Feminicidio: crisis sin respuesta

El crecimiento de la violencia, asesinatos y desapariciones de mujeres en Nuevo León encienden los focos rojos en organizaciones de la sociedad civil, pero la respuesta de las autoridades no está a la altura de la emergencia.

Algunas omisiones en las que cae el Gobierno estatal es la falta de capacitación y de interés para investigar y procesar los asesinatos como feminicidio, aunado a un déficit de mecanismos adecuados de prevención y de protección a la mujer, así como la poca claridad de las cifras oficiales y nulo seguimiento.

Sumado a todo esto, en la entidad aún se sigue esperando la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género por parte de las autoridades federales, y según apuntan activistas, el retraso en la activación del mecanismo podría radicar en motivaciones meramente políticas.

Para la activista Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas A.C., uno de los principales problemas es la falta de coordinación adecuada.

“Nos falta todavía voluntad política que se refleje correctamente en acciones específicas, en acciones muy palpables que tienen que ver con prevenir feminicidios y prevenir violencia contra las mujeres”.

Detalla que las mujeres que llegan a su organización en su mayoría ya habían recorrido varias instituciones públicas y habían sufrido violencia, e incluso intentos de asesinato, sin ser adecuadamente atendidas.

“Si piden ayuda esas mujeres no deberán volver a ser víctimas de violencia. No hemos logrado construir la suficiente capacidad de respuesta por parte del Estado para darle suficiente atención a las víctimas, para evitar que sean asesinadas, para evitar que sean violentadas”, señala Leal.

Miedo al señalamiento

La organización Arthemisas por la Equidad A.C. solicitó desde 2012 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim, la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Nuevo León. Cuatro años después aún no hay respuesta.

La Conavim se había negado a iniciar la investigación porque no lo consideró factible. Tras la sentencia de un amparo, el organismo se vio obligado a retomar la investigación, pero no se ha entregado el resultado de la misma y no se ha decretado la Alerta en la entidad.

“El tiempo sigue su curso y a las mujeres las siguen matando, mientras los papeles siguen en los escritorios. La pelota está del lado del Gobierno federal”, afirma Irma Alma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad.

Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, considera que ha habido negligencia del Conavim y del Gobierno de Nuevo León, e incluso apunta a una posible negociación.

“No quieren que se decrete, y ahí debe de haber intereses económicos, políticos, no hay otra explicación, no quieren que se diga que en Nuevo León ya hay una declaratoria, les da miedo. El gobernador no ha de querer.

 “Se sigue viendo como un tema de que no se señalen los errores. Hay que hablar del problema que tenemos , reconocer cuáles son esos problemas y (…) empezar a encontrar las soluciones”, afirma Estrada.

Está convencida de que la activación de este mecanismo no es un castigo ni  señalamiento a lo mal que se hacen las cosas, sino una oportunidad para revertir la situación.

“La alerta de género te permite y te incentiva como estado a tener acciones más puntuales, más concretas, y de alguna manera también te permite el acceso a recursos públicos federales que pudieran ayudarte a construir esa capacidad de respuesta”.

Legislación e implementación

Otro de los obstáculos que las organizaciones han detectado son fallas en la implementación de los mecanismos para investigar y procesar un asesinato como feminicidio, así como una legislación del código penal poco clara.

“La base de esto está en una mala legislación. La situación está en que el tipo penal de feminicidio para iniciar no es en Nuevo León un delito autónomo, está supeditado al homicidio. La privación de la vida de una mujer es feminicidio, punto, no tiene que estar supeditado al homicidio”, dice Estrada.

El Código Penal de Nuevo León establece que el homicidio será considerado como feminicidio cuando por conductas de género, ya sea por acción u omisión, se prive la vida a una mujer, sin embargo, la “conducta de género” es un elemento subjetivo que queda a la interpretación del operador de justicia, por lo que les resulta más sencillo tipificarlo como homicidio.

“Se complejiza la acreditación y a la autoridad le es más fácil irse por homicidio. No les interesa acreditarlo, por eso ni siquiera han modificado el tipo penal”, asegura María de la Luz Estrada.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano del Feminicidio.

Sin política pública

La diputada federal por Nuevo León, Ximena Tamariz, presentó un exhorto ante la Cámara de Diputados para que las autoridades locales y federales actúen ante la situación de feminicidios y violencia de género en la entidad.

“No se ve una política pública por parte del Gobierno del estado, ni por el Gobierno federal para prevenir, ya no digamos disminuir o erradicar, para prevenir la violencia.

“La violencia de género no se elimina por declaraciones, ni por decreto, sino por políticas públicas que realmente atiendan y trabajen con las mujeres que ya la padecen, que trabajen en prevención, orientando a las niñas y a las jóvenes de cómo detectar las alertas (…) y que sepan a dónde acudir”, detalla Tamariz.

Por la negativa de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Nuevo León, la diputada panista cree que se está cayendo en un círculo vicioso, porque ante la falta de activación de los protocolos no se están investigando adecuadamente los casos de feminicidio.