‘Viene, viene’ sin pago al erario
Un terreno propiedad del Gobierno estatal se convirtió en una “minita de oro” para franeleros y dueños de negocios en el centro de Monterrey.
Y es que varias personas ligadas como empleados de una cantina “agandallaron” este terreno para utilizarlo como estacionamiento privado, obtener ganancias económicas y hasta para guarida de decenas de indigentes.
Documentos en poder de Reporte Indigo revelan que el predio ubicado sobre la calle Tacuba en su cruce con Héroes del 47 pertenece al estado, terreno que ha sido operado desde hace años sin pagar un arrendamiento al Gobierno.
Jesús Padilla
Un terreno propiedad del Gobierno estatal se convirtió en una “minita de oro” para franeleros y dueños de negocios en el centro de Monterrey.
Y es que varias personas ligadas como empleados de una cantina “agandallaron” este terreno para utilizarlo como estacionamiento privado, obtener ganancias económicas y hasta para guarida de decenas de indigentes.
Documentos en poder de Reporte Indigo revelan que el predio ubicado sobre la calle Tacuba en su cruce con Héroes del 47 pertenece al estado, terreno que ha sido operado desde hace años sin pagar un arrendamiento al Gobierno.
El título de propiedad señala que el predio colinda con el Paseo Santa Lucía, sector de alto valor y rendimiento comercial por ubicarse en una zona turística.
Sin embargo, el predio pasó en el 2013 al Fidecomiso Promotor de Proyectos Estratégico Urbano (Fideproes) para su operación, esto como parte de la regeneración del centro de Monterrey.
Y que hoy luce descuidado.
No obstante, el pasado 24 de abril de 2013 el tesorero Rodolfo Gómez Acosta anunció la desaparición de siete fideicomisos del estado, entre ellos Fideproes, por lo que el predio no cuenta con vigilancia.
Una investigación de campo de este medio arrojó que los franeleros cobran hasta 40 pesos por hora-fracción en el estacionamiento, incluso hasta reciben un pago por pensión mensual de un estimado de 4 mil pesos por doctores de la clínica 33 del IMSS.
El terreno tiene una capacidad para por lo menos unos 90 autos, que sumado por el precio de 40 pesos arroja una posible ganancia de 3 mil 600 pesos por hora.
“Es privado y por hora es por 40 pesos”, dijo un franelero, quien se identifico sólo como Juan, y que aparentemente también trabaja para la cantina marcada con el número 1600 ubicada frente al terreno.
Durante la investigación se constató que este terreno estatal también lo utilizan clientes del bar para estacionar su vehículo, por lo regular en fin de semana, con un descuento especial por consumir en la cantina.
“¿Van al bar? Porque si es así hay un descuento si te tomas varias cervezas”, dijo Juan.
Por la noches varios indigentes lo utilizan como guarida, pues se sorprendió a varios acostados en una parte del predio.
Se le cuestionó al franelero quién o quiénes son los dueños del terreno, y se limitó a sólo decir “que no había problema por estacionarte en el predio”.
Estratégicamente el terreno hoy en día está convertido en negocio con ganancias para quien lo opera, ya que esa zona es altamente cotizada por miles de conductores que pasan por el sector, y quienes no encuentran estacionamiento.
No está arredando
El terreno del Gobierno estatal utilizado como estacionamiento por franeleros no aparece como arrendado a un particular, según consta en la página de transparencia del Gobierno de Nuevo León.
La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Patrimonio, está encargada de llevar un control de las propiedades gubernamentales que están arrendadas hacia particulares como bancos, inmobiliarias y despachos.
Sin embargo, según datos oficiales de transparencia, no existe una lista de por cuántos terrenos el Gobierno de Nuevo León recibe una cuota por concepto de arrendamiento de los predios que posee.
Y es que sólo aparece una relación del arrendamiento que desembolsa el Estado por concepto de renta de oficinas para la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Desarrollo Social, entre otras dependencias.
Todo apunta a que la Dirección de Patrimonio del Gobierno se está haciendo de la “vista gorda” con el terreno ubicado por la calle Tacuba y Héroes del 47 en el centro de Monterrey.
Y aunque esta dependencia se encarga de rentar terrenos propiedad del estado a un particular, en caso de que se requiera, todo parece indicar que con el predio en cuestión sólo se están beneficiando unas cuantas personas sin aportar al estado.
En la página de transparencia aparece un apartado de arrendamiento que lleva a una relación con dos tablas, en donde debería aparecer el Gobierno del estado en unos casos como arrendatario y otros como arrendador.
Sin embargo, la información está incompleta, pues sólo aparece una lista de propiedades que rentan.
No obstante, la única relación en la que aparece el Gobierno como arrendador de propiedades a un particular se extiende hasta el 2003.
En la lista aparecen propiedades en Paso de Santa Lucía, Bosque Mágico, Parque la Pastora y Palacio de Justicia que son utilizadas por comercios privados.
¿‘Bronco’ pondrá orden?
El equipo del gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, tendrá que poner “lupa” en el patrimonio de Nuevo León.
Y es que a falta de transparencia en la Dirección de Patrimonio estatal, aún no sabe cuánto recibe las arcas estatales por concepto de arrendamiento de terrenos a particulares, incluso no se sabe quién o quiénes se benefician con los predios.
La Dirección de Patrimonio y la Dirección Administrativas están a cargo de la Secretaria de Gobierno estatal.
El pasado 25 de agosto, Manuel González, coordinador del equipo de transición del gobernador electo, suspendió una reunión por la falta de información de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno.
Entre los reclamos estaban la falta de asignación de contratos aprobados por la dirección por concepto de desastres naturales.
También solicitó el equipo independiente el motivo de la asignación, los montos liberados y aplicados por las dependencias encargadas y datos sobre la nómina.
“Si no está la información que necesitamos y pedimos, no tiene caso que estemos aquí (en la reunión), la posponemos major para dentro de ocho días”, dijo públicamente González.
Por su parte Jesús Cardona Monreal, titular del area, respondió que no era facultad de la dirección tener los datos que solicitó González.