Tiempos violentos

A un año de la elección presidencial, México se tiñe de rojo.

El asesinato de dos periodistas y el ataque a un sacerdote en la misma Catedral Metropolitana son los últimos capítulos de la escalada de violencia que azota el país en 5 años de gobierno.

La ejecución de una activista de los desaparecidos en Tamaulipas, la ejecución de Palmarito y la agresión de los huachicoleros contra el Ejército en Puebla, son algunos de los hechos violentos que se han registrado en la última semana en México.

México ha vivido un mes de mayo aciago. La violencia parece haberse enseñoreado en varios estados y ha dejado ver el tamaño de la crisis social que vive el país.

Ejecuciones y ataques a periodistas y activistas, enfrentamientos entre civiles y fuerzas armadas, el ataque a un sacerdote en el interior de la Catedral Metropolitana, el asesinato de personas en todo el país.

A la violencia de alto impacto se suma la cada vez más visible corrupción de las esferas de poder. Funcionarios que desvían miles de millones de pesos para beneficio personal y que buscan refugiarse en las lagunas de la ley.

Todo ello, coronado por la impunidad. Esa que sirve de incentivo para que continúe la crisis. Todo pasa y nada pasa.

Abrumado por los acontecimientos de los últimos días, el Gobierno mexicano ha emitido declaraciones y ha anunciado acciones para intentar controlar la situación, sin que nada funcione hasta ahora.

La violencia crece, impune.

Uno tras otro

No solo el asesinato del periodista Javier Valdez, en Culiacán, prendió nuevamente las alertas sobre los niveles de violencia que experimenta el país.

La muerte del reportero sinaloense es apenas un síntoma de la violencia generalizada que azota a la mayor parte de las entidades del país.

“La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro”, dijo Javier Valdez en septiembre del 2011, cuando recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa que le otorgó el Comité para la Protección de Periodistas, en Nueva York.

Uno a uno, los hechos de violencia dan cuenta de la descomposición social que afecta al país. Le dan la razón al periodista.

El lunes, el mismo día que asesinaron a Valdez, atentaron contra la vida de Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño, en Jalisco; ella quedó malherida, pero su hijo, el también reportero, Jonathan Rodríguez, murió en el lugar.

Ese día también fue atacado Miguel Ángel Mascorro, sacerdote y sacristán mayor de la Catedral Metropolitana. Un joven intentó degollarlo cuando oficiaba misa en uno de los templos más importantes del país. Por el piso de la catedral corría el río de sangre que salía del cuello del párroco.

Después de cometer el atentado, el joven se entregó ahí mismo y pidió hablar con el presidente Enrique Peña Nieto.

El fin de semana, seis periodistas fueron retenidos en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero, por un grupo del crimen organizado. Fueron amenazados y despojados de sus equipos y su información. Después de amenazarlos con quemarlos vivos, los dejaron ir.

Ayer, la ciudad de Reynosa nuevamente declaró alerta de riesgo por enfrentamientos y ataques de grupos delincuenciales.

En esa ciudad de Tamaulipas, las muertes ya se cuentan por decenas en lo que va del mes. La crisis es tan inmanejable, que el Gobierno municipal avisa a sus ciudadanos dónde hay enfrentamientos, balaceras o hasta dónde se colocan “ponchallantas” para pedir a la gente que evite la zona.

El 10 de mayo, el día de las Madres, le fue arrebatada la vida a Miriam Elizabeth Rodríguez, una activista de San Fernando, Tamaulipas, que tenía un colectivo de búsqueda de desaparecidos.

Miriam desenterró a su hija Karen de una fosa clandestina; había desaparecido y ella la encontró. También halló a los culpables del asesinato, esos que se escaparon de la cárcel en Ciudad Victoria y de los que el Estado no la protegió.

En Puebla, el robo de gasolina se ha salido de control. En varias comunidades de esa entidad, los ladrones de combustible, los huachicoleros, se han enfrentado con el Ejército mexicano.

El 4 de mayo, el enfrentamiento entre ambos bandos dejó un saldo de 11 personas muertas, cuatro de ellos militares del Ejército.

Días después de que sucedió el choque fue dado a conocer un video donde se ve que alguien –presuntamente un militar- da el tiro de gracia a uno de los hombres detenidos.

Este martes, la Policía Federal tomó el control de la Policía municipal de Zihuatanejo, Guerrero por la infiltración del crimen organizado.

Uno a uno, los hechos de violencia han llenado los titulares de los periódicos de todo el país. Mientras, los discursos oficiales hablan de un México que no se ve por ningún lado.

