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El gobierno del exmandatario panista de Jalisco, Emilio González Márquez, nunca sancionó el grave episodio ambiental que protagonizó la Villa Panamericana durante los Juegos Panamericanos de octubre de 2011, cuando sus aguas negras fueron descargadas en los linderos del área natural del Bosque La Primavera.
El 3 de noviembre de 2011, cuando los Juegos Panamericanos ya habían concluido, el gobierno de Zapopan reveló que la planta de tratamiento de la Villa donde se habían hospedado los más de seis mil atletas, había colapsado durante el desarrollo del evento, por lo que había estado liberando en secreto sus aguas residuales en fosas improvisadas a cielo abierto.
El lugar donde está situada la Villa Panamericana, conocido como El Bajío, no solo colinda directamente con el área natural protegida del Bosque La Primavera, que es el principal pulmón de la ciudad de Guadalajara, también es una zona muy importante de infiltración y recarga de los mantos freáticos.
Pese a la indignación social que despertó ese hecho, documentos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) de Jalisco, desclasificados por mandato del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, revelan que el Gobierno estatal eximió a los responsables de la Villa de pagar la sanción que ameritaron.
La Proepa había fijado como castigo para el constructor de la Villa, la firma Corey Integra –antes Inmobiliaria Cornejo Barragán- una multa por 969 mil 120 pesos, en el expediente 1418/11; no obstante, ahora esa autoridad confirma que la penalización nunca se pagó. Lo dice su oficio 0360/0005/2016, entregado a Reporte Indigo el 27 de enero de 2016:
“Derivado de una solicitud de conmutación de multa, esta fue concedida según el oficio Proepa 5427/1007/2012 del 16 de noviembre de 2012, por Héctor Gómez Hernández, en su carácter de titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable”.
De esta forma, el gobierno de González Márquez conmutó el castigo al desarrollador por obras para su propio inmueble, pues la Villa es un complejo habitacional que le pertenece a ese constructor, y que siempre estuvo planeado para ser comercializado por esa firma una vez que concluyeran los Juegos Panamericanos.
Las acciones por las que se intercambió la penalización fueron: la ampliación de la planta de tratamiento que había colapsado; la instalación de un sistema de energía de paneles solares, y una barda para la cámara de vigilancia que está en el predio Nejahuete del bosque.
Por la gravedad de los hechos que fueron detectados durante la justa deportiva, el gobierno de Zapopan denunció las descargas residuales de la Villa ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de noviembre de 2011, la cual abrió la averiguación previa AP/PGR/JAL/GDL/AG1M2/5552/
Sin embargo, a cuatro años de distancia esta averiguación previa sigue sin consignarse, pues “actualmente se encuentra en trámite”, según lo indicó la PGR el 10 de noviembre de 2015 en su oficio SJAI/DGAJ/14821/2015 obtenido por transparencia.
Villa elude los castigos
Mientras Jalisco mostraba una cara de orden y legalidad ante la cobertura internacional de los Juegos Panamericanos, otra muy distinta se plasmaba en las actas municipales 175520, 176033, 174685 y 176626 que eran levantadas por los inspectores de Zapopan sobre el funcionamiento real –aunque oculto- de la Villa:
“Se observa inundación severa de aguas negras residuales”, puede leerse en esos documentos obtenidos por Reporte Indigo, sobre una situación que no fue extraordinaria ni momentánea, pues las descargas a cielo abierto se mantuvieron al menos del 24 de octubre al 9 de noviembre de 2011, de acuerdo a las fechas de las inspecciones realizadas.
Los responsables de la Villa y los Juegos Panamericanos, sin embargo, no solo eludieron la multa de Proepa, sino también la que impuso la Conagua por 299 mil 159 pesos, el 22 de febrero de 2012, dentro del expediente VI/LSP/JAL/2011/00429 iniciado por ese mismo hecho contaminante.
La sanción no fue para la constructora Corey, sino directamente en contra del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 (Copag), que presidía el exgobernador, y cuyo director general era Carlos Andrade Garín, uno de los ex funcionarios más cuestionados de ese periodo de gobierno.
