Diversos estudios refrendan que uno de los principales enconos de violencia que sufren las mujeres se da en el entorno familiar.
En el último lustro, de enero de 2012 a octubre de 2016, se tienen registrados 24 mil 297 casos de violencia intrafamiliar; 2015 fue uno de los que más registros tuvo, con 6 mil 924 casos de acuerdo con la autoridad estatal.
El desinterés por acciones que impacten en la violencia que día a día trastoca la vida de las mujeres se muestra incluso en términos presupuestales, como lo critica el informe elaborado para la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra mujeres para el estado de Jalisco, que presentó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en marzo de este año.
El documento señala que en 2015 las autoridades destinaron 9 millones 682 mil pesos para atacar la violencia contra este sector a través del fondo estatal en los programa de Vida sin Violencia y el programa Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres; para el año 2016 el presupuesto para el mismo tema fue de apenas 4 millones 661 mil pesos.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), implementado a partir del 2010 por la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, registra en Jalisco 16 mil 658 casos de violencia contra las mujeres.
De ellos, sólo seis han recibido orden de protección, destacando que la principal forma de violencia se manifiesta en términos psicológicos, aunque la violencia física y sexual llegan a ocupar el segundo y tercer lugar en las cifras, respectivamente.
En el entorno familiar, la Secretaría de Salud muestra que en Jalisco el 84 por ciento de los casos son de índole psicológica, seguidos por la violencia sexual en un 66 por ciento y un 51.9 para la que tiene que ver con agresiones físicas.
La iniciativa plantea que el Ministerio Público persiga de oficio este delito cuando el cuerpo de la víctima presente lesiones, y la intervención del Poder Judicial con apoyo policial en el domicilio de la agredida
El reporte de Salud
La ley establece que la dependencia de Salud está obligada a reportar los casos de violencia contra las mujeres al Ministerio Público, ya que algunos casos no llegan a las autoridades por el temor a las represalias y la revictimización, pero sí llegan al área de Salud para la atención de las agresiones recibidas.
La Conavim detectó que en el estado sólo se dio aviso al Ministerio Público en 51.6 por ciento de las lesiones por violencia familiar que llegaron a las dependencias de salud. Este porcentaje es similar al 51 por ciento de los casos en que se dio aviso en los municipios donde se sigue la estrategia de AVCM.
“El grupo de trabajo considera que existe un incumplimiento por parte de las autoridades de Salud de actuar con debida diligencia para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, señala el documento federal.
Por más sanciones
Una iniciativa en el Congreso local busca reformar artículos del Código Penal del Estado de Jalisco en el tema de procuración de justicia:
3-8
15,098
24,297
Perseguirla de oficio
La diputada local por el PRI en el Congreso de Jalisco, Rocío Corona Nakamura, presentó el lunes en rueda de prensa una iniciativa que busca promover la denuncia familiar y castigar con sanciones más severas las agresiones que se dan en el entorno familiar.
Se plantea reformar artículos del Código Penal del Estado de Jalisco para que se sancione con entre 3 y 8 años de prisión a quien genere violencia familiar, así como una multa mínima de 15 mil 098 pesos. Además de que el agresor podría perder los derechos familiares bajo esta sanción.
Corona agregó la necesidad de que el Ministerio Público proceda de inmediato y persiga de oficio este delito cuando el cuerpo de la víctima presente lesiones, integrándola al andamiaje procesal que incluya la intervención del Poder Judicial para proteger a la víctima con apoyo policial en su domicilio.
Este tipo de legislaciones punitivas en poco abonan, pues aunque se cuenta con tipos penales que endurecen las penas y aclaran los procesos, en la realidad las autoridades no aplican la normatividad y se carece de andamiajes certeros para la justicia en los casos de violencia.
Las condiciones culturales, sociales e institucionales en Jalisco generan un marco complejo para el tema de la violencia, colocando a las mujeres en vulnerabilidad, alertan expertos de la Conavim
Fijan plazo
La Conavim reconoce que, aunque se ha creado todo un entorno institucional que a la letra favorece la acción de las autoridades en términos de la legislación local, se carece de una estructura burocrática consciente de las necesidades que tienen las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia.
Detalla que existen severos prejuicios por parte de los funcionarios públicos de dependencias clave, como la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar.
En contraste, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo Beristáin, se muestra optimista con el proceso de la Alerta en Jalisco. Ha dicho a medios locales que existe una coordinación activa con la recién creada Agencia Metropolitana de Seguridad y el Legislativo para ejecutar las acciones de la alerta local.
Pero la realidad es que el tiempo federal está encima, pues en marzo pasado la Conavim emitió sus recomendaciones e informe con la advertencia de que en seis meses se debían dar resultados por parte de la autoridad local.
De lo contrario, se emitirá una alerta federal que involucra una mayor vigilancia de dependencias no directamente involucradas en la realización de las acciones, como ocurre con el tema a nivel local.
“Estamos ya cercanos a que se cumpla el plazo para rendir el informe de avances de cara a los seis meses que tuvimos. Estaremos enviando el informe el día 23 (de octubre), que es nuestro plazo legal; (estamos) terminando estas dos semanas los últimos productos que tenemos pendientes con algunas expertas y expertos de otros estados”, dijo Loyo Beristáin al periódico local NTR Guadalajara.
“El grupo de trabajo considera que existe un incumplimiento por parte de las autoridades de Salud de actuar con debida diligencia para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”