En la mira

La violencia en México ha llamado la atención de organismos nacionales e internacionales que han alertado sobre la gravedad de la situación.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) dio a conocer apenas la semana pasada su “Encuesta sobre Conflictos Armados 2017” y en ella ubicó a México como el segundo lugar entre los países del mundo con más muertos por una situación de violencia, solo debajo de Siria.

El IISS señaló que en Siria se registraron 50 mil muertes por la guerra civil, mientras que en México el número se eleva a 23 mil víctimas, solo en 2016.

“El número de muertes en México supera al de Afganistán y Somalia. Esto es sorprendente, considerando que las muertes se pueden atribuir en casi todos los casos a armas pequeñas”, indica el IISS.

La Secretaría de Gobernación negó que en México haya un conflicto armado y descalificó el informe del IISS, diciendo que se trata de datos sin sustento.

“La existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país”, insistió Gobernación.

El asesinato de Javier Valdez también provocó reacciones de organismos internacionales contra lo que, consideran, representa un atentado a la libertad de expresión.

La Unión Europea, a través de su embajada en México, pidió que la investigación del caso sea expedita, pues el asesinato de periodistas en el país demuestra que es una de las naciones más peligrosas del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación.

“Investigaciones rápidas y transparentes son necesarias para llevar ante la justicia a los perpetradores de todos estos crímenes”, expuso la Unión Europea en un comunicado.

La UNESCO también se pronunció porque la investigación del asesinato sea eficaz.

“Este crimen nos recuerda cada vez más, de manera contundente, que demasiados periodistas valientes ejercen su profesión en un entorno carente de seguridad y que, al atacarlos, se menoscaban los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y de información”, expuso Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en un comunicado.

Amnistía Internacional alertó también que México se ha convertido en una zona de alto riesgo para los comunicadores y lamentó que las autoridades “prefieren hacer caso omiso” al derramamiento de sangre de los periodistas.

“Ser periodista en México parece más una sentencia de muerte que una profesión”, sentenció Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en el país.

La organización reprobó que hayan sido asesinados 105 periodistas en México desde el año 2000.

Corrupción, ¿el incentivo?

El binomio corrupción-impunidad podría ser una de las causas de la descomposición social que ha llevado a México a enfrentar una situación de violencia generalizada, tanto con casos de alto impacto como otros que enfrentan los ciudadanos en su día a día.

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, la corrupción que se ha enraizado en el país puede abonar a la circunstancia que enfrenta México, pues cuando las personas ven que las autoridades violan la ley y cometen abusos de poder, saben que todo está permitido.

“Desde antes, en los años 70 u 80, sabíamos que la corrupción era imperante; sabíamos que había todopoderosos en el país y que el ciudadano promedio no tenía esos niveles de poder ni esos niveles de impunidad. Pero hoy lo sabemos con toda claridad, y lo sabemos debido a los ‘asaltos’ que nos han hecho, a los desfalcos descarados que nos han hecho tantas autoridades de gobierno.

“Hoy tenemos casos de gobernadores de corrupción y nadie está haciendo nada. La corrupción no la cachamos en tiempo real, la cachamos cuando se convierten en miles de millones de pesos. Así que esa idea, ese darse cuenta, sí afecta a los ciudadanos (…) y más porque la corrupción es algo que ya se ha normalizado por los niveles de impunidad que tenemos. Si a alguien que ‘roba poquito’ no le pasa nada, ¿yo por qué me voy a portar bien?”, comentó Rivas.

El activista señaló que aunque no hay datos contundentes que permitan saber si México enfrenta una ola de violencia más fuerte que en otros tiempos –simplemente porque no se medía-, lo cierto es que ahora se visibilizan más los casos de violencia y el panorama se ve peor.

El mayor problema, indicó, es que se normalice la violencia y ya nada sorprenda a los ciudadanos porque es entonces cuando se deja de trabajar para transformar la realidad cotidiana.

“El hecho de que hoy quemen a una persona, le corten las manos, una señora mate a alguien o el marido queme a su esposa, estamos empezando a verlo como algo normal.

“Yo sigo indignado con el caso de Puebla (de la familia asaltada), con el asalto que se vuelve violación, que se vuelve homicidio y, pues sí indignó a la sociedad pero solo tres días, porque ya nos indignó el siguiente caso y el siguiente caso y así.

“La realidad violenta nos va ganando porque tenemos información sobre la realidad violenta y acabamos normalizándola”, expuso.

Rivas aseveró que la información sobre los hechos de violencia podrían contribuir a que se hagan los cambios necesarios para tener un estado de Derecho de forma gradual, sin una idea de deshacer lo que ya está hecho porque es una postura poco realista.