México es un lugar hostil para los que ejercen el periodismo. A pesar de que el Gobierno federal insiste en que existen las condiciones para la libertad de expresión, las agresiones y asesinatos contra los integrantes de la prensa demuestran lo contrario.
En otra contradicción, la labor del organismo que garantiza el derecho de acceso a la información pública, el Inai, ha sido blanco de acusaciones por parte del Poder Ejecutivo.
La protección a periodistas volvió a ser un tema de discusión luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina del lunes que pediría al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hacer los trámites correspondientes para ofrecer asilo político al activista Julian Assange, quien enfrenta un proceso legal por filtrar documentos diplomáticos de Estados Unidos.
Artículo 19 considera que el Gobierno federal debe robustecer y no atacar a las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información
En respuesta, especialistas y organizaciones de la sociedad civil consideraron que más allá de ofrecer la protección a informantes que enfrentan procesos en el extranjero, es importante que el Gobierno federal resuelva los problemas por los que atraviesan los profesionales de la comunicación en el país.
En su mañanera del lunes, López Obrador también provecho para cuestionar la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) al afirmar que durante 2021 se va a llevar a cabo una revisión para ahorrar recursos al desmantelar lo que considera como duplicidad de instituciones creadas para simular combatir la corrupción y que había transparencia.
“Se creó durante el periodo neoliberal de otro gobierno. Imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficina, en viáticos, en gastos superfluos”, mencionó.
De acuerdo con el mandatario, el INAI representa mil millones de pesos que podrían ahorrarse.
“¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? Ah, se quiere un organismo independiente, un organismo autónomo. ¿Qué no está para eso la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación?”, añadió en la conferencia.
El tabasqueño agregó que dichos aparatos administrativos representan una “farsa”, y era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos.
Artículo 19, organización en defensa de la libertad de expresión y acceso a la información, resalta que un verdadero compromiso tendría que ser robustecer y no atacar a las instituciones autónomas encargadas de la protección de la información.
Leopoldo Maldonado, director del organismo para México y Centroamérica, comenta en entrevista que si bien ofrecer asilo político es relevante como medida simbólica de promoción a la libertad de expresión y el derecho a la información, es urgente atender primero la situación nacional.
-Libertad de expresión y periodismo: Labor en riesgo
Datos de Artículo 19 muestran que en el país ocurre una agresión contra periodistas cada 10.75 horas en promedio.
Si antes México formaba parte de los países más letales para periodistas, ahora es el más peligroso, así fue clasificado en 2020 por el Comité de Protección para Periodistas así como por Reporteros Sin Fronteras, es decir, en cuanto a protección a la prensa, estamos peor que los países en guerra
Además, el director de Artículo 19 destaca que en septiembre del año pasado, con la desaparición de 109 fideicomisos, también se afectó el fondo de resguardo a periodistas.
“Hay aproximadamente 1300 beneficiarios, entre 450 periodistas y 800 activistas, y hay que mencionar que fue el propio gobierno quien pidió la intervención de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos para revisarlo y mejorarlo, de ahí se derivaron 104 recomendaciones pero a la fecha no sabemos cuál es la ruta para mejorar el mecanismo y atender esas sugerencias”, comenta.
Con un 98.5 por ciento de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, Maldonado enfatiza que el mensaje es claro: se puede agredir a la prensa sin consecuencias.
“Solamente en el primer semestre de 2020 hubo 406 agresiones, el 50 por ciento suelen ser por funcionarios públicos. El periodismo mexicano no es solo sobre el presidente, hay zonas de riesgo como Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz en donde las investigaciones son sobre narcotráfico o daños al medio ambiente, ese también es otro tema que se ha ignorado y no se quiere ver ni reconocer”, puntualiza.
En los últimos 20 años, 137 periodistas han sido asesinados por su labor en México, 2020 tuvo seis asesinatos lo que para la organización significa que los periodistas trabajan con miedo de que al publicar, sus vidas corran peligro.
Adicionalmente, Artículo 19 estipula que en el país se sigue sin esclarecer el uso de mecanismos de espionaje como Pegasus que fue usado contra periodistas y defensores de derechos humanos, además, señala que el actual gobierno no ha respondido sobre la continuidad de la adquisición y utilización de estos instrumentos para la vigilancia ilegal de sujetos que cumplen con una labor para la exigencia de derechos y la rendición de cuentas.
Con respecto a las declaraciones contra el INAI, Leopoldo Maldonado reprueba los ataques contra este, pues considera que se trata de un organismo garante del acceso a la información por disposición constitucional y a nivel nacional.
En 2020 Morena y sus aliados en el Congreso desaparecieron 109 fideicomisos, entre ellos se encontraba el fondo para protección de periodistas y activistas
“La creación del INAI viene de una lucha ciudadana de décadas por transparentar el actuar gubernamental, porque rindan cuentas de sus actos, no se puede mostrar al país como un lugar donde se hace libre periodismo y por otro lado atacar a este órgano que sin duda tiene momentos cuestionables pero se tiene que fortalecer no desaparecer”, aclara el director.
Artículo 19 indica que la existencia del Inai se vuelve fundamental al observar una tendencia creciente en la opacidad del actual Gobierno federal, comprobable en el uso excesivo de mecanismos para negar el acceso a datos o documentos públicos, tales como la declaratoria de inexistencia de la información o la declaratoria de no competencia.
“La deuda del Estado con la prensa es enorme y vigente. Se tiene que prevenir, proteger, y en caso de ser víctima de agresión, hacer justicia y reparación del daño, para esto se necesita un mecanismo y política pública nacional. Además debe eliminarse la opacidad en la asignación de publicidad oficial, pues no tenemos claro cómo se asignan esos recursos, es como un premio o castigo dependiendo de los gobiernos en turno”, concluye.