El personal de la Conagua acudió a la Villa el 4 de noviembre de 2011, donde levantaron el acta PNI-2011-LSP-632; fue con base en esta que esa autoridad nacional determinó el castigo para el Copag, por: “Realizar descargas de aguas residuales sin contar con el permiso que para tales efectos señala la Ley de Agua Nacionales y su Reglamento”.
Esta multa de Conagua, no obstante, terminaría siendo ignorada por el Copag, por lo que el expediente tuvo que ser turnado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 25 de febrero de 2014, para iniciar un procedimiento de ejecución de cobro contra el Comité Organizador, no obstante, hasta 2015 aún no había registro de algún pago efectuado dentro de los archivos de Conagua:
“Se llevó a cabo una búsqueda minuciosa y exhaustiva en la base de datos del sistema de pagos, le informo que no fue encontrada ninguna información o expresión documental que coincida con los elementos contenidos en la solicitud”, respondió a Reporte Indigo el 7 de diciembre de 2015 la Coordinación General de Recaudación de Conagua.
Esto significa que la disolución del Copag que fue aprobada por el Ayuntamiento de Guadalajara en septiembre de 2015, poco antes de que diera inicio la alcaldía de Enrique Alfaro Ramírez, se concretó sin que ese Comité Organizador saldara antes la multa que le había impuesto la Conagua por las descargas residuales de la Villa.
La huella ambiental de la Villa
La Dirección de Protección al Medio Ambiente de Zapopan describe de esta manera el daño ambiental que encontró su personal cuando inspeccionó la Villa Panamericana, en octubre de 2011, aún durante los Juegos Panamericanos:
“Se observó la planta de tratamiento excedida de su capacidad descargando 25 litros por segundo a cauce natural, encharcamientos formando una laguna que impactó el área natural, daño a flora y fauna, contaminación a cielo abierto, a mantos freáticos, daños a la salud pública y emisión de olores desagradables”, dice en su oficio 1830/2015/324, del 16 de octubre de 2015.
Fue ese Ayuntamiento el que hizo público lo que estaba ocurriendo de manera secreta con la Villa Panamericana, la cual, aseguraba el gobierno de González Márquez, había sido autorizada bajo los más altos estándares ambientales, ante su proximidad con el área natural protegida del Bosque La Primavera.
Al gobierno de Zapopan, sin embargo, llegó a cuestionársele que revelara estos hechos hasta el 3 de noviembre de 2011. Aquel respondió que no lo expuso entonces para no afectar a los Juegos Panamericanos que seguían en curso, aunque aseguró que la clausura sobre la planta de tratamiento colapsada sí se aplicó de forma inmediata.
Lo cierto es que Zapopan, a diferencia de Proepa y Conagua, sí obligó al Copag del exgobernador a pagar las cuatro multas por cada una de las actas de inspección que fueron levantadas, y las cuales suman un monto total por 962 mil 734 pesos, según los recibos de pago proporcionados por su Tesorería municipal.
De origen, la Villa Panamericana se autorizó sin ajustarse a los lineamientos urbanísticos del plan parcial correspondiente, por lo que aún hoy carece de un dictamen de habitabilidad, lo que le ha impedido concretar la venta de sus departamentos.
El actual gobierno del mandatario Aristóteles Sandoval Díaz, no ha podido aún resolver el conflicto que rodea a la Villa Panamericana, en la cual, además de la inversión privada de Corey, se invirtieron 757.4 millones de pesos que aportó el Gobierno del Estado y otros 340 millones más provenientes del Instituto de Pensiones local.
Corey libra multas por descargas
Además del hecho de la descarga de las aguas negras a cielo abierto, la constructora de la Villa Panamericana se ha librado de pagar otra multa que le fue impuesta por la Proepa por 121 mil 140 pesos, por distintas omisiones ambientales que fueron detectadas durante su edificación, del 20 al 23 de junio de 2011, dentro del expediente 0882/11.
Esos días los inspectores de Proepa hallaron diversos faltas de parte del constructor con respecto a la Autorización Condicionada en Materia de Impacto Ambiental 0007/6546/2009, que le fue otorgada por el Gobierno estatal el 7 de diciembre de 2009.
