"Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos”.
La ombudsman del Estado, Minerva Martínez Garza, no dio explicaciones de por qué acosó laboralmente a un extrabajador que la denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Reporte Indigo solicitó ayer una entrevista con la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de la Dirección de Comunicación Social del organismo, pero no hubo respuesta.
Esta publicación difundió el jueves los audios en los que se exhibe a la presidenta de la CEDH mientras acosa laboralmente al exdirector de Conclusión y Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la institución, Gustavo Meraz Rodríguez.
En las grabaciones se escucha cuando la ombudsman le dice que lo incluyó en “la lista” de liquidación del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado.
El despido ocurrió después de que el exempleado no aceptó una reducción de su salario como parte del programa que, según las palabras de Martínez Garza, fue ordenado al organismo autónomo por el gobernador Rodrigo Medina.
Abogados consultados por Reporte Indigo señalan que este programa no es extensivo para la CEDH.
Esto se debe a la autonomía que le confiere el apartado B del Artículo 102 de la Constitución federal, donde se establece que las comisiones estatales de derechos humanos son independientes frente a los gobiernos locales.
“Las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos”.
Derivado del ordenamiento anterior, el artículo 87 de la Constitución de Nuevo León reconoce la ley que regula a la Comisión Estatal.
Esta legislación, publicada en diciembre de 1992, indica en su artículo segundo la naturaleza autónoma de la institución.
“Se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un organismo público descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos consagrados en el orden jurídico vigente”.
Mientras que el acuerdo que crea el POFIF, en vigor desde el 1 de diciembre del año pasado, detalla que las reducciones salariales y las bajas de personal son únicamente para el Sector Central y el Paraestatal del Gobierno del Estado.
En ninguna parte especifica que los órganos con autonomía constitucional serán sometidos a esas medidas, sólo las secretarías, organismos descentralizados y fideicomisos.
El artículo segundo del acuerdo señala que a quienes perciban un sueldo nominal de 50 mil pesos, se les reducirá mensualmente una cantidad de su percepción.
Bajo este argumento la ombudsman trató de reducirle el sueldo al exdirector y, al negarse, fue incluido en el programa de liquidación directa.
Así que éste acudió a Recursos Humanos del Estado, donde le informaron que desconocían el estatus de su caso.
Ante la incertidumbre laboral, Meraz Rodríguez solicitó medidas cautelares a la CNDH para que se le respetara su salario.
El último informe del POFIF señala que desde la implementación del plan hasta febrero pasado se han operado 753 bajas de personal.
Se estima que aunadas a las reducciones salariales de 681 funcionarios, el Gobierno estatal proyecta un ahorro anual de casi 261 millones de pesos.
En ninguno de los reportes de avances mensuales se mencionan bajas de algún integrante de la CEDH.
Los informes tampoco detallan a qué dependencias u organismos pertenece el personal al que se le redujo el sueldo.
