A fines del mes pasado su nombre saltó a la arena pública y avivó la polémica en torno al caso Góngora.
Se supo que la exmagistrada Rosalba Becerril Velázquez demandó al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que le otorgue una pensión alimenticia a los dos hijos que procrearon.
En su demanda, interpuesta el 10 de junio de 2013, la expareja de Genaro David Góngora Pimentel indicó que el ministro en retiro nunca se ha ocupado de sus vástagos de 17 y 7 años de edad:
“Nunca nos ha pagado una renta de vivienda ni nos ha otorgado una vivienda digna y decorosa, ni mucho menos ha proporcionado ningún tipo de servicio médico para nuestros menores hijos, no obstante que se lo he requerido de manera extrajudicial desde el año de 1996”, precisó en su demanda.
En el texto, presentado el 21 de junio ante la Fiscalía para Asuntos Familiares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y que el 24 de junio se turnó a la Octava Sala en Materia Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Becerril Velázquez afirma que al no haber cubierto Góngora los gastos de manutención, ella tuvo que contraer diversas deudas y apoyarse en su madre y sus hermanos para que la auxiliaran a sostener a sus hijos.
Además argumentó que, por motivos de salud, había dejado de formar parte del Poder Judicial Federal en 2008, por lo que ya no contaba con ingresos suficientes para hacerse cargo de sus hijos. Así justificó su reclamo:
“El pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva y retroactiva desde las fechas ya referidas para la atención de las necesidades de los menores que represento y el pago de los gastos que se generen en el presente juicio”.
En la demanda de la exmagistrada no figuró que, justo el año de su retiro, 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) se encontraba investigándola por presuntamente haber alterado las sentencias de 477 expedientes judiciales.
Tras darse a conocer la información, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) confirmó que Góngora sería emplazado por un juez de lo familiar para dar una respuesta en el plazo que la ley marca.
“Puede él contestar su demanda o no contestarla y ver el asunto en rebeldía, como lo tiene cualquier otro ciudadano; son pensiones alimenticias adeudadas, y estamos seguros que esto va a caminar con relativa fluidez”, presumió Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF.
Becerril denuncia amenazas
El asunto fue más lejos. Este 3 de julio la expareja sentimental de Góngora Pimentel denunció que su familia está siendo amenazada, por lo que solicitó el resguardo de la autoridad judicial:
“Pido que la PGR brinde seguridad a mi persona y a mis hijos, ya que hemos recibido amenazas de muerte y tememos por nuestra integridad física”.
En la conferencia de prensa que dio, detalló que el pasado 21 de junio intentaron secuestrar a su hijo mayor, Edwin Diego Góngora Becerril, quien tres días antes había sido intimidado en una llamada telefónica.
Becerril informó que ya había recurrido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que a su vez había remitido oficios a la PGR y la la PGJDF para que le brindaran vigilancia especial.
Dijo desconocer de dónde provienen las amenazas a su familia y destacó que su trayectoria como magistrada en materia administrativa fue transparte y que ella, conforme a derecho, resolvió los casos bajo su responsabilidad. Que nunca recibió consigna de nadie:
“Nunca fui protegida y, mucho menos, se me investigó por alterar expedientes. Jamás alteré el sentido de ninguna resolución o sentencia, jamás removí hojas de expedientes ni lucre con un acto relacionado con alteración de expedientes… No es justo que mi carrera se la atribuyan a una tercera persona”, ha puntualizado la exmagistrada de distrito.
De eso modo se defiende de los señalamientos de los que ha sido objeto y se refieren a que su ascenso en el Poder Judicial se sustentó en el tráfico de influencias y las promociones que recibió gracias a su relación con el exministro Góngora.
Algunos medios han documentado que diversos juicios a cargo de Becerril Velázquez sufrieron dilaciones. De hecho, en 2008, cuando la magistrada federal fue separada de su cargo se enfrentó a una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal. Funcionarios de menor rango que ella denunciaron irregularidades y alteraciones en las sentencias emitidas por la entonces magistrada federal.
Cinco años después, la expareja de Góngora se sigue defendiendo de las acusaciones que obraron en su contra tras su salida del Poder Judicial.
