Víctimas del olvido

A siete años del ataque con granadas en la plaza de Morelia, el hecho continúa en la impunidad: los tres acusados del múltiple asesinato fueron absueltos y los nombres de las víctimas olvidados; el Gobierno estatal ha dejado en el desamparo a los huérfanos del atentado, en tanto que la Procuraduría General de la República ha archivado el caso.

El pasaje de violencia sacudió al país la noche del 15 de septiembre del 2008, cuando un grupo de delincuentes, desde el anonimato, atacaron con granadas de fragmentación a la población civil que asistía a los festejos del Grito de Independencia en la plaza principal de Morelia.

El saldo de las explosiones fue de siete personas muertas y 131 heridos de gravedad, la mayoría de los lesionados perdieron alguna de sus extremidades y quedaron con afectaciones físicas y emocionales de por vida. Entre ellos estaban 12 niños, sin que a la fecha tengan la posibilidad de reclamar la reparación del daño.

Han pasado dos administraciones estatales –con cuatro gobernadores distintos- y la mayoría de las víctimas siguen clamando por justicia. No hay responsables de los hechos sometidos a proceso penal y el gobierno estatal ha borrado el plan de apoyo vitalicio para las viudas, huérfanos y lesionados permanentes que dejaron las explosiones.

El gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, ordenó la cancelación de la nómina especial que fue creada mediante decreto por el exgobernador Leonel Godoy Rangel, para apoyar a las víctimas del atentado. Jara también anuló los apoyos para gastos médicos y de rehabilitación física, en el que estaban integrados al menos 25 familias afectadas.

El Congreso local, por su parte, se ha negado a crear una ley que permita la reparación del daño a los afectados del que se considera el primer atentado narco terrorista. Los diputados locales, principalmente la bancada del PRI y PAN, argumentan la existencia de la Ley Federal de Víctimas y se manifiestan por no crear una ley espejo.

El fondo con el que el exgobernador Leonel Godoy proyectó el plan de apoyos a las víctimas del atentado se ubicaba en los 780 mil pesos mensuales. Con eso se pretendía pagar becas y salarios a los lesionados. Ese fondo es menos de la mitad de lo que cuesta la manutención del gobernador Jara Guerrero.

A la fecha, a siete años de las detonaciones, 78 de las 131 personas lesionadas con granadas, han dejado el tratamiento de rehabilitación física al que estaban sometidas. Dejaron de recibir el apoyo económico ofrecido vitaliciamente por parte del gobierno estatal. 

Los deudos de las siete víctimas mortales de los granadazos, dejaron de percibir la pensión vitalicia que les ofreció –mediante decreto- el Gobierno estatal. Solo recibieron 70 mil pesos por la muerte de sus seres queridos, y no se les ha otorgado mayor ayuda. Nunca se les hizo llegar la ayuda profesional para superar la pérdida de sus seres queridos.

En el lugar y momento equivocado

Gloria Álvarez Bautista tenía 32 años cuando murió por la explosión de una granada. Estaba acompañada de su esposo y sus dos hijos cuando caminaba por la plaza principal de Morelia. Ni siquiera tenía contemplado quedarse a la celebración del Grito de Independencia. Su presencia en la plaza obedecía a que fue –en un gesto amoroso- por su esposo que trabajaba en un hotel del primer cuadro de la ciudad.

Gloria llevaba de la mano a su esposo y los niños caminaban a medio metro de distancia de los dos. En un momento –explicó en su declaración Rafael Bucio ante el agente del Ministerio Público- se escuchó una detonación. Pensó que era un cuete que había estallado. Estaba aturdido en el suelo y pudo darse cuenta de que la gente corría a todos lados.

Cuando intentó ponerse de pie se dio cuenta que no tenía parte de su pierna derecha. Estaba en un charco de sangre. Buscó a su mujer y la encontró muerta a dos metros de distancia. Tendido en el suelo pudo escuchar a lo lejos otras dos detonaciones, antes de perder el conocimiento.

Ahora, Rafael Bucio, se duele que no haya un solo detenido por el acto criminal que le transformó su vida en menos de dos segundos. Y ya se cansó de pedir ayuda al Gobierno estatal, en donde ya no lo quieren atender. 

En condiciones similares a Bucio se encuentran los familiares de las otras víctimas mortales. Los deudos de Martha Quintero Bambilla, de 40 años; Elisa Guerrero García, de 76 años; Leticia Tapia Guerrero, de 48 años; María del Pilar Navarro Mendoza, de 30 años; Alfredo Sánchez Torres, de 53 años y Juan Antonio Río Pescador, de 50 años, no han tenido eco a sus reclamos de pensiones y reparación del daño. 

Expediente al archivo

Apenas el pasado 26 de mayo pasado un juez federal liberó a los tres señalados como responsables del atentado terrorista de Morelia, la PGR optó por mandar el expediente de la investigación al archivo. Oficialmente existe una indagatoria en curso para dar con los responsables de los hechos, pero no hay ningún grupo policiaco asignado al caso.

Fuentes de la PGR confirmaron a Reporte Indigo que la liberación de los detenidos como responsables de los granadazos fue más allá de la tortura a que fueron sometidos los indiciados. “El juez los liberó porque se pudo demostrar que los acusados fueron detenidos por un grupo de sicarios al servicio de La Familia Michoacana, el que los entregó a la Policía estatal y a su vez a elementos de la Marina”.

Los tres señalados como responsables de los hechos de la noche del 15 de septiembre del 2008 fueron capturados al azar por una célula del cártel de La Familia, luego de recibir la instrucción directa de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, para evitar la presión que estaba ejerciendo el Gobierno federal de Felipe Calderón sobre el de Michoacán.

La liberación de los presuntos responsables de los granadazos, dijo la fuente, dejó a la PGR sin la posibilidad de continuar con la búsqueda de otros culpables. Por eso el expediente se ha archivado indefinidamente, al no ser asignado a ningún grupo especial de investigación para que continúe con las pesquisas, las que técnicamente se agotaron al enfilar todas las líneas de investigación sobre los tres que estuvieron procesados en la cárcel federal de Puente Grande.

Oficialmente fue el juez sexto de distrito de procesos penales federales, con sede en Jalisco, el que llegó a la conclusión de que los tres señalados como responsables del ataque terrorista eran inocentes, “…toda vez que su confesión fue arrancada a base de tortura, en actos previos a ser presentados ante (la entonces) Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO)…”. Esos actos de tortura fueron hechos por sicarios de La Familia.