Vigilancia en el olvido

Tres meses han transcurrido desde la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVCM) en Jalisco, y aún hay importantes pendientes para que no quede en letra muerta.

Una de las deudas más significativas que el Gobierno de Jalisco tiene para la implementación efectiva de la AVCM es la conformación del Grupo de Seguimiento, que fungirá como vigilante de las acciones que hasta ahora se han realizado.

Con la emisión de una AVCM a nivel Jalisco, el Poder Ejecutivo eludió la vigilancia de organismos federales, como lo publicó Reporte Indigo el pasado 4 de abril en “Alerta de género a modo en Jalisco”.

El seguimiento de las acciones realizadas bajo el esquema de la alerta local no ha tenido revisión,  y de acuerdo con el informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) debía quedar en manos de un grupo externo en donde confluyeran sociedad civil y académicos.

Parte importante de emitir una Alerta a nivel federal sería la vigilancia de instituciones ajenas al Gobierno estatal, cuyas instituciones locales encargadas ahora de la alerta dependen directamente del gobernador.

En Morelos y el Estado de México, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Víctimas y la Comisión Nacional de Seguridad son las que revisan el proceso que aquí lleva a cabo el poder local.

En Jalisco esto sólo ha quedado entre los funcionarios dependientes del Gobierno de Estado y los cinco académicos que sirven como contrapeso en el GIM, pero que también son juez y parte del proceso de la alerta local.

Observar las acciones

Guadalupe Ramos Ponce, experta en el tema e integrante del GIM, explicó que la no conformación del grupo es preocupante pues las autoridades locales no se pueden observar entre ellas.

“Algo que es fundamental y que se estableció en la ruta crítica es la creación de un grupo que tendrá que dar seguimiento al cumplimiento de la alerta, diferente al Grupo Interinstitucional que conformamos quienes elaboramos el informe. Ese no se ha conformado.

“El último punto era la conformación de este grupo que me parece excelente. Debe de haber un grupo de expertos que desde la academia y desde la sociedad civil vigilen y den observancia al cumplimiento de todas estas acciones”, explicó Ramos Ponce.

De acuerdo con el apartado B, del punto 1.2.3 sobre la “Etapa de valoración del Informe y emisión de la resolución final”, se debía crear un Grupo Sensibilizador y Multidisciplinario con acciones regidas por cuatro ejes: prevención, protección, seguridad y acceso a la justicia, para el seguimiento y evaluación de las acciones de la alerta.

En la página 43 del informe final de la alerta se menciona que el Grupo Sensibilizador quedaría conformado por representantes de la sociedad civil organizada y autoridades que se designen.

“En este grupo, además de estar las académicas y académicos de las universidades que tengan expertise en temas de violencia de género, tendrán que estar activistas y defensoras de los derechos humanos que desde la sociedad civil han hecho un trabajo de exigencia del cumplimiento de todos estos derechos”, aclaró Guadalupe Ramos.
La conformación de este grupo es responsabilidad del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM), de la Secretaría General de Gobierno.

Una de sus principales funciones sería dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de implementación urgente propuestas en el informe del GIM y dictaminadas por el CEPAEVIM.
También podrán proponer medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.

La conformación de este grupo no es el único problema de la vigilancia y seguimiento de la alerta local, ya que al no existir marcos normativos que obliguen a la conformación de este grupo, como los que sí otorgan legitimidad a las instancias federales vigilantes, poco se puede exigir al Ejecutivo estatal para que llame a la conformación de este grupo.

Sin respeto al activismo

Una omisión importante de parte de las autoridades involucradas en el proceso de emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco ha sido el no involucramiento ni diálogo con las organizaciones civiles que durante años exigieron la llegada de este mecanismo de protección en la entidad.

Tan poco reconocimiento se le ha dado al papel que tuvieron las activistas feministas en la emisión de la alerta que en el informe final del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario se le adjudica al actual Gobierno la intención de activarla.

En el Informe del Grupo local, página 31, se reseña que fue el gobernador quien pidió la Alerta: “Lo anterior, en ausencia de una solicitud formal para la activación de la Alerta por parte de algún organismo de la sociedad civil organizada o de derechos humanos”.

No obstante las reiteradas peticiones públicas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco y el blindaje de la alerta local en la cual sólo el Instituto Jalisciense de las Mujeres puede pedir la emisión de la misma, según el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local.

Sobre este punto Cladem aclaró desde el principio que el Gobierno estatal nunca invitó a asociaciones civiles ni organizaciones feministas para la presentación de la firma, lamentando una falta de respeto de parte de las autoridades que hasta la fecha no han hecho sino prometer mesas de diálogo con las mismas.

“Es una falla tremenda, es un vacío y además es una falta de respeto que han tenido desde las instituciones, en el no reconocimiento del trabajo que desde las organizaciones se ha hecho desde hace mucho tiempo (…).

“El hecho de no haberlas invitado a la presentación del informe, pero tampoco fueron invitadas a la presentación del protocolo de la alerta ALBA. Eso es muy grave, porque uno de los factores —eso ya se vio en Ciudad Juárez— (…) de éxito para el protocolo ALBA es la vinculación que tienen las instituciones con la sociedad civil y con las familias de las víctimas”, reconoció Guadalupe Ramos Ponce.

La respuesta por parte de la autoridad ha sido poco certera hacia el discurso de las organizaciones que piden sentarse a la mesa con el Ejecutivo del estado.

En la marcha del pasado 24 de abril los grupos feministas realizaron un plantón a las afueras de Casa Jalisco.

Al día siguiente la respuesta de Érika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres fue:

“No se vale exigir gritando lo que nos merecemos cuando tenemos que aprender a exigir dialogando, construyendo y haciendo que las cosas pasen”, sentenció Loyo.