Estos incumplimientos se concentraban sobre las condicionantes ambientales 7, 9, 10, 11, 16 y 18, pero destacaban algunas por su relevancia:
La condicionante 7, que lo obligaba a elaborar un “estudio que determine la capacidad de carga para el aprovechamiento de los acuíferos, en relación con el número actual de habitantes, el cual cuente con los elementos de información que permitan establecer criterios concretos para proponer al Ayuntamiento las densidades para futuras construcciones, que garanticen la sustentabilidad del recurso hídrico”.
La condicionante 9, que señalaba: “Deberá presentar la propuesta de acciones de conservación referente al capítulo de fauna con respecto al Bosque La Primavera”.
La condicionante 16: “Deberá presentar el programa integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos para el eficiente manejo y preservación de la cuenca y sub-cuenca a la que pertenece, validada por Conagua, CEA (Comisión Estatal del Agua) y /o Ayuntamiento”.
Y la condicionante 18, con este mandato. “Deberá presentar el estudio de factibilidad de abastecimiento de agua, mismo que deberá ser elaborado por un perito debidamente acreditado”.
En octubre de 2015, ya durante la actual gestión del gobernador Sandoval Díaz, la Proepa afirmó que “en el expediente no obra constancia alguna del pago de la multa”, por lo que persiste sin hacerse efectiva la sanción tras cuatro años transcurridos.
Reporte Indigo ya había dado cuenta de la impunidad que prevalece sobre las sanciones ambientales en Jalisco:
De las mil 101 multas que impuso la Proepa para castigar hechos contaminantes de 2007 a 2014, por 35 millones 88 mil 618 pesos, únicamente 220 fueron pagadas por los particulares y entes públicos penados, por 4 millones 621 mil 492 pesos, cifra que se reduce a 4 millones 61 mil 497 pesos con los descuentos aplicados.
Daños dentro del Bosque La Primavera
Existe un expediente ambiental más en contra de la Villa Panamericana, que fue abierto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), bajo la clave PFPA/21.3/2C.27.5/0002-12, y el cual también dio lugar a una sanción económica contra los desarrolladores del inmueble.
Este procedimiento de la Profepa dio inicio con la inspección que realizó en el sitio el 27 de enero de 2012, y en la cual detectó que la empresa Corey Integra había implementado una serie de intervenciones dentro del polígono del área natural protegida del Bosque La Primavera, sin contar con las autorizaciones federales para ello.
Estas acciones irregulares que no pasó por alto esa Procuraduría se dieron dentro de la fracción del predio de la Villa Panamericana que sí se encuentra inmersa dentro del área natural protegida del bosque, y la cual tiene una superficie de 3.39 hectáreas (el resto solo es colindante).
En concreto, dichas acciones en el bosque sin los permisos federales fueron:
Una reforestación con especies no autorizadas (usó pino michoacano, y no pinus oocarpa)
Instalación a lo largo de los senderos de 215 regadores, así como un total de siete válvulas solenoides para el control del sistema de riego y tres convertidores.
Instalación de 143 lámparas cilíndricas a lo largo de los senderos de .70 metros de altura y .06 metros de radio.
Instalación de un puente construido de acero y madera con 26 metros de largo por 1.5 metros de ancho.
Instalación de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 20 mil litros.
Instalación de malla ciclónica que funciona como cerca perimetral en los límites del predio, con una longitud aproximada de 500 metros.
En la resolución del expediente de Profepa se lee: “Todo lo anterior en el proyecto denominado Villa Panamericana, dentro del polígono del área natural protegida La Primavera, en Zapopan, Jalisco, sin contar con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental y/o exención y/o su aviso de no requerimiento de la misma por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Por estos hechos el 18 de diciembre de 2012 la Profepa multó a Corey con 130 mil 893 pesos, la cual ya fue pagada.
De esta forma, la Villa Panamericana ha sido objeto de ocho expedientes ambientales en su contra por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que generaron multas por 2 millones 483 mil 46 pesos, aunque ha eludido el pago de tres de estas (una impuesta por la Conagua; dos más de la Proepa) por un millón 389 mil 419 pesos: el costo de su huella ambiental.