Ella insiste en que está enferma de lupus, y que al no darle el Consejo de la Judicatura las licencias de salud requeridas para atender su enfermedad, se le removió de su puesto.
Becerril Velázquez aprovechó su conferencia para acusar a Édgar Elías Azar de violar la ley de acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Dijo que al dar a conocer la admisión de la demanda que interpuso contra el exministro Góngora se le provocaba un daño moral a ella y sus hijos.
De ahí que solicitó al titular del Tribunal de Justicia capitalino mantener “una conducta justa, apegada a derecho, imparcial, que no permita la fuga de información a la opinión pública”.
También Becerril Velázquez aludió a los periodistas que han estado siguiendo el caso y que están transmitiendo comunicaciones incorrectas sobre su salida del Poder Judicial.
Entre ellos mencionó a la periodista Carmen Aristegui, quien en su programa de ayer le respondió que el propio Poder Judicial le confirmó que su salida se debió a que no cumplió con los requisitos legales que exigía su envestidura como juzgadora.
Deconstruyen ‘reputación’
Este jueves la imagen de víctima de Rosalba Becerril Velázquez sufrió un vuelco en las redes sociales después de que la periodista María Idalia Gómez publicó en su cuenta de Twitter varios comentarios sobre la exmagistrada.
“La relación de Rosalba Becerril con Góngora le dio mucho poder en el Poder Judicial y pretendió hundir a sus colegas que no la respaldaban”, escribió en un primer comentario.
Después agregó: “Eran tantos los delitos y faltas cometidos por la magistrada que Góngora sólo pudo negociar que no la ratificaran en su cargo, pero un magistrado, a quien Rosalba Becerril trató de hundir, la denunció penalmente por alteración de documentos”.
“El expediente sigue abierto. Por eso Rosalba Becerril tuvo que aceptar retirarse del Poder Judicial, porque además Góngora ya se había jubilado de la Corte, pero Rosalba Becerril se fue con mucho dinero, por los negocios que hizo al alterar documentos y la gratificación que le dio el Poder Judicial”.
Después de estos mensajes escritos en la red social, la periodista de investigación entró al aire en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui.
Ahí, dio cuenta pormenorizada de los hallazgos de las investigaciones que ha realizado desde hace tiempo sobre la trayectoria de la exmagistrada del 13 Tribunal Colegiado del Consejo de la Judicatura.
Confirmó contar con la documentación que avalan sus dichos sobre las denuncias que ayer comentó ampliamente.
Ayer por la tarde abogados del exministro Genaro Góngora Pimentel informaron que este viernes por la mañana ofrecerán una conferencia de prensa para responder a los señalamientos que han hecho en fechas recientes Ana María Orozco y Rosalba Becerril –exparejas del expresidente de la Suprema Corte–.
La otra expareja de Góngora
El más reciente proceso en contra de David Góngora Pimentel tiene lugar cuando corría otra demanda interpuesta por Ana María Orozco, madre de otros dos hijos del expresidente de la Suprema Corte. Su expareja reclamaba al exministro una pensión para los niños de 5 y 7 años, quienes padecen autismo.
Hasta el pasado 7 de junio, Orozco se encontraba en el penal de Santa Martha Acatitla. Había permanecido presa durante un año porque Góngora la acusó de perpetrarle un supuesto fraude. Después de hacer público su caso, la exempleada de Góngora fue liberada por falta de pruebas.
Recientemente Góngora Pimentel se desistió de la acción legal para obtener el cuidado y custodia de sus hijos. Ante la Cuarta Sala de lo Familiar el exministro presentó un escrito donde solicitó se diera a Orozco la patria potestad de sus hijos. Sin embargo, el exministro no se desiste aún de la apelación en material penal. Ello implica que Orozco, de 36 años, en cualquier momento puede ser reaprehendida según ha informado su abogado Jesús Mora.
Luego de ser liberada, Orozco dijo que no promoverá ninguna acción contra el ministro en retiro debido a que ya “hay mucho daño de por medio y sé que iniciar otro proceso también sería más daño. No es para mí un fin económico, que es lo que se busca al pedir la reparación del daño”. En la actualidad, Góngora debe pagar una pensión alimenticia de 50 mil pesos a la madre de sus hijos más pequeños.