 kilómetros y 8 horas de distancia de Guadalajara”, se aprecia en la denuncia.

Rutas fantasma

En el contrato entre ambas partes, se definieron también cinco rutas con rumbo a la Ciudad Judicial.

Los puntos de partida serían: el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (en el centro de Guadalajara), el parque San Rafael, avenida Revolución, Central Camionera y Carretera a Chapala.

“Basta con indagar en la zona de cada supuesta ruta, para confirmar que jamás nadie ha visto un camión contratado por el Consejo de la Judicatura. Este órgano no cuenta además con datos de los camiones que cubrieron esas rutas ni números de placas”, se lee en la denuncia.

En la sesión del 25 de septiembre de 2013, los consejeros habían aprobado que cada viaje costaría mil pesos, con IVA incluido. Contaron entonces, entre el 2 y el 20 de ese mes, 93 viajes, lo que daba un total de 93 mil pesos. 

En noviembre de ese mismo año, en otra sesión del Consejo de la Judicatura, se corrigió: eran mil pesos por viaje más IVA.

Sin embargo, sólo en septiembre, se erogó por ese servicio de transporte más de medio millón de pesos.

En la factura 27, de acuerdo con el oficio UDABS/358/2013, firmado por José Vicente Vázquez Orozco, director de la Unidad de Bienes y Servicios de la Judicatura, se puede ver que se pagaron 368 mil 880 pesos a la compañía, bajo la orden de compra 102.

Y otras facturas, la 25 y 26, de la orden de compra 82, muestran que se desembolsaron otros 184 mil 440 pesos en ese mes.

El mismo esquema siguió en los meses posteriores, y en febrero, se gastaron otros 308 mil 560 pesos en ese rubro; de acuerdo con los denunciantes, se crearon viajes con choferes ficticios: Juan Gutiérrez, Luis González, Jorge Carrillo, Fernando Gómes quienes “no laboran en la empresa, no existen”.

“Sabemos que no existen los choferes, en la denuncia pedimos al Ministerio Público que llame a la empresa, y que ésta le dé una relación del IMSS, licencias de conducir, los choferes que están asignados a cada camión, las placas de cada camión, y que diga cuáles son las rutas que cubren. 

“No existe eso, porque sabemos que fue todo inventado (…) hablamos de un desvío de más de 2 millones y medio de pesos aproximadamente”, declaró en entrevista Yair Valdivia, uno de los denunciantes.

El abogado detalló que mensualmente, el Consejo de la Judicatura factura por ese servicio, conforme se “les antoje a los consejeros”.

Piden apego a la ley

El grupo de abogados que ha denunciado a los consejeros de la Judicatura del Estado piden a las autoridades correspondientes que agilicen las investigaciones y se apeguen a derecho, para sancionar a los citados funcionarios.

En su denuncia, destacan que los servidores “sin empacho pregonan que están respaldados por altos funcionarios del gobierno estatal, menospreciando así el poder de la justicia”.

La denuncia por la contratación de la empresa Autotransportes Guamúchil, se ha sumado a una anterior, por desvío de alrededor de 60 millones de pesos.

Tal cantidad, de acuerdo con la denuncia por ese caso, corresponde a adjudicaciones directas, sin que la Judicatura haya hecho una licitación conforme a las reglas, para la adquisición de mobiliario de oficina, equipo de cómputo y hasta racks para el archivo judicial.