Entre 2015 y 2021 se abrieron en Nuevo León 142 mil carpetas de investigación por los 10 principales delitos relacionados con las violencias contra las mujeres, pero más de 95 por ciento no se han resuelto, según un informe de la organización Redes Quinto Poder.
Una joven fue violada por un tío suyo cuando tenía 12 años de edad. La agresión fue cometida en septiembre de 2015 en San Bernabé, en la zona norte de Monterrey, pero su caso no ha derivado en una sanción para el responsable.
Otra joven fue agredida sexualmente por su padrastro en febrero de 2017. El caso ocurrió cuando tenía 14 años, en la colonia Independencia, también en Monterrey.
Ninguna de las dos víctimas ha tenido acceso a la justicia porque las carpetas de investigación están en el olvido. De miles de casos como estos trata el “Estudio sobre la efectividad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para resolver las denuncias sobre los principales delitos relacionados con la violencia de género”, realizado por la organización de la sociedad civil Redes Quinto Poder.
“Estamos muy preocupados pero también estamos muy ocupados por el tema de la violencia de género que vive Nuevo León. Hoy estamos haciendo esta aportación a la sociedad para visibilizar una crisis”, dijo Juan Manuel Ramos, director general de Redes Quinto Poder, durante la presentación del estudio el 12 de junio.
Al evento también acudieron la diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes; la académica Paulina Millán y el periodista Ángel Ramos, quien realizó la investigación.
Carpetas de investigación en el olvido
Con base en datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre 2015 y 2021 se abrieron en la entidad neoleonesa un total de 142 mil 946 carpetas de investigación por 10 los principales delitos relacionados con la violencia de género.
Se trata de homicidio doloso con víctima mujer, feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, violación equiparada, violencia familiar, corrupción de menores de edad y trata de personas.
El estudio se realizó a partir del universo de carpetas de investigación acumuladas hasta 2021 y a partir de 2015, porque es el año en el que arrancó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el más antiguo en el que el SESNSP adoptó el formato actual de clasificación de delitos.
En Nuevo León sólo se han resuelto 4.30 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por 10 los principales delitos relacionados con la violencia de género entre el 2015 y 2021. Este porcentaje equivale a 6 mil 166 casos.
De ese total, mil 149 casos fueron concluidos mediante una sentencia condenatoria en contra de los responsables. Mientras que 5 mil 17 por la vía de una salida alterna al proceso penal prevista dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso.
“La violencia machista también es sistémica e institucional. Los datos que nos dieron hoy sobre la Fiscalía sin duda son un ejemplo de lo que nos referimos. El hecho de que exista este porcentaje de casos resueltos o que haya esta gran cantidad de carpetas abiertas tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres. Nos da también la señal de que los delitos por razones de género prácticamente son impunes”, pronunció Paulina Millán.
El presupuesto de la Fiscalía
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tiene la obligación legal de continuar trabajando en las denuncias interpuestas y las investigaciones iniciadas cuando operaba la extinta Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, subordinada al Ejecutivo. Este órgano se volvió autónomo desde 2018.
La Fiscalía cuenta con menos recursos de los que solicita, aunque cada año ha tenido un incremento en su presupuesto. En 2019, el primer año completo en el que operó como organismo autónomo, obtuvo un presupuesto de 2 mil 634 millones.
En 2020 sus recursos rondaron en 2 mil 888 millones. En 2021 alcanzaron los 3 mil 379 millones.
Para 2022 la Fiscalía solicitó más de 4 mil 500 millones de pesos, pues argumentó que necesitaba presupuesto para la contratación de más agentes del Ministerio Público. Sin embargo, el Congreso le aprobó apenas 3 mil 676 millones, es decir, 22 por ciento menos de lo solicitado.
“Como vemos cada año el organismo autónomo ha contado con un incremento en los recursos con los que cuenta para operar, por lo que el monto ha crecido en poco más de mil millones entre 2019 y 2022, lo que es igual a 40 por ciento más”, dice.
