La Ciudad de México no escapa a la situación de desaparición que se vive en el país y actualmente el Congreso trabaja para salir del rezago que existe en el tema.
El retraso no ha permitido tener una cifra real a nivel local de las desapariciones en la capital ni atender de manera integral a las víctimas.
Desde 2013, existe la Ley General de Atención a Víctimas, pero hasta febrero de 2018 se creó la Ley de Atención a Víctimas de la capital.
Mientras que en 2017 entró en vigor la Ley de Desaparición Forzada y el 3 de diciembre de 2019 se aprobó la Ley De Búsqueda de Personas local.
Ambas legislaciones capitalinas se publicaron fuera de los plazos estipulados por la Constitución federal, que eran de un año y medio posterior a la entrada en vigor de las leyes generales.
Apenas el año pasado, el Congreso y el gobierno de la ciudad conformaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión de Búsqueda de Personas.
La tarea de estos órganos es dar un diagnóstico de la situación de desaparición forzada y por particulares en la capital así como atender a las víctimas.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan que en la Ciudad de México hay mil 185 personas desaparecidas desde los años 60 hasta el pasado 31 de diciembre de 2019, según el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
El diputado local y presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, Emmanuel Vargas Bernal, adjudica el rezago y las omisiones de pasadas legislaturas a que el problema no se había visibilizado ni se le había prestado atención hasta ahora.
Sin embargo, Vargas Bernal afirma que pese a las cifras oficiales federales se debe hacer un diagnóstico local y especializado.
Tenemos muchas cifras negras, apenas se está haciendo un diagnóstico real (...) este tema no se había visibilizado antes
El legislador indica que el diagnóstico será realizado por un consejo de búsqueda, cuyas bases para su designación serán publicadas el próximo 30 de marzo.
La intención es que en este 2020 exista un panorama claro a nivel local que contribuya a que casos como el de Natalie Carmona, quien desapareció en enero de 2019, sean visibilizados y atendidos.
Desaparición en CDMX: Sin rastro de Natali
Natali Carmona desapareció el 27 de enero de 2019 mientras hacía un viaje a Puebla con su pareja, Víctor Macías. Hasta el momento ninguna autoridad tiene un indicio de ella.
Aidee Hernández, madre de Natali, relata que ese día su hija de 32 años de edad le avisó que saldría de la capital y no tardaría en regresar. Sin embargo, a las 5 de la tarde no tenía información de su paradero.
Entonces comenzó a buscarla sin ayuda de la familia de su pareja, que se mantuvo hermética y no quería brindar datos sobre la localización de ambos.
“A las 7 de la noche no tenía información y su familia de Víctor me decía que no me preocupara. Intentamos hablar a Locatel y nos pedían los datos del coche en el que iban pero no los quisieron dar”, menciona.
Cuenta que el 29 de enero acudieron a la Fiscalía de Personas de Desaparecidas (Fipede) para que comenzara a investigar la ausencia de Natali. Pero esa instancia no ha dado ninguna respuesta.
Señala que el 10 de febrero, encontraron en Puebla el cuerpo de Víctor Macías, cuya familia identificó pero no dejó que fuera visto por Aidee.
A raíz de esto, la Fipede envió el caso a la Fiscalía General del Estado de Puebla en abril de 2019 y el expediente llegó hasta el mes de junio de ese año.
Sin embargo, denuncia que las autoridades de Puebla tampoco han dado avances.
“En octubre la fiscalía no tiene datos y la carpeta está detenida porque no hay línea de investigación.
“Hasta el día de hoy lucho para que se reinicie la carpeta”, explica.
En enero de 2020, Aidee acudió en busca de ayuda a la CEAV de la capital, pero sólo le proporcionaron atención psicológica con el argumento de que carecen de los recursos financieros.
“En lo económico sí tendrían la obligación de apoyarme porque el caso de Natali se va a Puebla porque así lo decidió Fipede”, indica.
Aidee cuenta que la desaparición de Natali le ha afectado en su economía pues todos los viajes realizados así como otros esfuerzos han sido costeados por ella y su esposo.
También en lo familiar ha repercutido, la víctima de desaparición es separada y se hacía cargo económicamente de su hija de 14 años. Aidee y su esposo Aurelio tuvieron que hacerse responsables hasta octubre de 2019 cuando su papá se la llevó a vivir con él.
Actualmente, Aidee busca que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas la registre para acceder a la reparación integral del daño y que la Comisión Nacional de Búsqueda investigue el caso.
El diputado local, Emmanuel Vargas Bernal, afirma que si la CEAV ha fallado, se necesita que los agraviados informen al Congreso para que su titular, Armando Ocampo Zambrano, sea llamado a comparecer.
Buscan declaratoria especial de ausencia
Jannete Guerrero Maya, diputada local e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, presentó el 25 de febrero la iniciativa de Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia, que busca brindar protección a las familias de personas desaparecidas.
La propuesta pretende armonizar la Constitución local con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, publicada el 22 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Federación.
Guerrero Maya explica que con la iniciativa se busca que los hijos, esposas o padres de personas ausentes puedan acceder a derechos como el seguro social o el salario de los desaparecidos.
Actualmente, aclara, si una persona desaparece su familia no puede reclamar sus garantías como la seguridad social o su remuneración en caso de ser trabajador y la deja en una indefensión económica.
El pasado 25 de febrero se presentó la iniciativa de Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia que busca brindar protección a las familias de personas desaparecidas
Guerrero Maya detalla que en cuanto se publique la ley, que espera sea en 2020, los cercanos a los desaparecidos podrán solicitar -dos meses después de levantar la denuncia correspondiente- al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la declaratoria especial de ausencia.
Posteriormente, el poder judicial tendrá seis meses como máximo para determinar si la otorga o no.
